Axel Kicillof necesita cuanto antes que entre en vigencia la Ley Impositiva para iniciar el 2020 y negocia a contrarreloj con Juntos por el Cambio para que sea sancionada este viernes. Trabas políticas y económicas, y un nuevo esquema de poder en la oposición -con la ausencia de María Eugenia Vidal y el empoderamiento de intendentes macristas- son los factores de discusión en la previa del debate que se retomará al mediodía.
El Gobierno bonaerense tenía previsto sancionar este jueves las medidas que definirán los gravámenes e ingresos con los que deberá gestionar durante el año entrante, sin embargo el inicio de la sesión en el Senado se cayó por falta de acuerdo con la oposición. El kirchnerismo necesita de forma irrevocable el apoyo de Juntos Por el Cambio que cuenta con 26 de los 46 legisladores de la Cámara Alta.
Si bien Vidal había dado el visto bueno para que los senadores garanticen el quórum y el proyecto vaya camino a ser aprobado, desde Juntos Por el Cambio hicieron cuentas no solo del impacto de la ley, sino de su rol como oposición para condicionar la gobernabilidad de Kicillof. Con el vacío de poder que provocó la ausencia de la ex gobernadora partiendo a París a festejar el Año Nuevo con su nueva pareja, la presión de los intendentes del PRO hizo que el principio de acuerdo entre Vidal y el Ejecutivo bonaerense estallara en pedazos.
Entre las razones políticas de la suspensión de la sesión de ayer está la voluntad de tres intendentes macristas que empiezan a consolidar su propio peso dentro de la coalición y hasta el momento se niegan a cerrar el acuerdo: Julio Garro, Jorge Macri y Néstor Grindetti. Los jefes comunales de La Plata, Vicente López y Lanús son de los pocos con peso territorial que salieron fortalecidos al conservar sus distritos luego de la estrepitosa derrota electoral de Juntos Por el Cambio en la provincia y se oponen a allanarle el camino al Ejecutivo. En este caso se puede trazar un paralelismo con el pacto que logró Alberto Fernández con los tres gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) para alcanzar el quórum en el debate por la sanción de la Emergencia Económica en Nación. Con la ausencia de un claro liderazgo político en la oposición, empiezan a cobrar fuerza distintos nombres en el nuevo tablero de poder.
La rosca política bonaerense incluye la discusión por cargos en disputa, entre los que se destacan el de tesorero y subtesorero de la provincia, y la renovación parcial del Directorio del Banco Provincia. La aprobación de la suba de impuestos al campo, autos e inmuebles podría recibir el visto bueno de la oposición si el Frente de Todos cede esos espacios.
Al cierre de la jornada del jueves, continuaban las negociaciones para destrabar el tratamiento del paquete impositivo. Durante toda la tarde se mantuvieron reuniones entre el equipo del gobernador y los legisladores de la oposición; incluso por pedido expreso del propio Kicillof, el ministro de Hacienda Pablo López y el titular de ARBA, Cristian Girard fueron hasta la Cámara Baja para explicar los alcances de la iniciativa que prevé incrementar la suba en los ingresos fiscales de la provincia. Pasadas las 23, se aprobó la extensión del cuarto intermedio en ambas cámaras por lo que el Senado continuará el debate hoy a las 12, mientras que Diputados lo retomará a las 13.
La principal traba para el oficialismo está en la Cámara Baja donde Juntos Por el Cambio lo supera en número de bancas. Una vez que el proyecto sea enviado a Diputados, el Frente de Todos cuenta con mayor margen para darle la sanción definitiva a la iniciativa que Kicillof y su equipo esperan que entre en vigencia a partir del 1 de enero.
Por ello, desde el FdT en la Cámara Baja sostuvieron que “sin recursos no se puede atender la emergencia” sancionada recientemente en la Legislatura. Haciendo hincapié en que Buenos Aires “sufre consecuencias más severas que la Nación en todos sus indicadores sociales”, explicaron que “frente a los niveles de pobreza, indigencia, desempleo, recesión y desinversión en las áreas sociales más delicadas, se ha decidido realizar en la recaudación correcciones posibles, lógicas, equitativas y moderadas para el contexto presente de la provincia orientadas a los tributos patrimoniales de quienes más tienen. En ese sentido, los impuestos inmobiliarios se incrementarán en promedio en la misma medida o por debajo de la inflación del año 2019 y se reduce la carga sobre los que menos tienen en relación con los que más tienen. Claramente, los propietarios de menor tamaño pagarán menos que el año pasado en términos reales. De ese modo, y sin incrementar la carga impositiva promedio en términos reales se busca que contribuyan en mayor proporción los que más tienen”, argumentaron a través de un comunicado en el que agregaron que “el objetivo central es evitar el desfinanciamiento del Estado, que el gobierno anterior cubrió tomando deuda, una circunstancia insostenible por el nivel de obligaciones contraídas”.
Con 108 artículos y una copia del Pacto Fiscal que en total suman 150 páginas, el Ejecutivo provincial sorprendió enviando el proyecto el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, motivo por el cual desde la oposición sumaron otro argumento para postergar el debate ya que el total de los 138 miembros del cuerpo legislativo se encontraban dispersos en sus distritos festejando con sus familias cuando recibieron la notificación de la iniciativa. Luego de la primera leída, desde Juntos Por el Cambio calificaron el proyecto de Kicillof de “impuestazo” y centraron las críticas en el punto que incluye la suba de 75% en el impuesto inmobiliario rural para los grandes terratenientes.
Carlos Bianco, el jefe de Gabinete bonaerense, rápidamente salió a responder las críticas. Dijo que “el 75% de aumento afectará a un puñado de propietarios”, aclarando que “para la gran mayoría la suba es menor a la inflación”. “No sé dónde está el impuestazo, no lo encontré”.
A horas de retomar el debate en el Congreso bonaerense, se prevé que continúe el choque entre las dos principales fuerzas políticas: el Frente de Todos por la necesidad de Kicillof de sancionar la ley antes del 30 de diciembre y Juntos por el Cambio por el hecho de hacerse valer como oposición ante el vacío de poder que dejó Vidal.
Los principales puntos de la Ley Impositiva
Subas de entre 15% y 75% del impuesto inmobiliario para propiedades urbanas: La ley contempla una actualización de la valuación general inmobiliaria, con nuevos valores por metro cuadrado de superficie cubierta. Y una actualización del impuesto que va del 15% al 75%.
¿De cuánto será el aumento según el valor de la propiedad? De hasta 15% para inmuebles con valuación fiscal correspondiente a 2019 hasta $303.705; de hasta 35%, entre $303.705 y $498.021; de hasta 50%, entre $498.021 y $680.877; de hasta 75%, si la valuación fiscal es superior a $680.877.
¿Cuál será el incremento para la mayoría de las propiedades? Desde el Gobierno provincial indicaron que la mayoría de los contribuyentes, en particular los que poseen propiedades de menor valuación, afrontarán aumentos por debajo de la inflación. “El 86% de los contribuyentes afrontarán aumentos menores de $3.500 para todo el año”, explicó el ministro de Hacienda de la provincia Pablo López. Se trata de cerca de 3,8 millones de contribuyentes de los 4,5 millones que afrontan el impuesto.
¿Quiénes estarán exentos? Los propietarios que posean una única vivienda pequeña no pagarán el impuesto. Es para los casos de propiedades cuya valuación fiscal no supere los $273.600.
Subas de entre 15% y 75% para el impuesto inmobiliario rural: También se actualizarán las valuaciones inmobiliarias de las propiedades rurales y sobre los nuevos valores se aplicarán subas de entre 15% y 75%. “Se estableció un esquema de segmentación que beneficia a pequeños y medianos productores partiendo de un 15% para las propiedades de menor valor”, explicó López.
¿Cuánto será el aumento según la valuación de la propiedad? De 15% cuando las valuaciones de la tierra sea de hasta $260.870; de 35%, entre $260.870 y $816.075; de 55%, entre $816.075 y $3 millones; de 55%, más de $3 millones y cuando la superficie de la tierra sea inferior o igual a 2.000 hectáreas; de 75% cuando las valuaciones sean superiores a $3 millones y la superficie de la tierra de más de 2.000 hectáreas. El componente básico del impuesto Inmobiliario correspondiente a la tierra rural tendrá un importe mínimo de $1.034.
¿Cuántas propiedades pagarán la escala más alta? Según las autoridades provinciales, a más de la mitad de los propietarios rurales se les aplicará una actualización por debajo de la inflación 2019.
En qué casos habrá descuentos o exenciones: Se implementará una serie de exenciones a propiedades pequeñas de producción agropecuaria, en especial la tambera. Además, los contribuyentes del impuesto rural tendrán un descuento del 20% por el pago en una cuota.
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