Con nuevo economista jefe desde que su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, se tomó licencia para hacerse cargo de la AFIP, la Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE) sacó su primer informe desde que Alberto Fernández asumió la presidencia. El trabajo defiende abiertamente las decisiones adoptadas en las primeras semanas de gestión para “enfrentar la crítica situación económica y social heredada”.
“El espíritu de las nuevas medidas busca moderar la salida de divisas, pero también es consistente con el objetivo de promover una desdolarización de la economía. En ese sentido, se inscribe la decisión de eliminar impuestos a aquellas operaciones financieras que involucran instrumentos en pesos, como plazos fijos o títulos públicos”, aseguró la FIDE en el informe, editado por Nicolás Zeolla. Con la sanción de la ley de Emergencia Económica, el Gobierno garantizó “un conjunto de instrumentos y condiciones a partir del cual abordar la difícil situación macroeconómica y social heredada», afirma el trabajo.
Según FIDE, la nueva política de ingresos “debería generar una progresiva recomposición de la capacidad de gasto de los hogares, viabilizando una mejora en el consumo interno. La posibilidad de que el sector empresario pueda maximizar el impacto de esa mayor demanda en un contexto de elevada capacidad instalada ociosa está condicionada por la enorme asfixia financiera que enfrenta el sector”.
Elogio a la AFIP y al BCRA
En ese marco, añade el informe, se inscribe la moratoria de la AFIP que permitirá a las Pyme financiar deudas impositivas con quitas en los intereses acumulados y un período de gracia. “En igual sentido se orienta la decisión del BCRA de reducir la tasa de interés de referencia y recuperar el uso de mecanismos para impulsar el crédito productivo”, sostiene.
Por separado, FIDE asegura que las regulaciones instrumentadas en el mercado de cambios “resultan coherentes no sólo frente a la urgencia de mantener estables las principales variables macroeconómicas, sino también con el desafío de mediano plazo de la desdolarización, la industrialización y el desarrollo con equidad”.
En el plano fiscal, el documento sostiene que el camino que tomó el Gobierno es “no ser un factor contractivo adicional sobre la ya golpeada actividad económica» y que «el paquete de medidas y la política de aumento del gasto social inyectan un volumen significativo de recursos, pero a la vez se busca que se autofinancie cobrando impuestos en aquellos sectores con suficiente capacidad contributiva”.
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