Martín Sabbatella, el actual titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), volvió a declarar su inocencia de la acusación por presuntas irregularidades en la aplicación de la Ley de Medios sobre el grupo Clarín cuando estuvo al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El juez Ariel Lijo dará a conocer a las 12:30 su veredicto en el proceso en donde Sabbatella está acusado junto a otras siete personas, todos ex integrantes del directorio. “Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegomónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte el poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se busco una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley”, afirmó.
Y añadió: “Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todos y todos, de ser un militante político es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso”.
Otros de los acusados también hablaron. Uno de ellos –Ignacio Saavedra- acusó al fallecido juez Claudio Bonadio, mientras que otra de las abogadas técnicas del AFSCA – Lorena Di Filippo- planteó que la sospecha en su contra fue por haber dado celeridad a un trámite cumpliendo con su función.
La imputación es por un presunto abuso de autoridad en cómo el AFSCA le aplicó al Grupo Clarín la ley de servicios de comunicación audiovisual. El juicio comenzó en noviembre del pasado y el fiscal federal Eduardo Taiano dio por probada la acusación y pidió que Sabbatella sea condenado a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Por su parte, los abogados que actúa como querellante, pidieron que el ex funcionario sea condenado a dos años y una inhibición de cuatro para ejercer cargos.
El actual titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estuvo al frente de la AFSCA cuando se aplicó la ley de medios. Llegó a juicio acusado de haber planteado mayores exigencias a distintos grupos editoriales para que se adecue a la norma. Las partes trabaron una disputa y finalmente aquel gobierno hizo la adecuación de oficio.
Según la imputación del fiscal Taiano, el directorio de la AFSCA convocó a una reunión para tratar de manera urgente unos informes sobre la adecuación, que fue aprobada en octubre de 2014. La Fiscalía también señaló que la actuación de la AFSCA ocurrió mientras había una disputa entre el por entonces gobierno de Cristina Kirchner y ese grupo de medios. Sabbatella llegó a juicio bajo la acusación de haber actuado “abusando del cargo público que ocupaba como Presidente del Directorio del AFSCA ordenó y avaló el trámite diferencial y artibrario”.
El resto de los acusados son Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo. Para ellos la Fiscalía y la querella pidieron penas que van del año y medio a los ocho meses de cárcel. Por su parte, las defensas de los imputados rechazaron las acusaciones y pidieron las absoluciones de cada uno de los ex directivos.
Saabatella será el primer funcionario del nuevo gobierno nacional en afrontar un veredicto. Pero no será el único. Hoy otros en la misma situación del titular de la ACUMAR pero en la gran mayoría no tienen fecha de inicio de juicio.
El actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini –ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo–, y el funcionario del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, quien fue subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), están acusados en el caso de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. En dicha causa también están imputados Cristina Kirchner y el actual senador nacional Oscar Parrilli.
Por el expediente de “dólar futuro” además de la actual vicepresidenta están imputados el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, quién era presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y quien está ahora en ese cargo, Miguel Ángel Pesce. En ese mismo caso será juzgado el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
Aníbal Fernández, actual interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y ex jefe de Gabinete, tiene tres juicios. Uno por el Plan Qunita, en el que también están acusados el actual ministro y viceministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, respectivamente; por los fondos del programa “Fútbol para Todos”; y por la implementación de un programa de recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires.
En la misma situación se encuentra Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos que a principio de febrero volvió a la Aduana, organismo en el que ya había estado. Echegaray ya afrontó un juicio oral en el que en octubre pasado fue absuelto. Actualmente está siendo juzgado por el expediente “Oil Combustible” que comenzó en junio. Echegaray tiene otras tres causas elevadas a juicio: por la presunta autorización irregular para que ingrese al país un auto diplomático, por la contratación de un servicio de limpieza en AFIP, y por el encubrimiento del empresario Lázaro Báez.
Si bien no es funcionaria del Gobierno, Cristina Kirchner también afronta un proceso. Desde mayo está siendo juzgada por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió Báez. Además tiene cinco juicios pendientes: dólar futuro, memorándum con Irán, “Los Sauces” y “Hotesur”, que se tramitan juntos, y los llamados “cuadernos de la corrupción”. Ninguno tiene fecha de inicio de juicio.
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