En la Argentina anterior a la pandemia, todo parecía atado a lo que ocurriera con la negociación de la deuda. Alberto Fernández planteó desde el primer día de gestión e incluso desde antes que de ese desenlace dependía realmente todo: la presentación en sociedad del plan económico, el Presupuesto, la vida productiva del país. Pero primero más bien subestimado y después advertido en su gravedad, el coronavirus se adueñó de la realidad. Los efectos de la crisis asoman dramáticamente. Y en momentos en que de manera muy gradual empieza a ser abierta la cuarentena, vuelve a inquietar la pulseada con los acreedores. Son datos objetivos para un desafío propio: jugar con la extensión de los tiempos en la pulseada por la deuda podría agudizar la parálisis económica.
En medios oficiales se evaluaban ayer las primeras reacciones de los mercados luego del anuncio del Gobierno. Señales ambiguas, en rigor, porque lo que viene será intenso. La propuesta formalizada ayer mismo ante la Comisión de Valores de Estados Unidos será desmenuzada por los grandes tenedores de bonos, que ya contaban con datos amplios por vías formales e informales, y comenzará la etapa decisiva de la disputa. Tres semanas, según la posición argentina, aunque con un agregado.
Ese proceso suma un elemento que potencia las expectativas, según se descuenta en medios financieros y también en el circuito político. No serían cancelados unos 500 millones de dólares en bonos, con vencimiento a mitad de la semana próxima, y eso mecánicamente daría treinta días de mora o de gracia para la definición que importa: si el país entra o no en default. Podría entonces ser extendida la incertidumbre hasta el 22 de mayo. Las versiones y operaciones reconocen ese límite, más allá de pronósticos variados que ven abierto o nada allanado el camino para un acuerdo.
Como sea, las que vienen serían cuatro semanas intensas donde los gestos de política interna pesan naturalmente en el tablero local aunque suelen tener escaso efecto hacia fuera. Y pesan desde el punto de vista político, pero difícilmente condicionen las conductas de los jugadores de la economía.
El Presidente garantizó, con algún diálogo personal y gestión activa del ministro Eduardo Wado de Pedro, la asistencia de la mayoría de los gobernadores al encuentro del jueves en Olivos, breve en versión pública, para anunciar los lineamientos de la propuesta de Reestructuración de la Deuda Externa Pública. Estuvo sentado en el centro, junto a Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño viene compartiendo imágenes con el Presidente, en los anuncios más importantes de medidas frente a la pandemia. En cambio, CFK apareció ahora para el anuncio sobre la deuda. Ya había hecho notar su figura en otro tema, el del proyecto de impuesto a grandes patrimonios, colocando su sello con un pedido a la Corte para sesionar virtualmente.
El dato del respaldo político amplio repitió en su sentido la aprobación casi unánime a la ley de Restauración de Sostenibilidad de la deuda pública externa. La idea de mostrar volumen político asoma de algún modo como condición necesaria en estos caso: negociar con un frente interno dividido sería una carga, un mensaje de debilidad. El apoyo político amplio evita ofrecer ese flanco. La cita siguiente a la de los gobernadores –más razonable desde el punto de vista sanitario– se produjo ayer por videoconferencia: reunió de manera virtual a jefes de bloque de la oposición y aliados. Pareció un gesto para amortiguar reclamos opositores de diálogo y políticas consensuadas frente a la crisis, junto a la demanda de funcionamiento pleno del Congreso y de la Justicia.
El interrogante es si el Gobierno modificará al menos en parte su lógica sobre el condicionante de la deuda. Por ejemplo, si avanzará con la definición de lineamientos económicos que superen la pobre y elemental descripción hecha en el documento para difundir los ejes de la propuesta de reestructuración de la deuda. Tres de sus quince páginas o imágenes están dedicadas a decir qué podría hacerse con el potencial ahorro del pago de deuda en los tres años de gracia: fabricar miles de respiradores, sostener millones de Asignaciones Universales por Hijo o millones de tarjetas Alimentar, multiplicar la asistencia del Ingreso Familiar de Emergencia. Propaganda elemental, sin mención de objetivos o programa.
El problema, además de la falta de señales al menos de mediano plazo, es la superposición y los alcances de dos criterios de excepcionalidad: primero, la declaración de la Emergencia económica (y en otros rubros de gestión) y después las medidas de aislamiento por el coronavirus, con el impacto profundo medido en caída de la economía.
La contradicción o el muy difícil desafío está a la vista: por un lado, el lento recorrido que se empieza a ensayar para ir reabriendo actividades, y por el otro, en sentido contrario, el repuesto estado de expectativa e incertidumbre en la renegociación de la deuda. El riesgo para el Gobierno es estirar el manejo de los tiempos de la pulseada con acreedores. Frenaría el más tenue sentido de flexibilización o apertura administrada de la cuarentena. Sería algo así como una doble parálisis.
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