Previo a la sesión de este jueves por la tarde en el Senado, la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti ordenó que suspenda la revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que están siendo objetados por presuntas irregularidades y que el Poder Ejecutivo envió a la cámara alta.
Por eso, cuando comenzó el debate en el recinto los senadores del Frente de Todos aprovecharon para plantear una cuestión de privilegio anticipando que ignorarán esta decisión y que igualmente girarán los pliegos a la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la camporista Anabal Fernández Sagasti.
El encargado fue Mario Pais, quien en su discurso atacó a la magistrada que tomó la decisión: “Quería expresar la gravedad institucional de este tamaño abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza. Como medida cautelar impedir que funcione en ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es el de analizar acuerdos a los magistrados y funcionarios; constituye directamente un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución, del sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores, conforme surge del artículo 22 de la Constitución”, comenzó el chubutense.
Y continuó: “Esta jueza, seguramente, está incurriendo en uno abuso de poder y acredita un desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y, además, fundamentalmente, de los vastos precedentes que existen a nivel jurisprudencial emanadas de nuestros tribunales nacionales y de la Corte Suprema Justicia de la Nación”.
Luego, Pais intentó respaldar sus dichos citando el reglamento y la Constitución: “Es el propio Senado el que debe verificar cuál es el trámite y procedimiento que le da al mensaje de Poder Ejecutivo. Después, esa jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control difuso de constitucionalidad, podrá verificar si este Senado violó o no la Constitución. Pero impedirle en forma preventiva que ejerza en plenitud sus potestades es de tamaña gravedad institucional, que no admite otra cosa que, primero, un repudio y, segundo, la urgente remisión de esta cuestión de privilegio a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
En el final de su discurso, el senador anticipó que el Frente de Todos ignoraría la decisión judicial y que avanzarían de todos modos con el plan del Gobierno para remover a los jueces: “No debemos acatar una orden ilegítima e inconstitucional que configura un claro exceso y abuso de poder, y que violenta y vulnera las prerrogativas que la Constitución le fija a este cuerpo”.
“Por eso, entiendo que es del todo pertinente y que la gravedad institucional que constituye esta decisión que tiene por finalidad impedir que este Congreso ejerza las potestades que le manda y le atribuye la Constitución, debe ser rechazada de plano, ignorada y, sí, denunciada como un alzamiento contra la Constitución, como un exceso jurisdiccional y como una muestra clara de que dicha magistrada incurrió en una arbitrariedad manifiesta, extrema, con desconocimiento burdo del Derecho”, completó.
El fallo
“Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación – como medida interina – suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, sostiene la resolución judicial de Biotti a la que accedió Infobae.
Lo que está en discusión es la situación de 10 jueces cuyos traslados, realizados mayoritariamente durante el gobierno de Mauricio Macri, son objetados por el oficialismo. El Consejo de la Magistratura de la Nación emitió una resolución en la que sostuvo que esos traslados tuvieron diversas irregularidades. Una en común a todos es que no pasaron por el Senado de la Nación para su aprobación final.
El Consejo envió su resolución al Poder Ejecutivo que la remitió al Senado para que apruebe o no esos traslados. El oficialismo tiene los votos para imponer cualquier decisión. En el caso que no avale todos o algunos de los traslados, los jueces deberán volver al tribunal en el que estaban.
Bruglia y Bertuzzi presentaron un amparo en el que sostuvieron que sus traslados se hicieron de manera legal, con la normativa vigente al momento, que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser revisados por un juez.
