El discurso de combate al crimen normalizó a los militares en las calles, una situación acentuada en los tres últimos sexenios. Y al mismo tiempo que se acumulan cientos de miles de víctimas por asesinato o desaparición, se congregó el puñado de aquellos que amasaron una fortuna gracias al conflicto: los mercaderes de la guerra.
La periodista Peniley Ramírez hizo una revisión de los empresarios y sus vínculos con la élite política, tomando como eje a Genero García Luna, artífice de la llamada guerra contra el narco que, en su cruzada con Felipe Calderón, dejó más de 130,000 personas asesinadas y alrededor de 26,000 desaparecidos.
Así como están llenas las fosas clandestinas de cadáveres o los hospitales forenses desbordados, también aumentaron las cuentas bancarias de quienes recibieron jugosos contratos del gobierno para, presuntamente, mitigar la violencia; algo que cabe resaltar, no se ha logrado. A decir de la reportera, se trata de dos combates en paralelo.
Por un lado, aquella disputa librada a balazos con la población en medio de la refriega; y por otra parte, a golpe de convenios en las oficinas, desde donde se autoriza la adquisición de equipo de inteligencia y armamento a gigantes de la industria bélica, tales como Verint, Elbit Systems, Nice y Rafael. En México, algunos beneficiados fueron Suzumo Azano, Gustavo Cárdenas y Jaime Camil, quienes vendieron desde uniformes, pistolas y hasta drones.
En “Los Millonarios de la guerra: El expediente inédito de García Luna y sus socios” (Penguin Random House, 2020), Peniley Ramírez trazó la ruta para entender cómo fue que un funcionario de Seguridad aspirante a James Bond, se convirtió en millonario y ahora está tras las rejas por, presuntamente, colaborar con los capos a quienes decía combatir.
Además, la reportera apunta a que la estrategia militarizada del orden público que acompañó García Luna, no murió con el sexenio calderonista, sino que se convirtió en un paradigma continuado con Enrique Peña Nieto y está adecuado al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En términos generales, grandes compañías de Israel y Estados Unidos han vendido equipo a dependencias mexicanas para monitorear, grabar, localizar, interceptar e intervenir telecomunicaciones, bajo el argumento de la seguridad modernizada que se basa en el análisis, la planeación y la inteligencia.
Sin embargo, tanto en el sexenio de Calderón, el de Peña Nieto, así como el actual, la opacidad de esas contrataciones ha permitido pagar un sobrecosto por los servicios y beneficiar al amigo empresario, sin siquiera justificar la utilidad del equipo ni su alcance. Pues se antepone el pretexto de riesgos a la Seguridad Nacional. Aunado a que esa infraestructura millonaria puede destinarse a caprichos de espionaje político.
Un ejemplo de ello fue “el búnker” de la Policía Federal, para el que se contrató tecnología de NiceTrak, de acuerdo con investigaciones de Peniley Ramírez y R3D. El proveedor fue el gigante tecnológico israelí Nice Systems Ltd. Según cotizaciones consultadas por la periodista, el precio de ese equipo no superaba los USD 10 millones, pero fueron negociadas contrataciones por 69 millones de dólares.
Los tres convenios (C1,C2,C3) fueron firmados vía adjudicación directa, entre el 29 de enero y el 25 de febrero de 2009, sin justificación documental para ello, pues su compra se consideró de “alta prioridad”. Las autoridades además, omitieron que el representante de la empresa en México era Samuel Weinberg López, amigo de García Luna y a quien conocía desde 1994.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó problemas graves de operación en 2011, encontró que no se habían instalado tres sistemas como correspondía en los contratos, sino uno solo. De 151 puertos de acceso para rastrear información y celulares, únicamente había 47, pese a que los registros de la Secretaría de Seguridad daban por cumplido el convenio con Nice.
El resto de los componentes se reportaron como perdidos, pero Peniley Ramírez revela en su libro que equipos idénticos fueron a dar a una empresa instalada en Polanco, operada por los Weinberg y de nombre ICIT. Otras fuentes con conocimiento del caso revelaron a la reportera que eran los mismos equipos.
Luego de su constitución en mayo de 2011, esa consultora formó parte del “Proyecto secreto” de García Luna, auténtico dueño de la empresa que puso a sus allegados a trabajar en ella junto con personal de la propia Secretaría de Seguridad; tal como prueban las entrevistas y verificación de documentos realizadas por la periodista.
Según un documento de ventas filtrado en WikiLeaks, NiceTrack Location Tracking “transforma datos de localización en inteligencia crítica para misiones […] maneja volúmenes masivos de datos de suscriptores y entrega ubicaciones confiables y precisas en tiempo real”, como apuntó R3D. A su vez, el programa define perímetros geográficos que alertan sobre la persona vigilada, también crea perfiles de patrones rutinarios que notifican comportamientos inusuales.
El 27 de diciembre del año pasado, en la conferencia matutina de López Obrador, Santiago Nieto Castillo dijo que los Weinberg vendieron un software que después usó GLAC, consultora de García Luna.
Tras ganar contratos con Calderón, los Weinberg comenzaron a adquirir lujosas residencias en Miami, detalla Peniley Ramírez en su más reciente investigación. En perspectiva, esas propiedades pertenecen a García Luna, aunque el ex funcionario haya dicho que sólo se alojó en una mansión, usó un yate prestado y estuvo rentando un penthouse de sus amigos, cuando no hay pruebas de su alquiler.
“El panorama de los millonarios de la guerra no es local, sino funciona en varios niveles, el nivel de García Luna y los socios es el más bajo de la cadena y el más alto son los grandes contratos internacionales de estos proveedores de Israel y Estados Unidos.
“En medio de eso hay un esquema de comisiones que es legal, lo que plantea mi libro es hasta qué punto se puede pervertir ese esquema para pagar lo que no valen los contratos, pagar lo que no valen los equipos, o poner pólizas de garantía y mantenimiento sumamente altas; o peor, que los equipos no se entreguen, no existan. Eso sobrepasa cualquier trabajo regular que ocurre alrededor de la venta de estos equipos en el mundo”, señaló la periodista a Infobae México.
Sin embargo, los mercaderes de la guerra no dejaron de ganar cuando el ex secretario de Seguridad terminó sus funciones, pues el reporte de R3D señala a otra empresa: Nunvav. Ésta fue constituida en Panamá en 2005 (tal como aclaró un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción) y su presidente era Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, hijo de Samuel Weinberg.
“El negocio de Nunvav se extendió hasta la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En noviembre de 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (SEIDO-PGR) suscribió un contrato por más de 2.7 millones de pesos para el mantenimiento del sistema LAGUNA (PGR/AD/CN/SERV/160/2013)” refirió el informe de R3D.
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que a partir de 2011, esa empresa obtuvo transferencias de hasta 125 millones de pesos hacia Panamá por contratos con dependencias federales en el gobierno de Peña Nieto. Mediante una triangulación de efectivo, el dinero llegó a la empresa de García Luna.
“No solamente se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante es que hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna; es decir, la pregunta es: ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?”, indicó.
El titular de la UIF agregó que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre del 2019 por esos hechos y fueron congeladas las cuentas del ex secretario de Seguridad, como las de sus allegados, los Weinberg. Además, detalló que con el esquema corrupto en el gobierno de Peña Nieto, hubo pagos multimillonarios a países de Asia, EEUU y el Caribe.
“Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos entre otros espacios a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios”, aseveró.
Otra estrategia del gobierno peñanietista fueron los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi). Estos también justificaron la adquisición de equipo tecnológico para la vigilancia contra el crimen. La implementación fue anunciada en 2015 y, así como el centro en la Ciudad de México, otras cinco operan en Iguala, Guerrero, Coatzacoalcos, Veracruz, Escobedo, Nuevo León, Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima.
De acuerdo con el gobierno de la república, los Cerfis se enlazan a bases de datos federales, para que sean consultadas por autoridades estatales. A su vez, las administraciones locales pueden compartir sus hallazgos y compararlos en tiempo real con información de otros lugares en el país.
Una suerte de big data coordinada con información del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, las Secretarías de la Defensa y Marina Armada, así como la Fiscalía General de la República. Todos estos centros están en instalaciones militares. Presuntamente, en esas unidades se utiliza el software Nice, clasificado su funcionamiento bajo excusa de la Seguridad Nacional.
“Con el pretexto de la Seguridad Nacional se ha ganado, primero, el hecho de que se pueda adjudicar a quien te dé la gana, incluido tus amigos que te dejan vivir gratis en su residencia de tres millones de dólares; o para no tener que rendir cuentas sobre cómo se firmó ese contrato, cuánto costó, cómo decidiste dárselo a esa persona, cómo decidiste que ese era el mejor equipo para eso que tu necesitabas hacer.
“Se toman malas decisiones hasta el extremo de corruptas y después es muy difícil que alguien te pida cuentas, porque todo está sellado. El libro trata de que cómo es importante que esa información sea pública, porque de lo contrario, no podemos hacer ese tipo de revisiones”, criticó la periodista.
Tal como pretendía García con Luna con “el búnker” de la Policía Federal, su idea se expandió en regiones por el gobierno de Peña Nieto y, con López Obrador, fue anunciada la operación de otro Cerfi en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, fue quien dio la noticia el 10 de enero de este 2020, durante la conferencia matutina del presidente en la entidad norteña.
Pero, tanta infraestructura y derroche en contratos no ha disminuido los índices de violencia que vive el país. La periodista señaló a este medio que cada caso resuelto por la implementación de los Cerfis en el sexenio anterior, costó entre 20 millones de pesos actuales, algo increíble en términos de gasto. Además, en su sexto informe, el presidente Peña Nieto no detalló cuales fueron los objetivos solucionados.
“Cada caso resuelto costaba 10 millones de dólares, ni en el país más rico del mundo. Yo le mandé un cuestionario durísimo a Osorio Chong sobre los Cerfis y silencio absoluto, ni una palabra”, destacó la egresada de la Universidad Veracruzana.
Actualmente, siguen ganando los empresarios con el discurso de la guerra. Por ello, Peniley Ramírez habla del paradigma García Luna en la seguridad pública, porque así como en el gobierno de Calderón o Peña Nieto, con AMLO continúa la narrativa de la modernización policial y el éxito se mide en decomisos, arrestos, así como en cantidad de personas privadas de la libertad.
Aunado a ello, se ha incrementado el presupuesto a las dependencias castrenses, cuya presencia se ha expandido con la llegada de López Obrador, al punto de lo que algunos analistas han definido como proceso de militarización. La creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, requiere de infraestructura operativa como de armamento, algo que posibilita contratos a más mercaderes de la guerra.
Para 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá su mayor presupuesto en la historia: 112 mil 557 millones de pesos, es decir, 18 mil 528 millones más que lo otorgado en este año; algo que se ha calificado como “consentir” a los castrenses. Entre 2019 y lo que va de 2020, a esta dependencia se le han entregado 50 contratos por adjudicación directa en montos superiores a los 2 mil 481 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de la revista Proceso.
“Sigue existiendo una industria pseudo bélica en México que gira alrededor de esta estrategia y que pasa no solamente por tratos corruptos con delincuentes, sino por muchos negocios legales, como el hecho de que haya tantas empresas de seguridad pública, tantas consultoras de seguridad, tantos contratos, también para gobiernos estatales, porque esto no es un asunto solamente del gobierno federal.
“Y tanta gente que sigue viviendo, literalmente, de esta estrategia y que sigue ganando millonarios y cuantiosos contratos con los gobiernos con este discurso de la pacificación”, añadió la reportera de Univisión.
Para su investigación, la periodista requirió de ocho años y consultó más de 17 mil páginas de documentos. Durante ese tiempo, accedió a fuentes inéditas, como el general Roberto Aguilera Olivera, quien fuera director del Centro de Inteligencia Antinarcóticos de la Secretaria de la Defensa Nacional con Vicente Fox.
El militar revela cómo habría sido, por ejemplo, el primer nexo entre García Luna con Joaquín, El Chapo Guzmán, luego de que éste se fugó del penal de Puente Grande en Jalisco en 2001. Por otra parte, se da cuenta de las cuatro investigaciones oficiales que pudieron dar luz a Calderón sobre quién era su elegido como Secretario de Seguridad. Además de las indagatorias del gobierno de EEUU.
Peniley Ramírez también encontró cuales fueron los siete decomisos de cocaína relacionados con el ex funcionario, por los que la Fiscalía estadounidense lo acusa de colaborar con cárteles de la droga. En paralelo, la periodista construyó el seguimiento a las propiedades de García Luna, para observar la evolución de su patrimonio: de un apartamento de 103 metros cuadrados pagada a crédito a una mansión en Miami. En todo ello, fue fundamental su esposa Linda Cristina Pereyra, también agente del Cisen.
Pero sobre todo, se exhibe quienes son aquellos que han ganado poder y fortuna, mientras millones han perdido todo.
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