La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) clasificó como confidencial por tiempo indefinido el expediente del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, pues argumentó que el conjunto de documentos incluye datos personales.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Dirección General de Archivo e Historia determinó que cualquier pronunciamiento sobre una persona identificada o identificable es confidencial.
A su vez, apeló al artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual se menciona la reserva sobre datos personales, así como información sensible que pueda afectar al ciudadano en caso de difundirse. De modo que el sujeto obligado, es decir, la Sedena, debería tener consentimiento de los titulares de la información para omitir el carácter de confidencialidad.
En opinión técnica de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, el caso está “en la frontera”, porque la figura del expediente puede contener un conglomerado de informes, como el seguro de gastos médicos mayores, domicilio u otras referencias protegidas por Ley. Aunque también incluiría datos de posible acceso público como los nombramientos y el curriculum.
Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Sedena, fue centro de la polémica tras ser arrestado por cargos de narcotráfico en EEUU y después devuelto mediante gestiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora su caso se ha convertido en un desafío a la procuración de Justicia mexicana, pues entre menos información se ofrezca, se alentará la percepción de impunidad, según consideró Mario de la Garza Marroquín, abogado por la Escuela Libre de Derecho.
El interés de periodistas y ciudadanos por un alto perfil de la vida pública como el general Cienfuegos resaltó con mayor fuerza desde su detención en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, el 15 de octubre pasado.
Filtraciones, fuentes anónimas y un manejo estratégico de la información abundaron para responder ante una noticia que tomó por sorpresa al gobierno mexicano mismo.
La nota diplomática donde la administración de López Obrador manifestó extrañeza por no haber recibido información de un aliado llegó hasta el 28 de octubre; y luego de una reunión, dos días antes, entre Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Christopher Landau, embajador de EEUU en México.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud del Folio 0000500232720, la Dirección General para América del Norte, que depende de la Cancillería, ordenó reservar la nota por cinco años el 25 de noviembre pasado.
El 21 de diciembre reciente y en un acto de magnanimidad, López Obrador ordenó levantar tal reserva, para la cual se había justificado un posible daño a las relaciones bilaterales, particularmente, en el contexto de cambio de administración en EEUU.
“Yo creo que en esta semana se da a conocer la nota diplomática que se envió y yo espero que pronto ya la fiscalía informe y resuelva sobre este tema”, dijo el presidente, pues había instruido a Marcelo Ebrard para no mantener el caso bajo reserva.
Minutos después, Roberto Velasco Álvarez, director para América del Norte, publicó el documento en su cuenta de Twitter. Un mes después de la respuesta y luego de haber llamado a Joe Biden, el gobierno de AMLO decidió ser transparente con una cuartilla sin mayores detalles adicionales a lo que ya era conocido.
Eduardo Bohórquez comentó que tanto la Cancillería como la Sedena están en un umbral de menor transparencia en temas de acceso a la información pública, debido a que se pueden justificar razones de Seguridad Nacional o cooperación bilateral.
Apuntó que en el caso de Cienfuegos es la Fiscalía General de la República la dependencia con mayor obligación de informar sobre las acciones del Estado, pues ya se ha reportado que hay un proceso judicial en curso contra quien fuera jefe del Ejército y quedó exhibido por su presunta conducta criminal con cárteles de la droga.
Siempre y cuando sea protegida la presunción de inocencia y la investigación del Ministerio Público, de tal modo que la defensa del general no sea alertada sobre cómo se está integrando la Carpeta.
“Quien está obligada a informar oportunamente del caso es la Fiscalía General de la República. Pero es una dependencia a la que le ha costado mucho trabajo entender que, aún cuando una parte de los procesos judiciales están protegidas, otra es completamente abierta.
“Todos los procesos penales son abiertos al público sin importar de quién se trate. Todas las audiencias y aquello que se desahogue en estas últimas debe ser público”, mencionó en entrevista con Infobae México el maestro en Estudios del Desarrollo por la universidad de Cambridge.
El profesor universitario agregó que las Fuerzas Armadas son poco accesibles a proporcionar datos, no solo en México sino en el resto del mundo. De ahí que su relación entre órganos garantes de transparencia ha sido de tensión constante, debido a litigios, recursos de revisión y mediaciones para abrir la información.
“Es tirante porque es una institución que no estaba acostumbrada a mayor escrutinio público y social, e interpretaba que toda la información a su resguardo es materia de Seguridad Nacional”.
“Se trata de una institución que por definición se resiste a la transparencia, pero creo que en esa resistencia, a veces se abusa de la clasificación confidencial para asuntos que no tendrían ningún daño público si se conocieran”, indicó Bohórquez, quien reconoció un avance paulatino en algunos temas.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, se han realizado 70 solicitudes a la Federación de 2010 a 2020, en cuyas peticiones se involucra a Salvador Cienfuegos Zepeda, ya sea por la institución que dirigía o por conocer su perfil administrativo.
De esas solicitudes, 48 han sido hacia la Sedena, 4 a Gobernación, 3 a la Marina, 2 al Banco del Ejército, la Secretaría de Educación, Derechos Humanos y Oficina de la Presidencia. El resto, con una por dependencia, fueron para el Archivo General de la Nación, la Cancillería, Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la FGR, el SAT y el Consejo de la Judicatura.
Fue a partir de 2014 cuando hubo mayor interés por solicitar datos en que el ex titular de la Sedena estuviese relacionado. Ese año se realizaron 9 peticiones, mismo número que en este 2020. Sin embargo, sobre la institución que encabezaba fueron dirigidas 14 solicitudes tan solo en 2015 y 2016, mientras que para el año en curso van 5 en esa área.
Durante ese tiempo, los ciudadanos han preguntado sobre planes contra sus aptitudes psicológicas, educativas, así como cargos desempeñados. Aunque también destacan los cuestionamientos referentes a violaciones de Derechos Humanos.
Por ejemplo, del 1 de enero de 2012 al 14 de mayo del 2018, la Sedena recibió 2,986 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abusos presuntamente cometidos por miembros del Ejército y la Fuerza Aérea. Pero solo se emitieron 15 recomendaciones entre el 31 de diciembre de 2012 al 14 de mayo del 2018, periodo en que Cienfuegos estaba al frente de la institución castrense.
Aunque la mayoría de las solicitudes han recibido respuestas poco satisfactorias, cabe mencionar que el escrutinio sobre el funcionario no ha sido menor.
En EEUU, los fiscales argumentaron que las acusaciones al ex titular de la Sedena por distribuir y enviar cocaína, marihuana y metanfetamina, tenían bases sólidas y al menos, 700 páginas en que se detallaba la evidencia; incluidas intercepción a comunicaciones con el Cártel H-2, facción de los Beltrán Leyva.
Queda por ver si la FGR integra un caso sólido e informa durante el proceso. Por lo pronto, Salvador Cienfuegos Zepeda lleva un mes y cinco días libre, tras ser deportado el pasado 18 de noviembre en un vuelo de lujo.
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