Pese al desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional y de la oposición venezolana, el pasado 6 de enero el chavismo tomó el control de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela tras los comicios fraudulentos de diciembre. Desde entonces, el órgano legislativo ha anunciado una serie de medidas que acentúan aún más la persecución contra la oposición. Este miércoles circuló en redes sociales un audio en el que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ordena despedir a todos los trabajadores que fueron contratados durante la gestión de Juan Guaidó al frente de la AN.
“No es una cosa de retaliación, no es una cosa de venganza, porque no nos anima ese sentimiento. Es una cosa de seguridad, de justicia. Todos esos que metió Guaidó, Borges y Barboza van para afuera, botados todos. Toda esa gente que fue contratada para hacerle la corte a Juan Guaidó, los botan a todos”, manifestó el funcionario chavista, ex ministro de Comunicación de la dictadura de Nicolás Maduro.
“Lo primero que tenemos que hacer de inmediato es defender el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos elaborando una propuesta para que ustedes noten una mejoría en los salarios, y en el ingreso. Hemos logrado que los trabajadores y las trabajadoras de la Asamblea Nacional reciban la misma prerrogativa, la misma atención, el mismo trato, que reciben los trabajadores de PDVSA”, agregó.
Este audio, divulgado por el periodista venezolano Jesús Medina Ezaine, fue filtado luego de que la comisión del Parlamento venezolano que investiga los delitos que presuntamente cometieron los opositores que dirigieron en los últimos cinco años el Legislativo, encabezado por Guaidó, exhortó el a la Fiscalía chavista a emitir órdenes de arresto contra los “ex diputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos”.
“Hemos exhortado al Ministerio Público (Fiscalía) que se liberen órdenes de captura para aquellos ex diputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos contra el país”, dijo el vicepresidente de la comisión, el oficialista Hugbel Roa.
La Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por los legisladores electos en 2015, la mayoría de ellos opositores, y que concluyó su mandato el pasado 5 de enero, fue instalada este mismo martes, si bien la mayoría de la prensa no tuvo acceso a su primera sesión.
Roa también explicó que han exhortado al poder judicial “a que actúe sobre todos aquellos agentes, tanto económicos como personas, que están utilizando la estructura de la Asamblea Nacional saliente para seguir dañando al pueblo venezolano”.
Los diputados de la cámara fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre a los que no acudió gran parte de la oposición por considerarlos fraudulentos.
En las legislativas, también desconocidas por gran parte de la comunidad internacional por falta de garantías democráticas, el chavismo obtuvo el 92% de los diputados de la AN, de acuerdo a los datos anunciados por la justicia electoral -afín al régimen de Maduro-.
Tras expirar el periodo de la AN, que presidía Guaidó, el líder opositor instaló una cámara continuista conformada por decenas de diputados elegidos en 2015 que no aspiraron a un nuevo mandato en diciembre de 2020. Lo hizo apelando a una “continuidad administrativa”, una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones.
Aseguró que funcionarán bajo la figura de la comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20% del pleno.
Sin hacer referencia a estos ex parlamentarios que integran la comisión delegada de manera directa, Roa dijo que hay “ex diputados que siguen (…) cometiendo flagrancia continuada”.
Por ello, “y tal y como tipifica el código penal, se le aplique la ley, por lo cual en estos momentos se realicen las distintas prohibiciones del país para que puedan comparecer y presentarse ante los tribunales”.
Con información de EFE
Seguir leyendo:
La ONU suspendió el programa humanitario en Venezuela tras los ataques del régimen contra las ONG