Túnez, 2 abr (EFE).- La sociedad civil tunecina denuncia el arresto en los últimos meses de cerca de 2.000 jóvenes, incluidos numerosos menores, tras participar en las protestas para reclamar mejores condiciones de vida, detención que ha puesto en el punto de mira las prácticas y abusos de las fuerzas de seguridad y que consideran una herencia del antiguo régimen que no termina de desaparecer.
Organizaciones de derechos humanos denuncian una «depredación del Estado policial», defienden que no son casos aislados como pretenden las autoridades y apuntan como principal responsable al jefe de Gobierno y ministro de Interior interino, Hichem Mechichi, al que acusan de dar carta blanca a las fuerzas de seguridad.
Ejemplos como lo ocurrido el pasado 7 de marzo cuando tres jóvenes que habían participado en una manifestación contra la violencia policial recibieron a altas horas de la noche la visita de agente de paisano y de cuatro vehículos policiales.
Sin acceso a un abogado, como recoge la ley, y sin poder informar a sus familias, fueron trasladados al centro de detención de Bouchoucha, en la capital, donde permanecieron 48 horas.
«Ese día nos manifestamos por la liberación de los detenidos y de pronto también lo estábamos. Incluso en comisaría un policía me preguntó por qué estaba allí y no supe qué responder», recuerda a Efe Mehdi Barhoumi, uno de los activistas, que todavía hoy espera juicio por cargos que desconoce.
Moundher Samoudi, de 25 años y miembro de la ONG «Cartografía Ciudadana», tampoco entiende como una reunión de amigos pudo acabar así.
«Debatíamos la situación en el país, ¿nos oyeron por la terraza mientras hablábamos? Primero nos acusaron de insultar a la policía y después de haberle tirado una botella de plástico», declara.
LEYES E IMPUNIDAD POLICIAL
Detrás de estas y otras detenciones está el artículo 125 del Código Penal que castiga hasta con un año de cárcel y 120 dinares de multa (40 euros) a quien ofenda o amenace a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
En esta campaña represiva, los miembros de la comunidad LGBT aseguran sentirse más que nunca en el punto de mira de los sindicatos policiales.
«Nos siguen por la calle, van a nuestras casas e intimidan a nuestras familias, llaman a los propietarios de nuestros apartamentos para presionarles y que nos echen e incluso acuden a los cafés o bares que solemos frecuentar para intimidarles. Tratan de aislarnos», denuncia el presidente de la ONG «Damj», en defensa de los derechos de las minorías sexuales, Bader Baabou.
Semanas antes, el local de esta organización, cuya dirección se mantiene en secreto por motivos de seguridad, recibió la visita de un policía en civil que trató de registrar sus oficinas sin autorización judicial y amenazó a uno de sus miembros.
«Antes sabíamos que estábamos en una dictadura y conocíamos a nuestros enemigos. Ahora no es tan visible, son electrones libres y no sabemos qué les hace actuar de esta manera», explica.
«La comunidad LGBT ha sido uno de los organizadores de las últimas protestas y logrado una gran visibilidad por lo que la policía trata de desacreditar el movimiento y nosotros somos el talón de Aquiles», destaca Badou.
HERENCIA DE LA DICTADURA
Una opinión compartida por la directora de la ONG «International Alert», Olfa Lamloum, que lo considera un intento por «romper la solidaridad en las luchas sociales», cree que es herencia del antiguo régimen y opina que la decena de Ejecutivos que se han sucedido se han limitado a reproducir las mismas políticas.
«En ausencia de toda política social, de una alternativa política y una solución para terminar con un problema estructural como es el paro juvenil, todos los gobiernos hacen lo mismo: responder a través de la represión, arrestos y criminalización de las protestas», analiza.
Según un reciente estudio sobre la violencia institucional realizado por este organismo en barrios populares de diferentes regiones del país, el 17% de sus habitantes entre 18 y 34 años afirman haber sido detenidos al menos una vez durante el último año.
Lamloum subraya, además, que desde el comienzo de la transición democrática no ha habido ni un solo juicio en el que los policías hayan sido sancionados por ello.
«Enfrentarse a las reivindicaciones con políticas de seguridad no puede en ningún caso absorber esta rabia, sólo la radicaliza. Van a continuar porque no les dejan ningún espacio para soñar, vivir dignamente o expresarse», afirma.
La decepción de diez años de promesas, una pandemia que ha fragilizado aún más a las clases populares y una política pública basada exclusivamente en la represión policial no podrán frenar a una generación que ya no siente como suyo este país, concluye.
Natalia Roman Morte
