El ministro de Justicia, Martín Soria, fue el primer funcionario del gobierno nacional en expresar la posición oficial respecto al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
“El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, indicó en las redes sociales. El funcionario apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y el sector político que le responde.
En esa línea, expresó que “una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales” y aseguró: “Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política”.
Además, sostuvo que “la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”, en referencia al impacto que puede generar la circulación de los docentes, alumnos y padres en el medio del aumento de casos que se registran en el AMBA por la segunda ola de coronavirus.
El viernes a la mañana, luego de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta en Olivos, el presidente Alberto Fernández dijo que “las leyes se hacen para ser cumplidas” y sostuvo que “a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus), que recurran a la Justicia”. Ese camino fue el que siguió el Jefe de Gobierno porteño y un puñado de fundaciones que pedían que se mantenga la presencialidad. El fallo de la justicia porteño terminó dándole la razón al gobierno porteño.
Este domingo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
La decisión del presidente Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus. Además, recibió el rechazo de fundaciones, ONG y grupos de padres que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.
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