“Les pido que me den un tiempo para poder presentar un descargo por escrito”. Con un cáncer terminal, Néstor Marcelo Ramos, el abogado cordobés residente en Suiza y sindicado como testaferro de Lázaro Báez en la compra de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” por los funcionarios del entonces gobierno de Cristina Kirchner que pasaban por esas oficinas en Puerto Madero, se enfrentó por primera vez ante la Justicia argentina que lo reclamaba desde 2016.
Lo hizo sentado en un sala en forma remota desde Lugano, en el país helvético, acompañado por autoridades del Ministerio Público Fiscal de Suiza, y su letrado. El interrogatorio por videoconferencia se concretó cinco años después de que el juez federal Sebastián Casanello hubiera pedido su extradición a los fines de indagarlo en la causa conocida como “la ruta del dinero k”. Está acusado de ser co-autor del delito de blanqueo de dinero en las maniobras del empresario patagónico más cercano a los Kirchner antes de caer en desgracia.
Ramos fue fundador y presidente de Helvetic Services Group, la firma suiza que usó Báez para quedarse con “La Rosadita” y lavar, al menos, USD 55 millones. El juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán le pudieron leer, por primera vez, la imputación en su contra. Está acusado como coautor de una serie de maniobras de lavado de dinero, a través de la firma Helvetic, por las que ya fue condenado Báez, sus hijos y su entorno. Esta sociedad usada como “vehículo” por diferentes clientes en todo el mundo, no solo por el empresario patagónico, fue disuelta luego de que estallara el escándalo en Argentina.
Este abogado nacido en Córdoba y con doble nacionalidad argentino e italiana, que reside hace casi dos décadas en el cantón suizo de Ticino, se negó en principio a declarar y pidió presentar un descargo por escrito en diez días.
Ramos atraviesa un cáncer avanzado, por el cual está realizando actualmente tratamientos paliativos. Su presunto deterioro físico no pudo ser corroborado visualmente por los funcionarios judiciales argentinos por la lejanía con la que lo tomaba la cámara en el salón donde estaba Ramos en Suiza. Pero su relato fue por demás pormenorizado de los tratamientos a los que tuvo que someterse por el avance de su metástasis. “Fue tortuoso su relato”, admitió una fuente que estuvo presente en la indagatoria remota desde el cuarto piso de los Tribunales de Comodoro Py.
Su salud fue uno de los motivos por el cual nunca se pudo avanzar en su extradición, desde que las autoridades suizas consideraron acceder al pedido de la Justicia Argentina, que data de 2016.
Es el único de los acusados en esta causa por lavado contra Báez, sus hijos y su entorno, con suficientes sospechas en su contra, que nunca había podido ser interrogado. Cuando se conoció el escándalo que dio origen al expediente en 2013, a través de las revelaciones en el programa Periodismo Para Todos, Ramos ya no vivía en Argentina. Esta instancia de indagatoria era imprescindible para avanzar en el proceso judicial.
Pese a que su abogado en Suiza, John Dell’ Oro le había dicho a Infobae en un correo electrónico en inglés que Ramos “había expresado reiteradamente su disposición a someterse a un interrogatorio por rogatoria (NdR: s llama así a la declaración de un testigo o acusado fuera de la sede del Juzgado que tramita la causa, que puede ser por escrito o ante un juez cercano a su domicilio), una solicitud que las autoridades argentinas, a través de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, parecen haber rechazado siempre”, el abogado sindicado como testaferro de Báez se negó a declarar en esta instancia ante la Justicia local.
“Es su derecho como imputado guardar silencio, sin que esto implique asumir su culpabilidad”, advirtió una fuente judicial en Argentina.
Según pudo saber Infobae, tras escuchar la imputación completa en su contra y dar algunas precisiones sobre las pruebas de cargo, Ramos les pidió al juez Casanello y al fiscal Marijuán un plazo de diez días para presentar un descargo por escrito. Le fue asignada la defensora oficial Florencia Plazas, quien manifestó que, como la causa era muy extensa, necesitaba cierto tiempo para estudiarla.
Tras una nueva consulta de este medio al letrado suizo, luego de concretada la indagatoria en forma remota, Dell’Oro señaló en un correo electrónico: “El señor Ramos se acogió a la facultad de no contestar, expresamente prevista tanto por la legislación argentina como la suiza, reservándose el derecho a pronunciarse en una fecha posterior, una vez que haya podido examinar las más de 50.000 páginas del el expediente criminal”. Durante todo este tiempo, el defensor suizo de Ramos tuvo acceso remoto al expediente, ya que está completamente digitalizado y puede ser consultado por las partes.
Dell’Oro le dijo a este medio que el trámite en Argentina ahora será seguido por la defensora oficial Plazas. “A quien brindaré, si es necesario y solicitado, el apoyo adecuado”, completó. Siempre muy atento en sus respuesta vía e-mail, este abogado suizo sugirió que las nuevas consultas se dirijan, a partir de ahora, hacia la nueva defensora argentina de Ramos.
Infobae consultó a Plazas, quien declinó hacer ningún comentario sobre la defensa que asumió de titular de Helvetic.
Cómo se concretó la indagatoria
La indagatoria en forma remota vía la plataforma Zoom tuvo lugar el miércoles pasado en un absoluto hermetismo, en el marco del Tratado bilateral de asistencia penal entre los dos países. Suiza accedió en la medida en que “los motivos fueron considerados atendibles”, señaló una fuente judicial que sabe que no es fácil que Suiza acceda a los pedidos de la Justicia argentina.
La colaboración en esta causa fue posible luego de que Casanello y Marijuán viajaran al país helvético en 2016 y hablaran con los funcionarios judiciales de ese país cara a cara. “Se tomaron su tiempo, pero sin su colaboración no se hubiera podido avanzar. Especialmente por los datos vinculados a las cuentas bancarias en Suiza de Báez y sus hijos. Incluso accedieron al congelamiento de dinero. Hasta ese momento, los exhortos no habían tenido éxito”, reconoció una fuente que conoce de cerca el expediente que se inició en 2013.
Para que se pudiera concretar, también fue necesario el consentimiento del propio Ramos. Además de su abogado en Suiza, estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público Fiscal helvético, entre ellos, el fiscal David Francesconi. Los funcionarios judiciales argentinos le agradecieron la disposición a sus pares suizos de colaborar con la realización del acto.
Las conversaciones para poder concretar la indagatoria se llevaron a cabo los primeros meses de este año vía la Cancillería argentina, y en las que participó, desde Suiza, Francesconi. Se coordinó un día en que Ramos no tuviera que asistir a su tratamiento médico.
Este abogado – quien negó a través de su abogado en una declaración a Infobae haber participado de cualquier hecho ilegal vinculado a la acusación contra Báez- padece un cáncer terminal desde hace varios años- Esta situación impidió que se pudiera avanzar con su proceso de extradición, por pedido de su abogado y las garantías que exigían las autoridades helvéticas para que se garantice la preservación de su salud si aceptaba extraditarlo y fuera alojado en una cárcel en Argentina.
Para poder avanzar en la indagatoria, el juez Casanello desistió del pedido de extradición a finales del año pasado, y las autoridades suizas aceptaron el pedido de poder interrogarlo a distancia.
“Lo más importante es que se pudo avanzar en el proceso al informarle la imputación en su contra. Si no se realizaba la indagatoria, no se la garantizaba el derecho a su defensa, y la causa no podía avanzar”, sostuvo una fuente judicial al tanto del expediente. “Al haberse concretado, cayeron las alertas internacionales pidiendo su extradición, ya que implica que respeta la jurisdicción argentina y manifestó su voluntad de estar a derecho”, le explicó una fuente a Infobae.
En esta instancia, Casanello está en condiciones de resolver. Esto implica tanto sobreseerlo, como dictar una falta de mérito a Ramos, como elevar esta parte del expediente a juicio. Si bien el Código Procesal dispone que sea en los diez días posteriores a la indagatoria, ese plazo es ordenatorio, pero suele extenderse en causas complejas como esta. En principio, según puso saber Infobae, el juez estaría dispuesto a concederle los diez días solicitados por Ramos para presentar su descargo por escrito, teniendo en cuenta que recién asumió su nueva defensa oficial en Argentina.
La condena a Báez
En el marco de la causa llamada “ruta del dinero K”, Baéz fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. El 26 de abril último, el Tribunal Oral Federal Nro 4 dio a conocer los fundamentos en un extenso escrito, de más de 3.000 páginas, en el que los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti, por mayoría, ratificaron que la fortuna que amasó el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, tuvieron en cuenta las causas de evasión donde el empresario también está siendo investigado. Báez cumple prisión domiciliaria desde septiembre pasado en un domicilio que se mantiene en reserva, hasta que la condena quede firme.
Parte del dinero que Báez fugó al exterior, fue reingresado al país, también a través de Helvetic, mediante una maniobra de compra de bonos, que terminaron en la cuenta de Austral Construcciones, la empresa madre del empresario kirchnerista, en el Banco Nación.
Los investigadores argentinos sospechan que Ramos habría tenido un rol fundamental en prestar el “servicio de lavado de dinero” a través de Helvetic a Báez -su cliente-, así como en la estructuración de una serie de cuentas en Suiza y la repatriación de los fondos a Argentina, una vez ingresados al circuito bancario helvético. Austral Construcciones justificó el reingreso del dinero ilícito al país como fondos de un supuesto socio en Suiza que quería invertir en acciones preferidas de Austral, operatoria simulada que nunca se concretó finalmente.
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