Este 22 de julio el representante David Racero radicó un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un plan de austeridad del gasto que regirá para todas las entidades públicas y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, las entidades descentralizadas de la rama ejecutiva nacional y las entidades territoriales en su nivel central y descentralizado.
Según expone el congresista, la pandemia del covid-19 empeoró la situación económica del país. El desempleo se disparó al 15,9 % y la pobreza al 42 %; es decir, en 2021, alrededor de 21 millones de colombianos se encuentran en situación de pobreza y 7,4 millones de colombianos están en extrema pobreza.
“Ante esta situación, el Gobierno nacional y las Administraciones municipales y departamentales anunciaron diferentes medidas para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, a través de los diferentes decretos el gobierno hizo una adición presupuestal de $30 billones de pesos para financiar los programas de política pública de emergencia”, explicó.
Racero comentó que el gobierno buscó fuentes de financiación, como lo son impuestos a las personas de mayor ingreso, créditos de bajo interés con diferentes instituciones financieras, entre otros, así como adoptar medidas orientadas a identificar y recortar gastos innecesarios dentro del funcionamiento del Estado, de suerte que estos recursos puedan destinarse a iniciativas de gasto social y de reactivación económica.
Pero su proyecto va destinado a complementar esas medidas que ya ha tomado el Ejecutivo para generar un ahorro en el gasto público.
“En Colombia, los servidores públicos de alto y medio nivel reciben pagos por gastos de representación, pagos de sus planes de telefonía celular y vehículos del Estado para ser transportados desde su casa hasta su lugar de trabajo, mientras que para el desarrollo de las actividades misionales de las entidades, muchos funcionarios deben asumir con sus propios recursos el transporte para desplazarse a lugares con difícil acceso, a adelantar reuniones con comunidades, entre otros, lo cual evidencia una clara inversión del orden de las prioridades en la distribución del presupuesto en las entidades”, indicó el congresista.
La propuesta para una política nacional de austeridad, según Racero
El representante aseguró que revisó varias medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre austeridad en el gasto en los últimos años, y se incluyeron aspectos adicionales, para convertir el plan en una Política de Estado, tales como, que todos los vuelos nacionales e internacionales de los servidores públicos deberán hacerse en clase económica.
Actualmente, en el decreto 371 de 2020 se permite que los vuelos que se demoren más de ocho horas y “los debidamente justificados” se tomen en clase ejecutiva, sin que exista una justificación técnica de la adopción de este tipo de medida. Por lo que propone los siguientes puntos:
– Los vehículos oficiales de las entidades públicas diferentes a esquemas de protección, no podrán estar asignados a un único funcionario público para efectos de su desplazamiento de su casa a la oficina, sino que deberán asignarse a las dependencias correspondientes, con el fin de que, de acuerdo con una programación previa, los mismos se destinen al cumplimiento de las actividades misionales de la entidad, y no al transporte puerta a puerta de sus directivos.
– Todos los vehículos nuevos que adquieran las entidades deberán ser vehículos eléctricos.
– A los servidores públicos no se les asignarán ni teléfonos móviles, ni planes de telefonía móvil financiados con recursos públicos.
– Las entidades no podrán adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.
– Ningún empleado del Estado o contratista (persona natural) cuyo objeto contractual se relacione con actividades de prestación de servicios de asesoría, podrá devengar un salario que, sumado a los gastos de representación, u honorarios, sean superiores al del presidente de la República en el nivel nacional, y al de los alcaldes y gobernadores departamentales en lo que corresponde al nivel territorial, según corresponda. Esta medida se extiende a todos los empleados de empresas industriales y comerciales y empresas de economía mixta en las que haya una participación accionaria del Estado superior al 50 %.
– Las Oficinas de Control Interno verificarán el cumplimiento de las disposiciones y alertarán sobre su presunto incumplimiento de manera inmediata a los entes respectivos. El incumplimiento de la presente acarreará la comisión de falta disciplinaria gravísima.
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