Buenos Aires, 26 jul (EFE).- El vertido de residuos tóxicos procedentes de la pesca tiñó de rosa el sistema de lagunas de Corfo, situado a unos treinta kilómetros de Trelew (provincia de Chubut, sur de Argentina), una imagen que causó polémica entre las autoridades municipales y el Gobierno provincial.
La compañía pesquera responsable de estos residuos, ‘Rawson Ambiental S.A.’, vertió estos desechos en virtud de un acuerdo de «compromiso y cooperación» firmado con el Gobierno provincial y con la municipalidad de Rawson.
No obstante, dicho acuerdo no está suscrito por Trelew -ubicada a unos 20 kilómetros de Rawson-, en cuyas aguas se realizó este derrame, según aclararon las propias autoridades municipales.
Además de la polémica por las imágenes de las lagunas, que comenzaron a circular por las redes sociales, los vecinos denunciaron un olor nauseabundo y la proliferación de insectos en la zona.
De hecho, la comuna local advirtió que estos vertidos alteran «el suelo, la flora y la fauna» del ecosistema, debido a los «altos valores de sulfuro, nitrógeno, amoníaco, fosfatos y bacterias» procedentes de los residuos pesqueros, según señalaron desde la ciudad de Trelew.
VERSIONES CONTRAPUESTAS
El titular de Control Ambiental de Chubut, Juan Micheloud, afirmó que «el color rojizo no es para preocuparse», puesto que se trata de un cambio propio de las lagunas «donde se tratan este tipo de efluentes (pesqueros) y corresponden a un color de bacterias».
«Es algo normal, el color rojizo no provoca daño y en unos días desaparecerá», aseveró el funcionario en declaraciones radiales, aclarando que el vertido de estos desechos «había sido autorizado».
Las palabras de Micheloud provocaron un cruce de acusaciones con las autoridades municipales de Trelew, que reclamaron al Gobierno provincial que «ponga fin al vertido de efluentes industriales» en las lagunas de Corfo.
En un comunicado, el Ejecutivo municipal denunció que el acuerdo entre el Gobierno provincial y las empresas pesqueras convierte a Trelew en el «patio trasero para la disposición final de industrias no radicadas en el parque industrial» de la ciudad.
En este contexto, las autoridades de Trelew definieron el contrato de compromiso y cooperación como «una falta grave de institucionalidad gubernamental», recriminando al Gobierno provincial que «a pesar de ser responsable de la aplicación de los decretos provinciales, actúa como causante de los actos de incumplimiento de los mismos».
