Para el juez Martín del Viso, quien investiga la muerte de Lucas González (17) en Barracas, los tres policías que fueron procesados por el homicidio agravado por alevosía del adolescente y el intento de asesinato de sus tres amigos hicieron todo mal. Es más, según su resolución, descartó “que hayan actuado bajo algún tipo de error o amparados en alguna causa de justificación” ese 17 de noviembre. Para el magistrado, comenzaron una “arbitraria, irracional e ilegal persecución”.
Es más, en la resolución de este lunes, en la que el juez Del Viso procesó con prisión preventiva y un embargo de 1,8 millón de pesos cada uno, explicó que el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas -todos de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- “no dispararon a los fines de persuadir una posible agresión sino que lo hicieron directamente contra los adolescentes sin que estos pudieran defenderse”.
En las 90 páginas en las que el magistrado describió por qué los procesó y a las que accedió Infobae, explicó que los tres policías actuaron “sin motivos suficientes”, optaron por “descender del vehículo con el arma en mano”, “atentaron contra” los cuatro chicos y “culminaron, triste y lamentablemente, con la vida de un adolescente de tan solo 17 años”.
Ese 17 de noviembre, cerca de las 10 y a pocos metros de uno de los ingresos a la villa 21-24, los tres policías de civil integrantes de la Brigada de la Comuna 4D de la Policía de la Ciudad circulaban a bordo de un móvil no identificable, un Nissan Tiida. Al mismo tiempo, Lucas y sus tres amigos salieron de un entrenamiento de la sexta división del Club de Barracas Central rumbo al barrio San Eduardo, en Florencio Varela, donde vivían, a bordo de un Volkswagen Suran.
En el trayecto, los policías y los chicos se cruzaron. Para el juez Del Viso “no sólo no existieron motivos suficientes y razonables como para perseguir a los adolescentes, sino que tampoco se acreditaron tales como para cruzarles el auto y bajar armados”. “En contraposición con lo dispuesto, ilegalmente esgrimieron las armas de fuego a personas que eran menores de edad”, agregó.
Y siguió: “No se identificaron como personal policial, no impartieron la voz de alto, menos aún indicaron que se trataba de un procedimiento policial”. Para el juez, dispararon “con claras intenciones de quitarles la vida, ello sin que existiera ningún tipo de peligro que atentara contra su integridad física, más allá de la lógica actitud de los adolescentes de arrancar el auto y salir de esa situación”.
Así, el magistrado concluyó que “se han despejado todo tipo de dudas respecto a que” los adolescentes “no contaban con ningún elemento relacionado con un arma de fuego, ni con un elemento contundente que le hubiera permitido al personal policial suponer que podían atentar contra su integridad física”.
Justamente, en la resolución se dio cuenta de que a las 11.14 se informó que “no se encuentra arma” en el coche y recién a las “19.22 OP4D indica que se secuestró una replica de revólver negro plástica”. Por eso, el magistrado remarcó que, al menos de momento, “luce razonada y con apoyo en las pruebas recabadas la teoría fiscal en cuanto a la posibilidad cierta que la réplica del arma secuestrada en el interior del vehículo en que viajaban los cuatro jóvenes haya sido plantada en pos de dar respaldo a la primigenia versión policial reflejada en aquellas modulaciones, con el claro propósito de dar ropaje de legalidad al proceder de la brigada imputada”.
Como corolario, el juez resaltó que Issasi, Nieva y López “dispararon indiscriminadamente hacia zonas vitales” de los chicos, y lo dijo a juzgar por la impronta de los impactos de bala, su altura y recorrido: “Puede concluirse que no dispararon a los fines de persuadir una posible agresión sino que lo hicieron directamente contra los adolescentes sin que estos pudieran defenderse”.
Así, el juez le dio la derecha al fiscal: “La agresión armada tuvo por objeto quitarles la vida al grupo que se desplazaban en el Volkswagen Suran y que a partir de ello, ante el resultado de su proceder, urdieron una trama tendiente a tergiversar los hechos, en principio con éxito habida cuenta que los adolescentes fueron privados de su libertad a resultas de las falsedades volcadas en el legajo. Incluso, se habría plantado la réplica de un arma para intentar dar cobijo legal a su ataque”.
Por todo ello el juez los procesó como coautores del homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones de Lucas; y por la tentativa de homicidio, con los mismos agravantes, de los tres adolescentes que viajaban con la víctima. Todo en concurso real con los delitos de falsedad ideológica, en calidad de coautor, y privación ilegal de la libertad”.
Fue el viernes pasado que el fiscal Leonel Gómez Barbella emitió un pedido para que los sospechosos permanezcan bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra, pero había solicitado que les endilgue el “homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Sin embargo, el juez dejó de lado la calificación del placer.
En cuanto al pedido de prisión preventiva, el fiscal argumentó que “tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos”, como así también tuvo en cuenta la “gravedad” de los hechos y la pena en expectativa. El juez le dio la derecha.
En su dictamen, Gómez Barbella consideró que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”.
La reconstrucción del hecho se inició el miércoles pasado en la esquina de Iriarte y Vélez Sarsfield, a dos semanas exactas del hecho que le costó la vida al futbolista juvenil de Barracas Central, pero al poco tiempo fue suspendida por un planteo presentado por las defensas de los acusados. Ahora se volverá a hacer mañana, desde las 9.
Hasta el momento son seis los efectivos detenidos, acusados de haber adulterado la escena del hecho y de haber “plantado” un arma de plástico para simular un tiroteo entre la Policía y Lucas y sus amigos. Se trata del comisario Juan Romero, el subcomisario Roberto Inca -ambos a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4-, el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.
El oficial Sebastián Baidón, quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4D, se puso a disposición de la Justicia la semana pasada y los investigadores del caso evalúan si hay elementos como para imputarlo.
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