Juntos por el Cambio está nuevamente sumergido en una interna caliente. Esta vez la discusión y las acusaciones cruzadas se da por la posición de los diferentes sectores respecto a la re reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Una ley que sancionó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el 2016 y que estas horas tanto la oposición como el oficialismo están tratando de modificar.
La coalición opositora ya viene de un puñado de traspiés en el Congreso. Primero la fractura del bloque radical y la postergación de la discusión por el liderazgo del interbloque en la Cámara de Diputados. Luego, la ausencia de los legisladores del PRO y la UCR que le facilitaron al Frente de Todos la aprobación de modificaciones en el impuesto a los bienes personales. Por último, la re reelección.
En esta oportunidad un sector importante de Juntos por el Cambio está negociando con el peronismo un camino para voltear la ley que la coalición que hoy es oposición, sancionó en la Legislatura bonaerense cuando era oficialismo. Ese solo movimiento es el que genera resquemores, pase de facturas, acusaciones y suspicacias puertas adentro de la alianza.
La ley fue sancionada en el 2016 en el inicio del mandato de María Eugenia Vidal, pero tuvo decreto de reglamentación que fue inscripto en el 2019 y del que una veintena de intendentes peronistas se aferraron, como vía de escape legal, para saltar la imposibilidad de ser reelectos.
¿Qué dice? La prohibición impuesta por la ley N° 14836 “abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados”.
Con ese margen legal, los intendentes del peronismo comenzaron a pedirse licencia antes de cumplir 2 años y un día de su segundo mandato. Según la interpretación que hacen, les permitirá volver a presentarse en el 2023 sin problemas. Convocados por el gobierno nacional o provincial, los intendentes con más peso del conurbano comenzaron a pedir licencia y saltar a otros cargos, dejando en su lugar a familiares o dirigentes allegados.
Frente a esa situación, los jefes comunales del radicalismo y el PRO se quejaron, y plantearon un camino alternativo. Ninguno, salvo el ex intendente de Vicente López Jorge Macri, que pasó al gobierno porteño, pidió licencia. Es decir, si la ley se queda como está, deberán cerrar su ciclo en la intendencia en el 2023.
La diferencia de criterios aumentó la tensión interna en la coalición, que viene de vivir semanas intensas y de choques de posturas muy marcados. La principal apuntada fue Vidal. En el ala dura del PRO se preguntan cómo pudo dejar abierta esa puerta que hoy el peronismo utilizó como escape para la ley. Y dejan entrever que existió un acuerdo implícito con los intendentes peronistas para lograr su aprobación.
“Nadie se hace cargo del cagadón que se mandaron en el gobierno de Vidal. Ella jugó sola, en vez de hacerlo en sintonía con la mesa de representación que tiene Juntos por el Cambio. Le dejaron espacio a los kirchneristas para que se la rebusquen y se escapen de la ley”, planteó una voz de peso entre los Halcones del PRO.
En el vidalismo rechazan las acusaciones, creen que hay que sostener la ley tal cuál está y aseguran que la cuestionan a la ex mandataria porque “la quieren desgastar en el camino hacia las elecciones del 2023″. Es decir, creen que empezó a jugarse la interna opositora que tienen proyecciones e intereses vinculados a la lucha por el poder para llegar a la Casa Rosada.
“Hacen todo un procedimiento político para desgastarla. La quieren debilitar pensando en el 2023. Hicieron lo mismo durante la última campaña electoral. Son las reglas del juego, pero después cada uno decide si pegar debajo de la cintura o no”, especificaron cerca de la ex gobernadora y actual diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
Detrás de ese “desgaste” ven a la presidenta del PRO, Patria Bullrich, y al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri. “El 2023 se metió en todo esta discusión. Empezó el día que Rodríguez Larreta hizo las listas y dejó afuera a varios. Lo que están haciendo con ella es un aprovechamiento político del tema”, resaltaron desde el vidalismo, molestos con las acusaciones que le llovieron a Vidal durante el fin de semana.
En ese sector consideran que no hay que voltear la ley, como quiere el peronismo, ni reformarla, como le interesa a un sector importante del PRO y la UCR. Creen que debe quedar tal cuál está. “La ley es clara. ¿Si los intendentes peronistas están seguros con su licencia de que pueden volver en el 2023, por qué insisten tanto para tumbar la ley? ¿Están seguros que la Justicia no se los va a impedir?”, se preguntaron.
Si bien asumen que puede haber sido un error el hueco que quedó con la reglamentación del decreto 265, recuerdan que todos los sectores de la coalición la acompañaron y que ahora muchos miran para otro lado. “Modificarla solo servirá para darles un mandato más a los intendentes”, se quejaron, en referencia a la denominada Ley Allan, porque fue el legislador bonaerense Juan Pablo Allan quien la diseñó.
¿Qué dice la ley Allan? Propone la modificación del Articulo 3 de la Ley Orgánica de los Municipios y de los artículos 148° de la Ley N° 13688 y 13° bis de la Ley N° 5109. Aclara que los intendentes durarán en sus funciones cuatro años y que luego pueden ser reelectos. Pero no podrán buscar una tercera gestión en forma ininterrumpida.
La clave es la aclaración de la prohibición. “Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin perjuicio que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”. El texto busca respetar el espíritu de la ley original pero deja sin efecto la reglamentación del 2019. Sostienen que se eliminan las “trampas” pero no la ley. Le cierran la puerta a la vía de escape del peronismo.
“Se aprovecharon de una de las aclaraciones de la reglamentación, por lo cuál hay que modificarla porque la ley era para impedir las re reelecciones y eso no está ocurriendo. Hay dos opciones. Quedarnos diciendo que los de enfrente son malos o buscar una solución. Y en eso estamos”, reflexionaron en Juntos por el Cambio desde un sector que respaldan el proyecto Allan.
En el entorno de Vidal creen que el proyecto tiene dos lecturas: terminar con la trampa de las licencias y darle un nuevo mandato a los intendentes. Parte del acuerdo político sería empezar a contabilizar al primer período de gestión desde 2019 al 2023 y dejar sin efecto el del 2015-2019 que hoy está contabilizado como el primero. En lo que respecta a la letra chica de la ley, sostienen que no específica el período en el que se empezará a aplicar. Cada paso se está mirando con lupa.
“No es la primera vez que se le encuentra un agujero a una ley. No nos tiene que dar vergüenza. Hay que corregirlo. Lo que pasó ya pasó. Puede ser que se le haya escapado la tortuga al gobierno provincial y en el peronismo son vivos y lo aprovecharon”, reflexionó, ante la consulta de Infobae, un importante dirigente bonaerense de Juntos por el Cambio.
En todos los campamentos de la coalición repiten que hay “unanimidad” respecto a la re reelección de los intendentes. Nadie la quiere. Están dispuestos a poner límites. Las diferencias surgen por la forma de hacerlo teniendo en la reglamentación un agujero por el Frente de Todos logró escaparse al cerrojo. En ese camino para encontrar la solución florecieron la desconfianza y la lucha por el poder real que sobrevive dentro de Juntos por el Cambio.
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