El preso y poderoso empresario Carlos Mattos fue descubierto por la unidad investigativa de Noticias Caracol, paseando por Bogotá en un vehículo del INPEC y despachando desde su oficina, al parecer sin los permisos de salida que debía tener para estar fuera de la cárcel La Picota. Aunque esa situación podría poner en riesgo los preacuerdos alcanzados con la Fiscalía en sus procesos, el ente acusador dijo que no se verán afectados.
Carlos Mattos resuelve sus problemas judiciales con plata. Así lo hizo cuando Hyundai le retiró la representación de la marca en Colombia, para lo que habría sobornado el reparto judicial con el fin de recibir medidas cautelares a su favor; y así lo hizo ahora preso en La Picota por ese caso, al comprometerse a pagar una suma inédita de indemnización para una terminación anticipada del proceso y aceptar los cargos.
Ese preacuerdo se conoció a inicios del mes de febrero. De acuerdo con el diario El Tiempo, Mattos se ha declarado inocente desde que buscó evadir a la justicia valiéndose de su doble nacionalidad española, pero al ser extraditado al país accedió a una salida negociada de los dos procesos que tiene en contra por esa cadena de sobornos que habría practicado.
El acuerdo comprendería, además de la aceptación de los cargos, el pago en indemnización de dos millones de dólares. Uno para la Rama Judicial que se vio afectada en la corrupción en su reparto y otro para la Fiscalía.
Con eso lograría una condena de entre 32 y 52 meses y otra multa de 30 millones de pesos, informó el diario. Sería el juez el que defina cómo deberá cumplir la condena, mientras que en su prisión preventiva en la cárcel La Picota parece poderse mover con holgura, al menos antes de que Caracol revelara sus paseos capitalinos.
Tras conocerse la situación, la Fiscalía informó que se mantendrán los preacuerdos alcanzados. “Los dos preacuerdos suscritos con el señor Mattos Barrero no se verán afectados con los hechos conocidos. Respecto a estos dos mecanismos, se está a la espera de la validación por parte de jueces de la República”, sostuvo el ente acusador por medio de un comunicado.
Será el juez el que deberá aprobar los preacuerdos alcanzados. Sin embargo, según fuentes le dijeron a Semana, podrían resultar afectados por presuntamente evadir la reclusión y dependen del resultado de las nuevas investigaciones que se abrieron por la evasión de la reclusión.
“Importante resaltar que, en los dos preacuerdos, no se contempla por parte de la Fiscalía la autorización de permisos o salidas de los centros carcelarios en los que permanezca el procesado”, agregó el ente acusador al respecto.
Así mismo, señalaron que la Fiscalía no es competente para supervisar, vigilar o acompañar los traslados de las personas privadas de la libertad, como tampoco es de su competencia ofrecer o autorizar permisos de salidas de los centros carcelarios que le competen al INPEC y a un juez.
“El fiscal a cargo de los procesos que se siguen contra el señor Mattos Barrero compulsará copias para que se establezca si las personas a cargo de los traslados del privado de la libertad incurrieron en alguna conducta que configure delito”, agregó el ente acusador.
Debido al escándalo que se ha desatado por posibles problemas de corrupción al interior del reclusorio, se dio ha conocer este 2 de marzo, que el presidente de la Republica Iván Duque ordenó destituir al director del Inpec, Mayor General Mariano Botero Coy y al director de la cárcel La Picota, Wilmer Valencia.
Contra los funcionarios del INPEC también abrió investigación la Procuraduría General de la Nación para determinar si se presentaron irregularidades en la custodia de Carlos Mattos.
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