El cable de la agencia de noticias española Efe publicado en la edición digital de los diarios del 28 de junio de 2003 era escueta, pero abundaba en datos: “El ex militar argentino Ricardo Cavallo fue extraditado hoy desde México a España para ser juzgado por delitos de genocidio y terrorismo ocurridos durante la última dictadura en ese país sudamericano. Cavallo fue entregado dentro del avión por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de México a los tres agentes españoles encargados de la custodia durante su traslado a Madrid”.
En el párrafo siguiente, el texto explicaba que “la extradición, que fue acordada por la Suprema Corte de Justicia de México el pasado día 10, constituye un precedente judicial en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. El ex militar argentino fue detenido en agosto de 2000, cuando intentaba regresar a su país después de que investigaciones periodísticas pusieran al descubierto sus actividades como presunto torturador y responsable de varias muertes y desapariciones de opositores”.
Lo que el cable no contaba y muy pocos sabían era que esa extradición era el resultado de un proceso de tres años que se había desarrollado entre Buenos Aires, Madrid y Ciudad de México, en el que había tenido un papel decisivo un periodista argentino que puso al descubierto al represor de la Escuela de Mecánica de la Armada cuando trabajaba como director del Registro Nacional de Vehículos mexicano y terminó con su impunidad.
“Necesito unos datos”
A mediados de agosto de 2000, el periodista argentino José “Pepe” Vales, corresponsal del diario mexicano Reforma en Buenos Aires, recibió la llamada de uno de los editores desde la redacción del distrito Federal.
“Necesito unos datos sobre una empresa argentina”, le dijo y pasó a contarle el tema. Había sospechas de corrupción en la privatización del Registro Nacional de Vehículos (Renave) mexicano y una de las empresas adjudicatarias era argentina, Talsud. Querían saber de la compañía y su director, un tal Cavallo, del cual en México se conocía poco y nada. Lo sospechoso era que obtuviera el monopolio para empadronar nada menos que 14 millones de autos, unos 400 millones de dólares anuales de facturación.
El tal Cavallo había formado Talsud en 1998 y hasta hacía poco era la empresa que entregaba los carnés de conducir en Buenos Aires (a través de una asociada, Seal Lock) y en las provincias de La Rioja y Mendoza.
La página web de Talsud presentaba a la empresa como los “líderes mundiales en la prestación del servicio integral de emisión utilizando la tarjeta inteligente”, para lo cual ostentaba vínculos en El Salvador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, lugares donde los militares argentinos habían participado de la represión. Los otros países eran Israel o Zaire, donde además de carnés de conducir, Talsud se encargaba de registro de armas y emisión de moneda.
Un represor de la ESMA
Lo que todavía no sabían en la redacción de Reforma era que Cavallo había sido parte de los grupos de tareas de la ESMA y que era buscado por el juez Baltazar Garzón desde España.
Su apellido había aparecido en el juicio de Garzón hacia junio de 1998, junto a otros oficiales de la ESMA, a partir del testimonio del periodista argentino Juan Gasparini, que había pasado más de un año cautivo allí. Cavallo no sólo había participado de su secuestro, sino que ese mismo día había formado parte del secuestro de su esposa, que nunca más apareció.
Enrique Fuckman, otro ex prisionero, había conocido a Cavallo en otras funciones: en una época torturaba prisioneros en Capuchita y en otra era responsable de la Pecera, donde estaban los detenidos “en proceso de recuperación”.
Otro ex detenido, Víctor Basterra, había aportado al juez Garzón una copia de la foto que él mismo le había tomado en la ESMA. Esa foto sirvió para hacer el documento a nombre de Miguel Ángel Cavallo y que los detenidos daban como su nombre auténtico: no sabían que su verdadero nombre era Ricardo Miguel.
“Se les escapó que era militar”
El domingo 20 de agosto, cuando en México recién estaban cerrando la edición para el lunes. La llamada desde la redacción que recibió Vales encendió sus sospechas sobre el nombre en cuestión: “Pepe, a uno de los encargados de prensa del Renave se le escapó que Cavallo fue militar”, le dijeron. “Mandame lo que tengan allá”, pidió Vales desde Buenos Aires.
Al día siguiente recibió desde México lo que había pedido. El primer fax que le mandó su jefe fue el currículum de Ricardo Cavallo, de 49 años, cuyas actividades profesionales arrancaban recién en 1990, según había consignado ante las autoridades mexicanas.
El segundo fax que le llegó de Reforma era el certificado de Migraciones usado por Cavallo para ingresar a México en agosto de 1998: había entrado como un simple turista y, sin embargo, al mes ya le habían dado el permiso de residencia y de trabajo; un trámite que, para la mayoría de los inmigrantes, demanda muchos meses.
Entre España y México
El nombre de Cavallo había aparecido por primera vez en el juzgado de Garzón en julio de 1998, en el folio 17.985, como acusado por los detenidos en la ESMA.
Cuando, en diciembre de 1999, Garzón dictó un auto de procesamiento contra 98 militares argentinos, Cavallo no apareció sólo por error: la lista original -presentada por la Acusación Popular- era de 104 y cuando el abogado argentino Carlos Slepoy leyó la resolución, se fue a la Audiencia Nacional.
-Señor juez, faltan seis – le avisó al magistrado.
-Tiene razón. Ya enmendaré el error – le respondió Garzón.
Pero en ese agosto de 2000, el cuadro era complicado. Garzón estaba de vacaciones hasta el 28 de agosto y retomaba sus causas al día siguiente. El juez que tenía a cargo el juzgado número cinco era el titular del juzgado número uno, Guillermo Ruiz Polanco.
Hasta entonces, Slepoy estaba convencido de que Cavallo era Miguel Ángel y que estaría usando un documento falso. Pero la realidad era que Cavallo estaba usando su verdadero nombre: Ricardo Miguel. Había pocas cosas a favor.
El miércoles 23, los directivos del diario Reforma se habían reunido con Cavallo. Habían ido a verlo y el hombre se había mostrado muy tranquilo: les dijo que se iría a la Argentina y que desde allá traería la documentación que probaba que la información sobre él era falsa. Lo notaron muy sereno.
En la Argentina estaban en vigencia las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Si abordaba un avión hacia Buenos aires, Cavallo estaría a salvo. Por eso, en el Distrito Federal mexicano había personas tramitando ante el procurador general una “orden de detención por averiguación de antecedentes” contra él. Eso serviría, al menos, para evitar que saliera de México y demorarlo un día o dos. Sin una orden de detención que lo acusara de los delitos que realmente había cometido, “Sérpico” (como se lo conocía también en los grupos de tareas) se burlaría de la Justicia. Llegaría a la Argentina, donde se sentiría refugiado.
Todo coincidía: el argentino que dirigía el Renave en México era el ex capitán de corbeta Ricardo Ángel Cavallo,“Sérpico”, “Marcelo” o “Miguel Ángel”, tal como lo llamaban en la ESMA, el mayor de los 340 centros de detención clandestina, verdaderos campos de exterminio que funcionaron en la Argentina entre 1976 y 1983 y donde fueron torturadas 5.000 personas, de las que sólo se salvaron 200.
El artículo de “Pepe” Vales
Desde la redacción de Reforma, en México, su jefe advirtió a Vales que el director del diario se había reunido con Cavallo y que éste le dijo que iría a la Argentina de inmediato a traer la documentación necesaria para aclarar todo.
Vales se apuró a escribir para llegar al cierre y su nota salió publicada al día siguiente, jueves 24 de agosto: “Ricardo Miguel Cavallo, actual director del Registro Nacional de Vehículos en México, fue reconocido ayer en una foto por cinco ex presos argentinos, como su torturador”, encabezó el artículo y añadía: “Una serie de evidencias también señala al empresario Ricardo Miguel Cavallo como el supuesto ex militar y torturador argentino entonces conocido como Miguel Ángel Cavallo y hoy acusado en España por el juez Baltasar Garzón de robo de autos, falsificación de documentos, terrorismo y tortura”.
La nota de Vales también explicaba que, mientras estaba en el grupo de tareas de la ESMA, Cavallo le pidió al detenido Mario Villani que le hiciera un documento falso con su apellido pero con nombre “Miguel Ángel” en vez de Ricardo. Y aclaró que la cédula de identidad 6.275.013 estaba con ambos nombres. Luego consignaba que “cinco ex detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar reconocieron en una foto de 1971 a quien presuntamente los torturó”.
El artículo no dejaba dudas y tuvo efecto inmediato.
Detenido en Cancún
Cavallo se subió a un avión con destino a Buenos aires ese mismo día. Sabía que después del artículo era cuestión de horas que lo detuvieran. En el aeropuerto de la capital mexicana, dos cronistas de Radio Monitor y Radio Red lo encararon con sus grabadores poco antes de ir a la sala de embarque para preguntarle si había tenido relación con la “guerra sucia” argentina. Contestó:
-Bueno, hace muchos años yo estaba en la Marina de mi país…
-El periódico Reforma de hoy dice que es donde usted operaba y que ahí era donde torturaban y mataban – le retrucaron.
-Desconozco – contestó.
Cuando finalmente logró embarcar respiró tranquilo: el vuelo de la compañía Mexicana lo conduciría de regreso a la Argentina, donde lo resguardaban las leyes de impunidad. Estaba a salvo, sólo faltaba una escala en Cancún. No imaginaba que durante esa escala un agente de Interpol subiría al avión y le diría: “Señor, nos tiene usted que acompañar”.
El policía le mostró una orden de detención firmada por el jefe de Interpol-México, Juan Miguel Ponce Edmonson.
En Madrid, contrarreloj
En la capital española, el abogado argentino Carlos Slepoy, puntal en la lucha para que España pudiera juzgar a los militares argentinos por los tratados internacionales que admitían “la jurisdicción internacional en delitos de lesa humanidad”, se movió de inmediato.
Habló con el juez Guillermo Ruiz Polanco, quien tenía la causa mientras Garzón descansaba, y le solicitó un pronto pedido de extradición. Tenía a su favor la cantidad de artículos de prensa que salían en España y otros lugares, dando cuenta de que Cavallo tenía como uno de sus socios a Jorge Rádice, también represor de la ESMA y buscado por Garzón.
Mientras los medios seguían hablando de Cavallo, el represor estaba incomunicado en el calabozo de Ciudad de México, donde lo habían trasladado en avión desde Cancún. Slepoy sabía que el tiempo estaba a favor de Cavallo. Fue a ver a Ruiz Polanco el día antes de que expirara el plazo de extradición. El juez le dijo que consultaría por teléfono con Garzón y al rato le dio la respuesta: “Pasen a las dos de la tarde”.
A esa hora volvió Slepoy, a quien el tiempo se la hacía infinito. Como a las cinco de la tarde, Ruiz Polanco lo hizo pasar para decirle: “Estoy haciendo el auto de prisión”.
Cavallo ya no podría eludir la extradición.
La orden y la espera
Finalmente, el 1° de septiembre de 2000, el juez Garzón firmó el procesamiento de Cavallo. Lo acusó de participar en 264 desapariciones de personas y de 159 secuestros y aplicación de tormentos. Cada caso, en el escrito del juez, tenía la información sumaria de la fecha de detención, y la aclaración de si había sido liberado o no: en el 90 por ciento de los casos decía “desaparecido”.
Pese a que el Estado mexicano concedió la extradición de Cavallo el 12 de enero de 2001, su viaje a Madrid se demoró un año y medio más, hasta que el 28 de junio de 2003 -hace hoy 19 años- abordó un Boeing 707 de la Fuerza Aérea Española que partió poco después del mediodía del hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), en la capital mexicana.
Antes, y a pesar del fuerte dispositivo de seguridad dispuesto por las autoridades mexicanas, un grupo de familiares de desaparecidos durante la dictadura argentina golpeó el furgón donde era trasladado. “¡Asesino, genocida!”, le gritaron mientras caminaba esposado hasta el avión.
De Madrid a Buenos Aires
Poco después de su extradición, mientras Cavallo esperaba esperaba su juicio en la prisión española, en la Argentina se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la Justicia local lo requirió a la Audiencia Nacional de España para poder juzgarlo en el país.
En el primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, el miércoles 26 de octubre de 2011 el Tribunal Oral Federal N° 5 juzgó a los 18 represores procesados, entre ellos a Ricardo Cavallo, quien fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.
Finalmente, el 23 de abril de 2014 la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la pena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
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