El régimen de Daniel Ortega advirtió este viernes que no admitirá a Hugo Rodriguez, el nuevo embajador designado por Estados Unidos para Nicaragua, a raíz de sus posiciones “injerencistas”. Con esto, reitera la decisión ya anunciada de no concederle el beneplácito.
“El señor Hugo Rodríguez, repetimos, no será bajo ninguna circunstancia admitido en nuestra Nicaragua (…) así que lo tienen claro los señores imperialistas: aquí no entra Hugo Rodríguez”, afirmó la vicepresidenta, Rosario Murillo -esposa de Ortega-, al dar lectura a una nota de la cancillería en los medios oficiales.
La mujer, quien a su vez es la portavoz oficial, informó de su posición tras conocer que este jueves el Senado de Estados Unidos había confirmado a Rodríguez como embajador en Nicaragua. Previo a esto, el pasado 28 de julio, Managua ya había expresado su rechazo a la designación.
La razón se basó en las declaraciones “irrespetuosas” que Rodríguez realizó en aquel entonces durante una audiencia ante el Senado. En sus dichos, afirmó que Nicaragua “se está convirtiendo cada vez más en un estado paria dentro de la región” y calificó al gobierno de Ortega de “dictadura”.
Asimismo, abogó por sacar al país del Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos). Todo ello provocó el enojo del régimen.
Rodríguez había sido designado en mayo pasado por el presidente Joe Biden en sustitución de Kevin Sullivan. Así, Murillo consideró “insólita” la decisión de Estados Unidos de mantener su postulación y arremetió contra el enviado al tildarlo de “irrespetuoso, injerencista y nada diplomático”.
“Reiteramos no solo nuestro rechazo, sino nuestra posición inclaudicable de dignidad nacional que desconoce absolutamente el injerencismo y la actuación imperialista” de Estados Unidos, remarcó.
Una ola de expulsiones
La reciente postura adoptada por Nicaragua se da en medio de una serie de expulsiones provocadas por el régimen.
El pasado miércoles, Ortega obligó a la salida de la embajadora de la Unión Europea (UE) allí, Bettina Muscheidt, según fuentes diplomáticas y medios locales, por motivos que aún no fueron precisados. La mujer fue declarada “persona no grata” por la dictadura.
Según informó la prensa, la medida se haría efectiva este sábado y se dio tras las declaraciones de una delegación de la UE el lunes en las que instó a Nicaragua a “poner fin a la represión” contra opositores, sacerdotes y medios de prensa independientes así como a restaurar la “democracia”.
Los dichos hacen referencia a los más de 200 opositores que, en medio de la crisis política que tiene lugar desde las protestas opositoras de 2018, están presos. En aquel año, el régimen vinculó los acontecimientos a un supuesto golpe de estado fallido, promovido por Washington.
Entre los detenidos hay siete aspirantes a la presidencia y al menos siete religiosos. El caso más mediático es el del obispo Rolando Álvarez, un crítico del régimen que está bajo arresto desde el 19 de agosto.
El parlamento europeo pidió por su liberación el pasado 15 de septiembre e, inclusive, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Fonseca -quien se encuentra en el exilio desde abril de 2019-, escribió en su cuenta de Twitter: “Exijo saber dónde y cómo está Rolando (Álvarez), y que sea liberado ya. Ruego a la Iglesia en el mundo entero unirse a esta exigencia”.
Este jueves, Daniel Ortega, arremetió contra la Iglesia Católica y la calificó de “dictadura perfecta”: “¿Desde cuándo los curas están para dar golpe de Estado y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia? Los obispos son nombrados de dedo de parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, sino por un grupo de cardenales. Sería una revolución que al Papa lo eligiera el pueblo católico del mundo”, declaró.
En marzo, el régimen había ordenado la salida del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. También tuvo lugar este año la expulsión del delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, por razones que se desconocen.
Asimismo, en noviembre de 2021, Nicaragua anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, cinco meses después, procedió a cerrar la oficina en Managua y la consiguiente salida de sus representantes del país.
Previamente, en diciembre de 2018, el régimen había ordenado la salida de dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quienes estaban detrás de las investigaciones por la violencia ocurrida durante las protestas de ese año.
Ante la delicada situación, la Unión Europea se sumó a la iniciativa norteamericana e impuso sanciones a decenas de funcionarios, allegados y familiares del mandatario nicaragüense por violación de los derechos humanos y corrupción.
(Con información de AFP)
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