A pesar de que Alejandro Soto, presidente del Congreso, ha mencionado que jamás se benefició con la ley de la prescripción, pues la realidad parece decir todo lo contrario. La empresa de transportes Waynapicchu, a través de su defensa legal, reiteró que el legislador se amparó en la norma para evitar una condena por el delito de estafa que lo llevaría 8 años y 8 meses a la cárcel.
“Claro, él y todos los otros imputados (se beneficiaron). Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto, como la defensa de los otros imputados, solicitaron que se aplique esta ley, que se promulgó en mayo y que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal”, señaló el abogado Darwin Urquizo en declaraciones a RPP Noticias.
El letrado explicó que Soto no ha dicho la verdad sobre el archivo de la investigación en su contra en el 2019. Agregó que, en realidad, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) presentó ante el Poder Judicial un recurso de sobreseimiento y prescripción. En una primera instancia fue declarado fundado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, pero en una segunda instancia terminó anulada y, entonces, el proceso continuó.
En esa línea, el actual titular de la Mesa Directiva tuvo que someterse otra vez al control de acusación por la denuncia interpuesta por Waynapicchu que lo señala que les vendió por US$ 250 mil un predio, ubicado entre las comunidades de Ayamarca y Pumamarca, del distrito cusqueño de San Sebastián, que supuestamente era de 640 metros cuadrados cuando tenía 879,9 metros cuadrados.
Todo el proceso pasó al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco. Según Urquizo, el tribunal dispuso en octubre del 2022 que el juicio oral contra Alejandro Soto inicie en julio de este año. Sin embargo, el abogado del legislador de APP apeló a la ley N.º 31751 que modificó uno de los puntos del Nuevo Código Procesal Penal, referido la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año.
