El Consejo de Estado dio a conocer que la sanción que inhabilitaba al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía por 10 años fue anulada. La información fue confirmada a través de un documento que expidieron desde el alto tribunal el lunes 14 de agosto de 2023, en el que enfatizaron en las razones por las que se revocó la determinación que tomó la Procuraduría General de la Nación en 2015.
La sanción que le impuso la Procuraduría al exfuncionario estaba relacionada con presuntas irregularidades en un contrato firmado en julio de 2009 con la IPS Eduardo Bolaños. El órgano de control señaló en aquella oportunidad que el vínculo se suscribió de manera directa, situación que iba en contravía del procedimiento de selección abreviada de prestación de servicios de salud.
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El fallo emitido por la Procuraduría enfatizaba en que el exgobernador no podía eximirse de sus responsabilidades en la selección del contratista que iba a llevar a cabo los procedimientos, los cuales tenían como objeto realizar cirugías bariátricas a personas que no contaban con servicio médico. El polémico vínculo abarcaba la suma de mil millones de pesos.
Por tal motivo, el órgano de control determinó en aquella oportunidad que Abadía incurrió en culpa gravísima por desatención elemental. Esto debido a que en su papel de representante legal del departamento, el exgobernador debía verificar el proceso de selección y no delegárselo netamente a sus subalternos.
Sin embargo, el alto tribunal indicó que la decisión del órgano de control de suspender al exgobernador de su cargo, al cual había llegado por voto popular, habría sido ilegal. El Consejo de Estado estudió el caso luego de que Abadía apelara la decisión y, tras realizar las investigaciones pertinentes, concluyó en la falta de facultades por parte de la Procuraduría para inhabilitar a servidores públicos de elección popular.
Es válido recordar que la primera demanda que expidió el exgobernador una vez conocida la decisión del órgano de control fue negada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ente que emitió la sentencia del 15 de mayo del 2019, que fue revocada por el Consejo de Estado. En el mismo documento, el alto tribunal también declaró nulas las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación.
De igual forma, el Consejo de Estado le ordenó al órgano de control eliminar de las bases de datos los registros que existan sobre la sanción que se le impuso al exgobernador en su momento al quedar desvirtuada su presunción de ilegalidad.
Este es uno de los hechos que rodean al polémico exgobernador del Valle del Cauca, que además fue acusado formalmente por haber sido uno de los supuestos beneficiados del reconocido Cartel de la Toga. Abadía fue vinculado al proceso en junio de 2022, cuando fue vinculado a una investigación penal por presunta participación en la red que se había construido en el alto tribunal para amañar procesos judiciales.
La Fiscalía General de la Nación acusó al exgobernador de haberle pagado 400 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno Rivera, exjefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador, con el objetivo de que no se adelantaran las investigaciones de un proceso que Abadía tenía en su contra. El dinero habría sido redireccionado posteriormente a Francisco Ricaurte, magistrado que también afronta una condena actualmente por estar vinculado con la red ilegal.
“El material de prueba indica que el exgobernador, presuntamente, acudió a la red de corrupción conformada por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, abogados y otros exintegrantes de la Rama Judicial para que intercediera y fueran direccionadas a su favor investigaciones que se seguían en la Fiscalía”, indicaron desde la Fiscalía General de la Nación.
Por dichos hechos, el exgobernador deberá responder en juicio por el delito de cohecho por dar u ofrecer, razón por la cual seguirá vinculado al proceso.
