La presidenta Dina Boluarte encaró este jueves a su región natal, Apurímac, por concentrar, entre diciembre de 2022 e inicios de este año, las protestas antigubernamentales que pedían su dimisión, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas.
“La violencia, venga de donde venga, no beneficia a nadie ni a nada. […] Hemos tenido algunos momentos de violencia y ¿qué hemos logrado con ello? Absolutamente nada. Al contrario, hemos retrocedido y no hemos podido trabajar”, dijo durante la firma de un convenio entre el Ministerio de Energía y el Gobierno Regional de Apurímac.
La mandataria consideró que estos meses de manifestaciones significaron un “tiempo perdido” para el país y agregó que su administración está “en la ruta” de recuperarlo. “La violencia, aquella que tiene ideología, ¿de qué nos sirve? El Perú ya aprendió de los 80 y 90, [de] aquellas ideas trasnochadas [que] solo han generado dolor, muerte y sangre”, continuó.
Una semana después de asumir la jefatura de Estado ante el fallido autogolpe de Pedro Castillo (2021-2022), el Ejecutivo decretó estado de emergencia por 60 días en siete provincias de Apurímac, adonde Boluarte no ha vuelto más desde que empezó su mandato.
El saldo de víctimas mortales en esta región fue de diez personas a fines de 2022, y en enero pasado, se reportó una paralización parcial, aunque paulatinamente se restableció el transporte público. “Eso no queremos para el Perú. Queremos unidad, paz, desarrollo, inversión, trabajo, pero eso se logra en un diálogo fraterno, en un abrazo conjunto”, señaló.
Por estas muertes, la gobernante enfrenta una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, una imputación que salpica también al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y al ministro de Defensa, Jorge Chávez. En septiembre pasado, Boluarte pidió a la Fiscalía cerrar la investigación en su contra, mientras su abogado, Joseph Campos, reiteró que “nunca existió una relación directa con los hechos”.
La gobernante suscribió en esta jornada un acuerdo para masificar el gas natural en su región natal, una acción que calificó “de suma importancia” para obtener la “justicia social que se reclamaba a través de salidas a las calles, donde se pedía que se nos mire”.
“Los miramos y sentimos en el corazón […] Llegaremos a los hogares de las siete provincias […] con la finalidad de generar nuevas oportunidades e impulsar la reactivación económica. Felicito al Gobierno Regional de Apurímac por dar un nuevo impulso a los proyectos de gas natural, precisando que existe un esfuerzo del Gobierno porque ese sea el recurso más empleado y llegue a todas las regiones”, agregó.
Solo dos días atrás había descartado “refrescar” el Gabinete Ministerial con nuevos cambios que alcancen incluso a su mano derecha, Alberto Otárola, quien —dijo— se encuentra bajo escrutinio permanente. “Todos los ministros están en constante evaluación, y esto incluye al premier. No tenemos apuros”, señaló de manera escueta en una rueda de prensa posterior a la presentación del último avance bimestral de gestión.
Boluarte replicó a una periodista que le consultó sobre la eventual salida de Otárola, investigado en el fuero fiscal por la contratación de una trabajadora en la organización que se dedica a elaborar estrategias en la lucha contra las drogas (Devida), así como la de Alex Contreras (Economía y Finanzas), cuestionado por admitir que el país está en recesión después de varias negativas. “El Perú y sus problemas son primero”, continuó.
La mandataria deslizó aprobación a la censura del exministro del Interior, Vicente Romero, en el marco del “respeto” al equilibrio de poderes. “Una de las funciones del Congreso es fiscalizar. En esa acción que nosotros respetamos, ha sido censurado el ministro del Interior y por eso juramentamos [a su reemplazo]”, zanjó.
