La congresista de Perú Libre, María Agüero, ha sido acusada de apropiarse del 10% del sueldo de sus trabajadores del Parlamento.
La excolaboradora comentó a Punto Final el proceso se realizaba por el intermedio de César de la Cruz, un abogado que laboró en su despacho entre junio del 2022 y mayo de este año.
El profesional de 28 años, según el dominical, ascendió de asistente a técnico y de técnico a asesor, llegando a ganar 10 mil soles mensuales. En total, se habría desembolsado hasta 23 mil 333 soles.
“(Él) es su mano derecha, él es quien de alguna manera recoge todos los meses todos los sueldos de los trabajadores de su despacho […] no solo el sueldo, sino también los bonos […] Se le depositaba o nos pedía que sea efectivo”, manifestó la denunciante.
Según la entrevistada de Punto Final, Agüero se justificaba en que Perú Libre tenía gastos y logística, por lo que tenían que dar “una especie de diezmo”. Precisó, además, que el monto superaba el 10%, ya que a veces tenían que aportar por conceptos nuevos, como alimentación y residencia. “Tú sabes, el carro no se mueve solo, se le tiene que poner gasolina”, le habría dicho la parlamentaria a la extrabajadora, de acuerdo a su testimonio a Latina.
¿Qué respondió María Agüero?
Al ser consultada por el programa, la parlamentaria respondió: “A mí nadie me transfiere nada”. “Nada de eso, mis cuentas son transparentes (…) Si tienen entrevistados, denúncienlo”, subrayó. Finalmente, recalcó: “Le estoy diciendo que no es cierto. Simple. No es cierto”
En esa misma línea, una de las colaboradoras involucradas en estos depósitos manifestó que le indignaba que le hagan este tipo de preguntas. “Aunque estén tratando de mellar la imagen de la congresista, porque eso es lo que están buscando de ustedes”, contestó.
César de la Cruz, por su parte, reconoció las transferencias pero deslizó que podrían ser préstamos. “Se habrá hecho algún depósito porque en algún momento yo les he prestado dinero a mis compañeros”, indicó.
Otras denuncias de ‘mochasueldos’
Contracorriente reportó que el congresista Roberto Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Pedro Castillo, también sería uno de los legisladores llamados ‘mochasueldos’, además de haber cometido, presuntamente, delitos contra la administración pública.
El parlamentario de Juntos por el Perú está siendo investigado en el marco de la Disposición Fiscal N.º 248-2022, que detalla su presunta participación en una red de corrupción.
Las acusaciones incluyen delitos de negociación incompatible y otros relacionados con la administración pública, específicamente durante su tiempo al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Según la carpeta fiscal, Sánchez habría utilizado su influencia para designar funcionarios que no cumplían con los perfiles requeridos y permitió prácticas corruptas dentro del ministerio.
El esquema se basaba en el cobro de cupos ilegales, equivalentes al 20% dentro de su despacho, creando un entramado que involucraba a varios funcionarios del ministerio. De acuerdo con las investigaciones, cinco exempleados del Mincetur están también bajo investigación, acusados de actuar como intermediarios, facilitando las operaciones ilícitas en coordinación con el entonces ministro.
Un colaborador eficaz lo ha implicado directamente en un esquema para pagarle a Graciela Palomino Gómez, esposa del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, con el propósito de que no delatara al expresidente Castillo.
Contracorriente reportó que Sánchez habría desviado recursos del partido que lo respaldó, generando un esquema de corrupción que complicó aún más la administración pública durante su gestión en el Mincetur.
