El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días un nuevo paquete de medidas para regular el comercio exterior. Buscará restringir las importaciones de servicios, como fletes y software, por parte de las empresas; y dejará a un grupo de bienes de consumo fuera del régimen de compras automáticas. Además, pasará a tener un control más estricto, por medio del reajuste de un mecanismo que ya existe de importaciones y exportaciones temporales, para que las cerealeras anticipen sus exportaciones, por ejemplo de aceite de soja.
Las medidas serán oficializadas en los próximos días a través de resoluciones de la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini.
El Gobierno busca así aminorar el ritmo de importaciones de algunos rubros que considera que crecieron fuera de lo esperable, algo que, atribuyen, está relacionado a la anticipación de compras al exterior que genera la brecha cambiaria.
Serán tres medidas por las que el Poder Ejecutivo buscará administrar las escasas divisas en las reservas del Banco Central. Por un lado, la AFIP reajustará la fórmula con la que evalúa las condiciones económicas y financieras de las empresas que busquen hacer importaciones de servicios, como licencias de software, consultorias o fletes. Según cálculos del Gobierno, en los primeros seis meses del año este rubro insumió USD 5.500 millones.
A diferencia de lo que sucede en la actualidad, las empresas tendrán que justificar de acuerdo a su situación financiera por qué realizan importaciones de ese tipo y tendrán que solicitar vía declaraciones juradas anticipadas al Gobierno. Antes este tipo de compras al exterior se realizaban sin necesidad de pasar por el SIMI, y el Poder Ejecutivo lo incluirá para “intensificar los controles”, mencionaron fuentes oficiales.
Una segunda medida para restringir importaciones provendrá por la vía de las licencias automáticas y no automáticas, que es uno de los mecanismos que tiene el Gobierno para administrar la velocidad a la que los importadores pueden acceder a las divisas a precio oficial. Tal como habían anticipado desde el equipo económico, el Ministerio de Economía puso la mira sobre bienes de consumo.
En ese sentido, la resolución que se conocerá en los próximos días quitará del grupo de licencias automáticas a unas 34 posiciones arancelarias (entre las que se encuentran bienes variopintos como whisky, waffles, altavoces, fibrones, máquinas para realizar criptominería o máquinas tragamonedas hasta semen bovino, yates y aviones de lujo) y pasarán a tener licencias no automáticas, por lo que la posibilidad de su importación quedará más restringida.
Se trata, estiman en el equipo económico, de unos USD 800 millones que en lo que va del año requirieron estas 34 posiciones arancelarias de las reservas del Banco Central. Algunos de estos bienes de consumo venían registrando hasta 1000% de incremento en su volumen de importación.
Con este reajuste de licencias no automáticas, en el Gobierno estiman que la proporción actual, en la que el 72% de las importaciones son automáticas y el 28% son no automáticas. La resolución que apura la Secretaría de Comercio llevaría esos números a 68% y 32%, respectivamente.
La tercera medida buscará, por otra parte, modificar un esquema de importaciones temporales que nació en 2004 y que contempla compras en el exterior que se realizan como parte de un esquema en el que, con esos insumos, se producen bienes que luego se exportan. Su marco de funcionamiento tiene como fundamento el plazo máximo que el Gobierno establece a esos importadores para que completen el proceso de finalización del producto derivado y su exportación.
No representan la mayor parte de las importaciones ya que según estimaciones oficiales se trata de unos USD 3.086 millones en lo que va del año, de los cuales USD 1.600 millones corresponden a la compra en el exterior de porotos de soja y la venta luego de aceite de soja.
En la actualidad el plazo máximo que tienen según la reglementación es de 360 días más la posibilidad de una prórroga de otros 360 días, es decir dos años. Ese plazo, con la nueva medida que se conocerá en los próximos días, se acortará a 120 días con otro tiempo similar como prórroga, lo que da como resultado ocho meses.
En este caso, promete el Gobierno, no habrá implicancias sobre el ritmo y posibilidad de las importaciones, sino que busca que las cerealeras, que son las que importan el poroto de soja para fabricar el aceite y exportarlo, aceleren ese proceso y liquiden con un plazo mucho más corto. No es una medida que tendrá impacto inmediato: al no ser retroactivo, solo contará para las compras de porotos y su posterior elaboración de aceite que se realice desde que se publique la medida.
SEGUIR LEYENDO:
La Argentina registró en julio déficit comercial por segundo mes consecutivo
Jornada financiera: el dólar libre bajó a $292 y el BCRA compró USD 150 millones en el mercado
