Después de cuatro días cerrada, la Defensoría del Pueblo logró que la Vía Panamericana, que comunica de norte a sur el occidente del país, volviera a ser abierta. La entidad convocó espacios de diálogo con los indígenas Nasa y Awá, quienes habían bloqueado la carretera como forma de protesta contra la violencia de la que son víctimas.
“Gracias al trabajo de mediación de la Defensoría del Pueblo se logró finalizar una minga indígena que mantenía bloqueada la vía entre Tumaco y Pasto, a la altura del corregimiento de Llorente, en Tumaco, y retirar los bloqueos sobre la Vía Panamericana”, informó la entidad este 4 de septiembre.
La Defensoría detalló que desde el pasado 31 de agosto, cuando empezó la protesta, un equipo de la entidad convocó a los resguardos étnicos a dialogar. Así las cosas, se llegó al acuerdo de instalar una mesa de concertación permanente de los resguardos indígenas que, según lo pactado, sesionará el próximo 16 de septiembre.
La Defensoría del Pueblo destacó la voluntad, tanto de los líderes indígenas, como de las autoridades gubernamentales, para encontrar salidas a la situación. Además, la entidad informó que verificará el cumplimiento de los acuerdos adquiridos “en procura de la protección de los derechos de las comunidades indígenas y del derecho a la libre movilización”.
Cuando empezó la protesta, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) aseguró que quienes protestan estaban llamando la atención del Gobierno nacional para que cesen las masacres. Se pidió especial protección para los grupos étnicos que están siendo masacrados o desplazados.
“Bloqueada la vía panamericana en el sector de Pescador y Mondomo. Comunidades indígenas de Caldono reclaman acción urgente del Estado colombiano frente a los múltiples asesinatos. Un acto de protesta con bloqueo intermitente que busca respuestas frente a lo grave de la situación #SOS”, escribió Edwin Mauricio Capaz, consejero Mayor del CRIC, en su cuenta de Twitter.
Hay que recordar que el final de agosto fue trágico para los indígenas, sobre todo del Cauca. El último lunes de agosto se reportó una masacre en Caldono en la que fueron asesinados tres jóvenes comuneros, integrantes de una misma familia que habitaba en el Resguardo de San Lorenzo. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Dizú Nené, su hermano Eduardo Dizú, y su primo Jherson Andrés Nené Zety.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) las víctimas primero ultimaron a Jefferson, de 18 años. Posteriormente, los asesinos buscaron a su hermano y su primo y le propinaron varios balazos.
“Dos sujetos armados con fusil llegaron a la vivienda de las víctimas, que se ubica en la vereda Gualo, y tras preguntar por una persona con el sobrenombre de El Zorro, procedieron a ultimar a los dos jóvenes comuneros al no encontrar respuesta a su requerimiento”, dijeron testigos anónimos al Periódico Virtual, un medio local.
A los problemas de violencia, se suman las diferencias que tienen los indígenas con el Gobierno nacional que los ha señalado de “ocupar tierras ilegalmente”, a lo que los grupos étnicos han respondido que están recuperando territorios que les pertenecen.
Entre otras cosas, la Defensoría del Pueblo dijo que los resguardos, principalmente de la etnia Awá, están exigiendo que se les reconozca su jurisdicción para poder gobernar según sus términos.
“Las comunidades indígenas solicitan, entre otras cosas, el registro como asociación de autoridades tradicionales indígenas para fortalecer su gobernabilidad y gobierno propio, apoyo gubernamental para impulsar programas para el fortalecimiento de las guardias indígenas y mayor inversión social en sus territorios”, informó la entidad.
Así las cosas, todos estos puntos serán hablados por las partes en medio de la mesa de concertación permanente.
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