A través de redes sociales se confirmó la aprobación de la jurisdicción agraria en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, aquel con el que se espera resolver los conflictos que existen por temas de tierras en el país en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz. Con esto, además, lo que se busca es darle vida a una ‘corte agraria y rural’. Lo que queda ahora, para su total implementación, es la realización de otros siete debates.
“La Comisión Primera de la Cámara Colombia sigue cumpliendo: acabamos de aprobar en primer debate la creación de la Jurisdicción Agraria, un proyecto esencial para resolver conflictos por la tierra y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Una deuda histórica empieza a saldarse”, comentó Cathy Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, de la Alianza Verde.
Lo que se busca es que aquella corte agraria y rural esté estructurada por un número impar de magistrados que tendrán que cumplir, para ser elegidos, los requisitos y calidades tal y como se hace en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Tendrán que ser seleccionados por la Corte Constitucional. Tendrán como tarea principal dirimir los conflictos de competencias en la jurisdicción agraria y rural, que no corresponden a otra autoridad judicial.
Esto quiere decir que serán el tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción agraria y rural, de acuerdo con las reglas establecidas en la ley; revisarán las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la jurisdicción agraria y rural; dirimirán los conflictos de competencias en la jurisdicción agraria y rural que no correspondan a otra autoridad judicial; y repararán y presentarán proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.
Este tribunal especial funcionaría por un tiempo que no superará los dos años siguientes a la promulgación del mismo. Es de resaltar que, según un informe de la ONG Oxfam, el 1% de la población en Colombia es dueña del 81% del territorio. Lo que pretende el presidente de la República, Gustavo Petro, es titular 700.000 hectáreas de tierra a 12.000 campesinos.
Fue el pasado sábado 8 de octubre cuando el jefe de Estado firmó, con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, un documento en el que se evidencia la compra de tres millones de hectáreas pertenecientes a los ganadores de Colombia para, posteriormente, ser entregadas a campesinos que no tienen terrenos apropiados para producir.
“Esta foto en mi opinión hará historia. Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del Cambio garantizar tres millones de hectáreas que se compraran, de máxima fertilidad con destino al campesinado. El pacto social y la Paz son posibles”, comentó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.
“Queremos reconocer que es una señal para ese sector que debe apoyar al Gobierno y ese sector privado que sí cree que la reforma agraria es una realidad (…) Eso no es inmediato. El precio depende de qué tan productiva es la tierra, de los precios máximos y mínimos, de lo que diga el catastro. Nosotros estamos estimando la necesidad de crear un fondo con recursos probablemente de algunas vigencias futuras. Estamos mirando cómo sería”, destacó, por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, en una entrevista con Caracol Radio.
“Indudablemente lo más difícil es conseguir los dineros para que, a un ritmo de unas 500.000 hectáreas anuales pudiéramos avanzar (…) Porque esa tierra tiene que tener crédito, tiene que tener transferencias tecnológicas, tiene que tener mecanismos de comercialización. Tiene que tener un proceso de asociatividad regional que nos permita saltar hacia la agroindustria. No solucionar el problema fundamental que genera la violencia es prácticamente condenar al país a carencias, a pobrezas y a la muerte”, comentó Gustavo Petro en medio de una rueda de prensa.
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