El actual gobierno liderado por Gustavo Petro lleva tres meses en el poder, durante ese tiempo, la Superintendencia Nacional de Salud ha ordenado la liquidación de tres programas de salud que venían funcionando en el país: Comfamiliar del Huila, EPS Convida y Comfaguajira. En este sentido, un promedio de 1.3 millones de colombianos han entrado en procesos de reasignación para continuar recibiendo servicios de salud.
Los motivos en común por los que se tomó la decisión de liquidar estas tres prestadoras de salud fue debido a que presentaban muchas irregularidades en el manejo de los presupuestos y en la atención a los pacientes.
Por ejemplo, como lo mencionó Caracol Radio, entre las tres administradoras se suma una deuda superior a los 700 mil millones de pesos, que corresponden a cuentas por pagar a las clínicas y hospitales que hacían parte de su red de prestación de servicios.
Sin embargo, no son las únicas EPS que presentan este tipo de problemas financieros, pues la superintendencia reveló que la cifra de endeudamiento de las EPS con las IPS de todo el país alcanzó los 16,6 billones de pesos. En la lista de las EPS se encuentra: Saludcoop EPS con 4,6 millones de afiliados; Saludvida con 1,1 millones; Emdisalud (445.868); Confacundi (172.618); Confamiliar Cartagena (135.295); Ambuq (768.420); Comparta (1,5 millones); Coomeva EPS (1,1 millones); Medimás EPS (1,5 millones).
Algunos políticos a favor del gobierno ha manifestado su desacuerdo con continuar con las EPS, un tema que divide a los colombianos. Gilberto Tobón Sanín señaló: “Las EPS son unos rentistas parasitarios, producto del neoliberalismo. Su intermediación es tan nefasta, que adeudan más de $20 Billones a los hospitales y no garantizan un óptimo servicio de salud. Se tienen que abolir”.
Recordemos que la primera EPS que fue liquidada fue la de la caja de compensación familiar Comfamiliar, en el departamento del Huila. La justificación expuesta por Ulahy Beltrán López, el superintendente de Salud fue que pese a las oportunidades dada “no logró implementar acciones contundentes que permitieran garantizar una atención integral a los ciudadanos”; lo que quiere decir, que pone en riesgo la vida de los 541.000 ciudadanos de los departamentos de Huila y Boyacá que tiene a cargo.
“Esta Entidad Promotora de Salud no logró implementar acciones contundentes que permitieran garantizar una atención integral a los ciudadanos. No podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”, dijo Ulahy Beltrán.
Y finalizó la intervisión señalando, el compromiso que tienen: “Nos hemos comprometido a convertir la Supersalud en una entidad resolutiva, que sea aliada y solidaria de los ciudadanos, para que el respeto por el derecho a la salud se vuelva una costumbre y deje de ser solamente discurso y retórica”.
Ante el anunció del superintendente se pronunció el gremio de cajas de compensación, Asocajas, y aseguró que pese a que respeta lo dictado por el ente regulador, hace un llamado a que se reflexione sobre las consecuencias y el impacto que puede traer esta decisión.
“Hacemos un llamado a reflexionar sobre el impacto que genera este tipo de decisiones frente a los pacientes, a quienes se debe definir rápidamente una ruta de atención, frente a las personas vinculadas a la EPS por la afectación laboral, y frente a las entidades receptoras que se ven afectadas financiera y operativamente”, puntualizó el gremio de la salud.
La situación de esta prestadora de servicio puso en alerta a las autoridades desde el 2019, debido a las múltiples quejas de sus usuarios que pasaban desde la atención hasta las denuncias por negligencia en la atención. Revista Semana, por ejemplo, señaló que en lo corrido del 2022 se registraron más de 8.267 peticiones, quejas y reclamos de los afiliados. Además, en los cinco primero meses del año el número de tutelas aumento llegando a 749.
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