Ciudad de Guatemala, 22 nov (EFE).- El proceso judicial en contra de la excandidata a diputada guatemalteca, Marcela Blanco, continuará el próximo viernes, tras dos días de audiencia por un supuesto caso de daños al patrimonio nacional, en donde también se vincula al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
La reprogramación fue decidida este miércoles por el juez penal Víctor Cruz, después de más de ocho horas de audiencia en un proceso judicial que empezó el lunes para Blanco y otras cinco personas, detenidas desde el 16 de noviembre por el mismo caso.
Cruz, sancionado por Estados Unidos desde 2022 con el retiro de su visa bajo señalamientos de corrupción, está a cargo del caso en contra de Blanco, excandidata a diputada del partido Movimiento Semilla, el mismo de Arévalo de León.
El juez podría decidir el próximo viernes si imputa o no a Blanco y a los otros cinco detenidos, en un expediente de acusación donde el Ministerio Público (Fiscalía) ha solicitado 27 detenciones y el retiro de inmunidad para Arévalo de León y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
«Es triste que mi hija esté detenida por expresar lo que piensa y lo que siente», dijo la madre de Blanco, Brenda Fuentes, durante una entrevista con EFE realizada en los pasillos del Organismo Judicial guatemalteco.
Blanco, una comunicadora de 23 años, fue señalada por la Fiscalía de utilizar sus redes sociales para supuestamente generar «violencia, hostigamiento y desorden» en 2022, durante una toma de la universidad estatal del país por parte de estudiantes que denunciaron anomalías en la elección de autoridades internas.
Durante la audiencia de este miércoles, el Ministerio Público presentó una serie de vídeos y capturas de publicaciones de redes sociales con los que pretende vincular a los acusados con la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos por parte de estudiantes.
Las supuestas pruebas que la Fiscalía ha presentado contra Blanco y los otros sindicados son publicaciones en redes sociales, específicamente en X (anteriormente llamada Twitter) y TikTok.
Por este mismo caso, la Fiscalía busca que se le retire la inmunidad a Arévalo de León y a su vicepresidenta, Karin Herrera, por los delitos de asociación ilícita, depredación de bienes y usurpación agravada.
Desde el 12 de julio, el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, ha intentado revertir los resultados de los comicios celebrados este año, ganados por Arévalo de León de forma sorpresiva.
El presidente electo ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta ha utilizado a la Fiscalía para efectuar un “golpe de Estado” con el fin de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por «desconocer la voluntad popular expresada en las urnas».
