Han pasado ya más de 40 años desde que se aprobará en España la Ley del Divorcio en el Congreso de los Diputados. En el año 1981 se aprobó esta legislación, marcando un hito muy importante en la historia legal y social del país.
Desde ese momento, el número de parejas que deciden acabar con sus matrimonios crece cada año. En 2023 se divorciaron 92.344 parejas, lo que sitúa la tasa nacional de disoluciones de enlaces por cada 100.000 habitantes se situó en 192,1. Ya sea de mutuo acuerdo o por lo contencioso, los divorcios suelen ser procesos largos y caros.
Por esta razón, desde el año 2005, en España existe un procedimiento legal conocido como divorcio express que permite a los cónyuges terminar su matrimonio de manera más rápida y sencilla en comparación con los métodos tradicionales. Este proceso simplificado ha sido adoptado por muchas parejas que buscan una manera eficiente y menos costosa de resolver sus divergencias.
El divorcio express puede solicitarse una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo en poner fin a su relación. El proceso destaca por su rapidez en comparación con otros procedimientos judiciales. Este procedimiento puede resolverse en un plazo de entre dos a tres meses. En contraste, un divorcio contencioso puede prolongarse hasta un año o más si alguna de las partes decide apelar la sentencia inicial.
Para iniciar un divorcio express, ambos cónyuges deben estar de acuerdo con los términos del convenio regulador. Este documento, que debe ser elaborado con la ayuda de abogados y procuradores, especificará aspectos esenciales como la custodia de los hijos, el régimen de visitas, el uso de la vivienda familiar, y la pensión de alimentos, entre otros. El convenio regulador debe luego adjuntarse a la demanda que se presente ante el juzgado.
¿Cuánto cuesta un divorcio express?
El proceso de divorcio express se puede llevar a cabo de diferentes maneras. La primera es mediante procedimiento judicial, en la que se requiere la representación de un procurador y la asistencia de un abogado. Utilizar los servicios de un solo abogado y procurador puede reducir significativamente los costos, que pueden oscilar entre 400 y 1.000 euros para los honorarios del abogado y entre 120 y 200 euros para el procurador. Además, es necesario incluir el costo de un poder notarial, que varía entre 40 y 60 euros, aunque este gasto puede evitarse mediante el apoderamiento “apud-acta”, con validez legal y libre de costos.
Por otro lado, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 permite realizar un divorcio mediante escritura pública ante un notario, siempre que la pareja no tenga hijos menores de edad o incapacitados. Este procedimiento requiere también la asistencia de un abogado y los costos pueden variar según el acuerdo con el abogado y los aranceles notariales, que rondan entre 150 y 200 euros, incrementándose si se realiza la liquidación del régimen económico del matrimonio. En el caso de que existan hijos mayores de edad, deberán comparecer y firmar junto a sus padres ante el notario si les afectan las medidas adoptadas.
Los honorarios de los abogados en ambos tipos de procesos dependen de factores como la redacción del convenio regulador, reparto de bienes y posibles pensiones compensatorias. Estos costos pueden negociarse con el cliente, ajustándose a la complejidad de cada caso específico.
