La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado este sábado que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía, anulando sus condenas y ordenando a la Audiencia de Sevilla que emita nuevas sentencias con la fundación incorporada por esta máxima instancia. María Jesús Montero ha participado este sábado en Sevilla en la reunión de la Interparlamentaria socialista andaluza de inicio del curso político, donde ha felicitado al PSOE-A ante el hecho de que el Constitucional haya «hecho justicia». En concreto, el Tribunal Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, ha admitido parcialmente los recursos de amparo de diez de los ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por la Audiencia de Sevilla por prevaricación y en otros casos también por malversación, en el procedimiento específico de financiación autonómica de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas. Dado el caso, el TC ha anulado la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla con relación a exdirigentes socialista de la Junta como los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. En ese sentido, el Constitucional ordena a la Sección Primera de la Audiencia que retrotraiga el procedimiento judicial al momento previo a dictar sentencia y emita un nuevo fallo teniendo en consideración los fundamentos jurídicos incorporados por el tribunal al asunto; como por ejemplo que «no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo». Ante ello, Montero ha celebrado que se haya «conocido la verdad de un caso falso, montado para derrocar y desgastar» al PSOE andaluz como partido al frente de la Junta de Andalucía, en alusión al papel del PP-A como acusación popular en la causa; que en su totalidad, en sus múltiples piezas separadas, abarca situaciones como decenas de personas prejubiladas con cargo a ERE promovidos por empresas en las que estas personas no trabajaban o ayudas arbitrarias a empresas cuya ilicitud han reconocido diferentes beneficiarios que han aceptado condenas reducidas por acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el resto de acusaciones. Así, Montero ha lamentado la situación de los «presidentes y consejeros vilipendiados» e incluso encarcelados en el caso de varios dirigentes del segundo cupo, fruto de que al PP-A «le interesaba conseguir por la vía no democrática lo que no podía lograr en las urnas». «Siguen faltando al respeto a los tribunales porque ahora no les dan las resoluciones que a ellos les interesan», ha lamentado.
