Además de enfrentar una causa penal por poner en riesgo la salud pública del país, el joven de 21 años que regresó en barco a la Argentina proveniente de Uruguay sin informar que tenía coronavirus, aunque presuntamente ya lo sabía, será también demandado por las autoridades del Gobierno porteño, que le reclaman 700 mil dólares por los costos del operativo sanitario que se realizó cuando el buque en el que viajaba llegó al puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta se presentó como querellante en la denuncia original contra el sospechoso, la cual se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez, con la intervención de la fiscal María Alejandra Mángano.
La cifra que está en juego sería el total por el traslado de las ambulancias del SAME y los profesionales hasta la sede de Buquebus, donde se tomaron las medidas de prevención correspondientes para evitar nuevos contagios, y el traslado a un hotel cercano de los otros casi 400 pasajeros que iban en el mismo navío.
El joven, que vive en Belgrano, ya enfrentaba una grave situación judicial: cuando llegó al país, se le inició un sumario en virtud de los alcances del DNU dictado por el presidente Alberto Fernández, que promovió la aplicación de artículos del Código Penal para este tipo de conductas.
La investigación comenzó luego de que el jueves pasado por la noche se activara el protocolo especial por un posible caso de coronavirus en un barco con 400 pasajeros a bordo proveniente de Colonia. La alarma se encendió luego de que una persona le informara al capitán que en un kit rápido (no definitivo) para detectar COVID-19 había dado positivo. De inmediato, se reportó la novedad a la empresa y a las autoridades de la Prefectura Naval Argentina y de sanidad de fronteras para que se montara el operativo previsto para este tipo de situaciones.
El buque Juan Patricio -que también quedó fuera de circulación, en cuarentena- había partido ese mismo día a las 18:30 desde la ciudad uruguaya y arribó a las 19:30 al puerto de Buenos Aires. Allí lo esperaban autoridades sanitarias nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, que en forma inmediata procedieron a la evacuación del joven para trasladarlo a un sanatorio.
Luego se supo que el joven había estado recientemente en Europa y que no había informado previamente de esta situación a los empleados del buque, como tampoco lo hizo sobre los síntomas compatibles con la enfermedad, que supuestamente ya había comenzado a sentir.
Debido a la posibilidad de contagio y la necesidad de garantizar la cuarentena de todos las personas que iban en el barco, los más de 300 pasajeros fueron alojados en el Hotel Panamericano del centro porteño. La administración de Rodríguez Larreta pretende ahora que este gasto y los demás del operativo corran por cuenta del presunto responsable.
En tanto, la fiscal Mángano y el juez Luis Rodríguez aguardaban los resultados de los análisis realizados en Buenos Aires para determinar si esta persona tiene efectivamente coronavirus. Si el resultado fuera positivo, se le podría llegar a aplicar una de las figuras más graves que contempla el Código Penal. Podría ser imputado en los términos del artículo 202, que prevé “reclusión o prisión de tres a quince años” para «el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
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