“Necesitamos la regulación legal del autocultivo de cannabis. Estamos en emergencia”. La organización Mamá Cultiva Argentina se adelantó a los tiempos formales y, antes de que asuman el gobierno del país, les hizo llegar al presidente electo, Alberto Fernández, y a su vice, Cristina Kirchner, una carta que transmite la necesidad de cambiar el paradigma de los últimos casi 90 años en relación con el cannabis, su prohibición y los prejuicios que giran alrededor de esta planta, usada por el hombre desde hace al menos 10.000 años.
El texto -al que accedió Infobae- se difundirá el miércoles en las redes sociales de la organización y durante un taller abierto que brindarán por la tarde sus referentes frente el Congreso de la Nación, y expresa una posición que manifiesta todo el colectivo de usuarios (medicinal y “recreativo”) de la marihuana: el actual es un modelo que persigue y criminaliza a los usuarios y cultivadores y la ley de uso medicinal, reglamentada a fines de 2017, está a distancias planetarias de resolver las necesidades de los enfermos.
Por eso, Mamá Cultiva les requiere, en una narrativa amable, a los Fernández que apenas asuman consideren la necesidad de sacar de la ilegalidad especialmente a las mamás, papás, amigos y familiares de usuarios que cultivan la planta para mejorar su calidad de vida, y también a los que la usan para evitar contacto con el narcotráfico, que con la actual ley de drogas podrían pasar hasta 15 años en prisión por tener o cultivar para los usos terapéutico o adulto.
“Entendemos que el Estado y sus organismos tienen la obligación y la capacidad de protegernos para que podamos llevar a cabo esta actividad. También que el CONICET, junto a las Universidades Nacionales, y organismos como ANLAP e INTA cuentan con la capacidad instalada y la voluntad de participar e investigar, si se les otorga el presupuesto y se prestigian los recursos humanos que han resistido a las políticas neoliberales de los últimos años”, remarca en un párrafo, en relación a la casi nula actividad de estos organismos públicos, que no han recibido el impulso para gestionar proyectos que sirvan para que los usuarios medicinales tengan un acceso real a los aceites, ya sea producidos en Argentina o importados vía ANMAT.
En ese sentido, advirtieron que, pase lo que pase, mantendrán su posición actual, nacida de la urgencia, de fabricar su propio remedio : “Seguimos y seguiremos cultivando como venimos haciéndolo: nuestro dolor no puede esperar. Queremos dejar de ser delincuentes a los ojos de la ley y para eso, necesitamos que la autonomía que tanto nos costó conseguir sea preservada por un Estado que no nos quite la posibilidad de ayudar a nuestres familiares a aliviar sus padecimientos”.
Los integrantes de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina (hay decenas en el país, además de cultivadores solidarios particulares) forman parte de una red de sostenimiento que abraza y contiene la necesidad de la sustancia de miles de enfermos de las dolencias más diversas: desde cáncer hasta artrosis, de epilepsia refractaria a Parkinson, de fibromalgia a glaucoma. Hacen lo que el Estado no.
Ponen en riesgo su libertad, bajo el ojo condenatorio de una ley sancionada en en otro contexto y paradigma (año 1989), un eventual futuro en prisión, para resolver una demanda que no evacúa la salud pública.
Algo de eso quedó claro durante las audiencias en comisiones de Diputados y Senadores, realizada durante 2016, donde las madres contaron las historias terribles de sus hijos, y de qué forma “la marihuana” y la ayuda de los cultivadores les había cambiado la vida.
Sin embargo, la ley salió con un artículo ambiguo que no permite el autocultivo. Su reglamentación conformó el “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Covencionales” que prácticamente no funciona.
Para que el usuario acceda a la sustancia, el Estado exige comprobaciones científicas hechas en el país. De momento, como solo considera comprobado el efecto sobre la epilepsia refractaria, los que sufren esta enfermedad son los únicos “privilegiados”. A pesar de que según el neurólogo infantil Carlos Magdalena, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y jefe de Neurofisiología de la UBA, en el estado actual de la ciencia, el cannabis cuenta con más de 45 aplicaciones médicas.
Pero no se tienen en cuenta. El Estado no los acepta, a pesar de que hay cientos de papers publicados al respecto. «Acceder al aceite importado está burocratizado”, denunció recientemente en un informe sobre la judicialización de casos el Ministerio Público de la Defensa.
De esta forma, además, quedó afuera de la legislación la experiencia de los cultivadores y usuarios medicinales, los dueños del bagaje informativo clave para la prescripción médica: ellos son los que saben empíricamente desde qué cepas (hay cientos) trabajan mejor en determinadas dolencias o formas de cultivo, hasta la administración de las dosis.
“En el año 2017 logramos, junto a otras organizaciones, que se aprobara la Ley 27.350: una legislación insuficiente, que no se cumple y cuya autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación, dejó de existir en septiembre de 2018, degradado a Secretaría. Esta ley no contempla en su letra el autocultivo de cannabis. Es por ello que quienes elegimos este camino para dar a nuestres familiares calidad de vida, seguimos criminalizades por las políticas de seguridad prohibicionistas y represivas”, dice la carta, y agrega: “Somos ciudadanas que hemos luchado contra las políticas prohibicionistas y anti-derechos que Patricia Bullrich encarna pero que sostienen un vasto entramado de opresiones. Y lo hemos hecho con la firme convicción de que no hay justicia social sin derecho a la salud”.
“Desde Mamá Cultiva Argentina trabajamos a diario para cumplir con un rol que el Estado hoy no ejerce: cuidar, sostener, asesorar y acompañar a las miles de personas que han encontrado en el cannabis el bienestar que el sistema de salud (tan golpeado y sobrepasado desde siempre) no ha podido brindarles”, dice la misiva de la organización, que cierra: “Presidente, vicepresidenta: somos mujeres, madres, hermanas, hijas, cuidadoras que cultivamos marihuana para la salud. A la planta le debemos nuestro empoderamiento”.
Las organizaciones cannábicas tendrán un camino cuesta arriba en su lucha, al menos en los primeros meses, donde Fernández ya marcó las cuestiones prioritarias, y son el hambre, la economía y el trabajo. En materia de derechos individuales y salud, el aborto legal, seguro y gratuito aparece como asunto más urgente que el del cannabis. En los últimos días, tras su participación en la presentación del libro “Somos Belén”, de Ana Correa, se supo que el tema será impulsado en la Legislatura por el propio (futuro) Presidente.
No obstante, hay un colectivo inmenso que demanda el acceso regulado al cannabis. Es gente con dolor. Las historias que orbitan alrededor de la necesidad de acceder al cannabis son miles. En el estado de “legalidad precaria” actual, con el autocultivo prohbido, pero esencial para fabricar el aceite, muchos casos llegan a la Justicia y mucha gente va presa. Lo mismo ocurre con los usuarios “recreativos”. Los detenidos por la ley de drogas ocupan casi la mitad de la torta del total de presos en cárceles federales.
Mientras decenas de organizaciones de salud, Derechos Humanos y cannábicas se organizan para pedir de manera unificada una regulación del cannabis, de momento no se conoce qué ideas tiene al respecto Fernández. “Está con temas más urgentes”, comentaron allegados. En julio pasado el presidente electo sí manifestó sus consideraciones sobre la criminalización de los usuarios: “La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”, dijo en un programa de Radio con Vos.
Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, lo sabe. En los últimos tres años, ella se convirtió en una de las más importantes referencias dentro del universo que lucha por regular el cannabis para todos sus usos. Formó con otras madres esta organización, inspirada en su par chilena, tras descubrir los efectos que el aceite de cannabis generaba en su hijo Emiliano, un niño que hasta esa época tomaba drogas muy fuertes tan fuertes para combatir la epilepsia que lo llevaron al autismo.
“Después de más de tres años con los pies en el barro generando una red de salud comunitaria que está por fuera del sistema médico hegemónico, y en un contexto de persecución y criminalización, creemos que en el momento del cambio de timón«, dice Salech a Infobae. Y agrega: “Cuando se ordenen las fichas de prioridades, quienes asumen tienen que saber que hay una urgencia sanitaria que nadie está viendo, o que actualmente se esfuerzan en que siga siendo invisible”.
Valeria siente un compromiso comunitario, ya no es sólo su lucha: “Nosotras -remarca- cuando se aprobó la ley sabíamos que era deficiente y asumimos un compromiso con las cientos de miles de personas que están buscando en el cannabis mejorar su calidad de vida. Esto es una emergencia, no son personas que pueden esperar, están viviendo mal y necesitan una respuesta real del Estado. Creemos que es el momento de ponerle luz a esta problemática. Es un llamado desesperado”.
La carta completa
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