Miles de chilenos volvieron a las calles de Santiago este lunes, golpeando ollas y haciendo sonar las bocinas de sus automóviles, para lanzar la segunda semana de protestas contra las presiones por el costo de vida y la desigualdad de ingresos.
Al menos 11 personas han muerto, 200 resultaron heridas y más de 1.500 fueron detenidas mientras la nación de 18 millones de habitantes, durante un largo tiempo un faro de estabilidad y prosperidad en Sudamérica, se ha convertido en el último país Latinoamericano que estalla en violencia.
Los manifestantes convocaron a una huelga general el lunes. El presidente Sebastián Piñera dijo que el país estaba en guerra. El estado de emergencia continuó y las autoridades decretaron más toques de queda. Pero después de un fin de semana sangriento, algunos servicios públicos reanudaron sus operaciones, y algunos negocios reabrieron.
La Alta Comisionada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó este lunes al diálogo y pidió investigaciones independientes y el fin de la “retórica incendiaria”.
“Estoy muy preocupada y triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile”, tuiteó Bachelet, la predecesora de Piñera como presidenta de la nación andina. “Exhorto al Gobierno a trabajar con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios. Urjo a los que planean participar en las protestas a hacerlo pacíficamente”.
Las manifestaciones dirigidas por los jóvenes, provocadas la semana pasada por un aumento en las tarifas del metro de la capital, han crecido y se han extendido incluso después de que Piñera rescindió dicho aumento. Los manifestantes han cerrado el transporte público, saqueado supermercados y farmacias, y han prendido fuego a estaciones de metro y edificios gubernamentales.
Piñera, quien retornó a la presidencia el año pasado después de gobernar de 2010 a 2014, ha respondido con el despliegue de más de 10.000 tropas en la operación más larga desde la dictadura de Augusto Pinochet, hace más de tres décadas. Las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos y balas de gomas contra las multitudes.
Tres civiles murieron la noche del domingo, dijeron las autoridades. Uno recibió un disparo y dos murieron durante un incendio en un supermercado. Cincuenta miembros del personal de seguridad fueron heridos gravemente.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, dispuesto a usar la violencia sin límites”, expresó Piñera en un discurso televisado a nivel nacional el domingo por la tarde.
Pero el lunes por la mañana, el líder de las fuerzas armadas trató de corregir su afirmación.
“No estoy en guerra con nadie”, le dijo a los reporteros el General Javier Iturriaga.
El caos siguió a las protestas contra la austeridad y la corrupción en Haití, Ecuador, Perú, Argentina y Honduras, entre otros países. Pero se suponía que Chile era diferente. El país encabeza a Sudamérica en prácticamente todas las tablas: PIB per cápita, Índice de desarrollo humano de la ONU y múltiples clasificaciones en cuestión de libertad.
“Todos los que siguen a Latinoamérica están viendo y diciendo ‘Oh, dios, ¿también Chile?’”, dijo Brian Winter, vicepresidente de política en la Sociedad de las Américas/ Consejo de las Américas.
¿Por qué están protestando los chilenos?
El aumento del 4% en las tarifas del metro provocó pequeñas manifestaciones hace una semana. La mitad de los trabajadores de Chile gana USD 550 al mes o menos, de acuerdo con el instituto nacional de estadísticas, lo que hace que el transporte público sea un gasto significativo para muchos que viven y trabajan en la capital.
Al final de la semana pasada, el movimiento se había convertido en manifestaciones masivas contra el aumento en el costo de vida y un modelo económico que los chilenos dicen enojados que genera un crecimiento desigual.
La expansión constante en las últimas dos décadas le ha dado a la nación la clase media más grande y una de las tasas de pobreza más bajas en la región. Pero la alta desigualdad se ha mantenido prácticamente igual, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).
Los manifestantes se han quejado de la costosa educación privada y de la atención médica, el aumento del costo del servicio público y de la reducción de las pensiones. En junio, el precio de la electricidad aumentó un 10 por ciento.
“Durante más de una década, estudios han advertido de la creciente frustración con las condiciones de vida en Chile”, señaló Jorge Contesse, profesor de derecho en la Universidad de Rutgers. “A pesar de ello, nos siguen diciendo que esto era imprevisible”.
“Chile está gobernada por una constitución que fue elaborada bajo la dictadura y que, a pesar de reformas significativas, ha dejado la infraestructura política y legal fundamental sin modificar y sin responder a las demandas de miles, si no es que de millones, de chilenos”.
Algunos están enojados con Piñera, un millonario educado en Harvard que, algunos dicen, está fuera de contacto con la gente. Muchos se sienten atrapados con la combinación del incremento de costos y una desaceleración económica.
“El malestar que mantiene a muchas personas movilizadas es el de un modelo que privatiza y lucra con todos los aspectos de nuestras vidas”, tuiteó Emilia Schneider, directora de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. “Alza del pasaje fue la gota que rebalsó el vaso”.
Añadió que ningún gobierno previo había sido capaz de resolver el problema.
¿Quién está protestando?
Todo comenzó con estudiantes universitarios, que irrumpieron en las estaciones de metro la semana pasada sin pagar, entonando consignas y pintando las paredes con spray. Las protestas continúan dominadas por estudiantes, pero chilenos de todas las edades, obreros y profesionales, se han unido. Los políticos de la oposición también han participado.
Patricio Navia, un científico político chileno de la Universidad de Nueva York (NYU), destacó la alienación de la clase media.
“El gobierno de Piñera siempre se ha preocupado por reducir la pobreza y también ha diseñado políticas que ayudan a los ricos, por lo que la clase media se siente abandonada”, explicó. “La clase media ha estado creciendo en Chile, pero con una economía en desaceleración, sienten que les ofrecieron un camino hacia la tierra prometida y nunca se les permitió realmente entrar”.
Los manifestantes han señalado al transporte público. Al menos 16 autobuses y ocho estaciones de metro han sido quemadas, y el servicio se ha suspendido. El director general del metro de Santiago, Rubén Alvarado, dijo el domingo que las pérdidas llegarían a “mucho más de los USD 200 millones”.
Al menos 90 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Santiago a lo largo del fin de semana, de acuerdo con medios locales. Más de 5.000 personas durmieron en el aeropuerto el sábado por la noche. Más de 20.000 casas en Santiago no tuvieron electricidad el domingo y 152 semáforos resultaron dañados.
Para el lunes, algunos servicios fueron restaurados. El ministro de energía, Juan Carlos Joebt, dijo a los periodistas que 76 estaciones de gas habían sido destruidas durante el fin de semana, pero que “no había problemas” con la disponibilidad el lunes. Dijo que más del 99% de los chilenos recuperaron su electricidad.
¿Cómo ha respondido el gobierno?
Piñera declaró el estado de emergencia en seis ciudades el sábado, restringiendo los derechos de movimiento y reunión durante 15 días. El Ejército ha declarado toques de queda nocturnos en tres ciudades. Las fuerzas de seguridad han tirado gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Videos que circulan en redes sociales muestran a los manifestantes auxiliando a compañeros heridos
Piñera dijo el sábado que el precio del metro se revertiría y llamó al diálogo. Líderes estudiantiles y la oposición rechazaron el llamado hasta que el estado de emergencia fuera cancelado y los soldados regresaran a sus cuarteles.
Piñera se reunió el domingo con líderes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte. El objetivo, dijo, era “buscar formas de reducir las desigualdades excesivas y los abusos que continúa enfrentando nuestra sociedad”. Predijo que el lunes sería “un día difícil”. También manifestó que aquellos que causaban violencia “tienen un nivel de logística que es característica de una organización criminal”.
“Nos enfrentamos a un enemigo poderoso que no respeta a nadie”, dijo. “Que está dispuesto a usar la violencia sin límite, incluso cuando eso significa la pérdida de vidas humanas”.
Distinguió entre los manifestantes radicales y aquellos que estaban en las calles para demandar mejores condiciones de vida.
“Compartimos muchas de sus preocupaciones”, aseveró. “Les pido que nos unamos en esta batalla que no podemos perder.»
Bachelet dijo que cualquier estado de emergencia “debe ser excepcional y estar basado en la ley».
“Hay denuncias inquietantes de uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y también estoy alarmada por los reportes de que a algunos detenidos se les está negando el acceso a abogados, que es su derecho, y que otros han sido maltratados mientras estaban detenidos”, expresó.
No se esperaba que las protestas pusieran todavía en peligro a Piñera antes de que su mandato finalice en 2022.
¿Por qué Latinoamérica ha estallado en disturbios?
Como en Chile, manifestantes en Ecuador y Argentina han sido exitosos en forzar a líderes políticos a realizar concesiones, los cuales analistas dicen que provocarán más protestas. El creciente acceso a redes sociales también ha ayudado a acelerar estos movimientos.
Pero, detrás de todo, dicen los expertos, están las expectativas incumplidas, ya que el amplio crecimiento durante el auge de los productos básicos entre 1990 y el 2000 se ha estancado en la última década a medida que los precios mundiales han caído, lo que generó frustración no sólo contra líderes políticos sino también contra todo el sistema económico y democrático.
Según el Banco Mundial, la tasa de crecmiento anual del PBI (Producto Interno Bruto) en Latinoamérica aumentó de 0,3% en 1990 a casi 6% en 2010. Pero desde entonces se ha reducido más rápido que el promedio mundial, a 1,4% en 2018.
La confianza en el sistema político, mientras tanto, ha alcanzado su punto más bajo. La encuestadora Latinobarómetro descubrió que menos del 25% de la población de la región está “satisfecha con la democracia en su país”.
“A medida que la economía se desaceleró en la última década en todas partes en la región, la gente no ve que sus vidas mejoren tanto como esperaban y arremeten contra sus gobiernos y todo el sistema”, expresó Winter.
Con el aumento de la frustración contra los líderes de centroderecha en Chile, Ecuador y Argentina, predijo un creciente apoyo para los izquierdistas.
“Es como mirar a un pez girar sobre una mesa”, señaló Winter. Nadie es realmente capaz de darle a la gente lo que quiere, por lo que elige a alguien del otro lado del espectro político.
“O la gente tiene expectativas irreales o nadie ha aprovechado las reformas que realmente podrían hacer que Latinoamérica vuelva al camino del crecimiento”, explicó. “Creo que es lo último”.