El incremento de la violencia en la línea fronteriza ha causado alarma en los municipios Bolívar y Ureña del Táchira. En solo 10 días, van seis jóvenes venezolanos muertos, que han sido asesinados por grupos criminales de los que controlan el lugar. Los matan allí y lanzan los cadáveres al otro lado del río, entre El Escobal y Villa del Rosario, en tierra colombiana. Las autoridades venezolanas no quieren ni siquiera levantar los cadáveres de quienes han caído en territorio limítrofe.
Durante todo el año 2019 el enfrentamiento entre organizaciones ha dejado una estela de cadáveres, desplazados, amenazados y terror. Por una parte, los diversos grupos paramilitares y los guerrilleros disputándose el territorio venezolano en la frontera, porque eso les permite controlar la poderosa industria del contrabando, o por lo menos parte importante de ella.
Ante ello el profesor Javier Tarazona, quien es el director general de la ONG Fundaredes, se presentó, con un grupo de defensores de derechos humanos, ante la Defensoría del Pueblo, para exigir la actuación del Estado venezolano y los organismos de seguridad. Denunció el peligroso crecimiento de las cifras de violencia en la frontera. “Sólo el mes de octubre dejó un saldo sangriento de 33 personas asesinadas en Táchira”, resaltó.
Agregó que “entre el domingo 27 y el jueves 31 de octubre de 2019, se contabilizan ocho personas asesinadas en la frontera, por disputas entre grupos armados irregulares, guerrilla y paramilitares que operan en los distintos pasos ilegales o trochas”.
La Fundación Redes venía funcionando desde 1998, pero desde el año 2002 se organizaron mejor, tomaron mayor impulso, de manera que en los últimos dos o tres años, se ha enfocado de manera más activa en la situación de la frontera, especialmente denunciando la presencia e influencia de los grupos irregulares armados.
Crearon redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la organización social a favor de la democracia, según reflejan en su presentación.
Los activistas de Fundaredes le hacen seguimiento a la situación de la violencia fronteriza y de ahí destacan que el balance del mes de octubre es dantesco. “En todo el mes fueron asesinadas 33 personas en este territorio, sin que se tome ninguna medida para frenar a los delincuentes que se apoderaron de la zona y mantienen atemorizada a la población”.
Tarazona explica que la trocha binacional La Isla, en el sector Viejo Escobal, municipio Pedro María Ureña, ha sido escenario en las últimas semanas de asesinatos a sangre fría, con el mismo modus operandi. “Desaparecen a las víctimas, las torturan y luego dejan sus cuerpos, en algunos casos esposados, sin que ninguna autoridad investigue los casos, pues ni siquiera recogen los cadáveres”.
El contralor
Cumpliendo con el proceso de rigor, Tarazona dice que acuden a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía del Ministerio Público, “para exigir que se atienda incluso a los muertos, porque es tan dantesco lo que ocurre que el Estado abandonó hasta a sus muertos, no son capaces ni de recoger a las personas que caen en medio de estos enfrentamientos”.
Narra que el miércoles 30 de octubre lograron conocer que equipos de investigación colombianos levantaron, por razones humanitarias, dos cadáveres de venezolanos asesinados en las últimas 48 horas. “Lamentablemente, muchos de los asesinados son adolescentes con edades entre 14 y 16 años, lo cual evidencia otra violación a los derechos de esta población, pues se trata de jóvenes que, en su mayoría, están ligados a actividades ilegales que coordinan los grupos armados”.
FundaRedes rechaza el abandono que el Estado venezolano tiene del territorio fronterizo. “También la inacción y la complicidad de los funcionarios de los cuerpos de seguridad con los grupos irregulares, el silencio ante el asesinato de tantos ciudadanos y el hecho de que las trochas sean espacios sangrientos y de la economía ilegal paralela”.
Es inaudita la complicidad y tolerancia para que los grupos guerrilleros desarrollen actividades en Venezuela, como el caso del Frente Urbano Gustavo Villamizar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera abiertamente en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del Táchira y frente a eso el Estado venezolano actúa de manera complaciente.
Como ejemplo de lo que sucede, con los grupos irregulares, coloca el caso del comandante Lucas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuya organización envía una comunicación a Diosdado Cabello abogando por su liberación, cuando ocurrió un asalto a un fuerte militar de Apure.
Hay muchos hechos, según resalta el equipo de FundaRedes, que “demuestran la situación de indefensión en que se encuentran los ciudadanos, ante las actuaciones perversas de organizaciones terroristas como el ELN”.
Finalmente dijo Tarazona que están desarrollando un trabajo de investigación y documentación, sobre las trochas y las actividades específicas que se llevan a cabo en los pasos fronterizos.
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