Nuestro país, como muchos en Latinoamérica, ha visto crecer el flagelo del narcotráfico en su peor versión. Durante muchos años pareció que esta problemática no estuvo en agenda de los gobiernos peronistas y fueron varias las oportunidades en las que se le restaba importancia.
El avance de este delito tuvo distintas versiones según la óptica que le daban los funcionarios de turno. Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, aseguraba en 2015 que una de esas teorías. “La Argentina es un país de tránsito, no de producción”, afirmaba el funcionario en los medios de comunicación. Aún no se hablaba del caso de contrabando de efedrina.
Luego de cuatro años de gestión, Cambiemos había logrado avanzar varios casilleros en materia de seguridad: bajó la tasa de homicidios y se aumentó de manera sustancial la incautación de drogas en todo el territorio argentino. Es decir, hubo una política clara. Nadie puede cuestionar lo actuado.
Durante el período 2015-2019 se realizaron un 151% más de procedimientos antidrogas y se logró de esta manera un récord en la incautación de estupefacientes. Con algunas de las propuestas del nuevo gobierno, la situación parece dar un paso atrás.
Desde que fue designada ministra de Seguridad, Sabina Frederic no ha dejado de tomar medidas polémicas, que dan por tierra varios avances que en los últimos años se han logrado en la materia.
Una de ellas fue la decisión de derogar los protocolos para el uso de armas de fuego y Taser. De un plumazo modifica una resolución que brindaba certezas y herramientas a las fuerzas de seguridad. Ahora les atan las manos, benefician a la delincuencia y dejan desamparados a los ciudadanos.
Es muy poco razonable esa medida de la ministra. La argumentación que se utilizó para la derogación de los protocolos es, por lo menos, peligrosa. Decir que si un policía usa un arma estimula a los delincuentes a usarlas, es casi ridículo.
Otra de sus decisiones fue la de disolver la Subsecretaria de Lucha contra el narcotráfico. El flagelo de la droga se ha instalado en nuestro país, más allá de la negación de varios y la mirada al costado de otros. El narcotráfico está acabando con la vida de miles de jóvenes, destruye familias e incrementa el delito en todas sus formas.
¿Qué propuesta tiene la ministra en la lucha contra el narcotráfico? Disolver un órgano dedicado a enfrentar ese delito no parece el mejor plan: es el peor de todos los planes.
La explicación de Frederic al defender esta decisión fue que “el costo para el Estado de la persecución por tráfico de marihuana es altísimo” y justificó que “el daño que causa es menor que el que causa el alcohol”. El argumento es básico e insuficiente para el cargo que ostenta.
Especialistas en adicciones aseguran que el problema es la pasta base, ya que es la sustancia que mayoritariamente consumen, junto a la cocaína, los delincuentes. La nueva ministra, a contramano habla de dejar de combatir el tráfico de la marihuana por resultar “caro” y, al desarmar la subsecretaria también dejaría de liberada la producción pasta base, cuyo consumo que termina matando al victimario y a la víctima.
El vendedor de drogas es un personaje que abusa de la necesidad de los más pobres y crea un círculo económico perverso. Pero el argumento que un pobre se hace narcotraficante porque se quedó sin trabajo es más perverso aún. La estigmatización de la pobreza sumada a la justificación de la delincuencia no es más que una excusa para no hacer nada para solucionar el problema. ¿Cuál es el mensaje?
La nueva titular de la cartera de Seguridad, desde que asumió cuestionó cada una de las políticas llevadas adelante por su antecesora sin contrapropuestas para ofrecer. Los argentinos necesitamos precisiones en esta materia, porque desandar el camino logrado solo beneficia a los delincuentes.
El autor es presidente de la UCR y diputado nacional por Mendoza
