El Partido Socialista (PSOE) puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si se inclina por la primera alternativa, tiene que estar satisfecho por la confirmación de Pedro Sánchez como presidente, a solo cuatro años de la peor elección de su historia. Si opta por la segunda opción, debe estar preocupado, porque el nuevo gobierno es el más débil desde el regreso de la democracia en 1977.
“Ocho meses para diez segundos”, le dijo Sánchez al rey Felipe VI este miércoles, durante su jura como jefe del gobierno. La broma contrastaba lo expeditivo de la ceremonia con el largo y tortuoso proceso transcurrido entre las elecciones del 28 de abril de 2018 y su confirmación como presidente.
En el medio, ante la falta de mayorías y de acuerdos políticos, fue necesario repetir los comicios el 10 de noviembre. Los resultados fueron casi los mismos. Lo que cambió fue la voluntad de Sánchez de negociar con Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, que desde abril insistía con forjar una alianza, propuesta que era rechazada por el socialista.
Como consecuencia del pacto sellado entre ambos líderes el 12 de noviembre, se conformó el martes el primer gobierno de coalición de la historia democrática española. Esta es una vulnerabilidad indudable, ya que saber forjar y mantener acuerdos requiere de una práctica que no se aprende fácilmente. La negativa del PSOE a formar una sociedad que en otros países sería natural por sus coincidencias es una muestra.
Pero hay una fuente adicional de fragilidad. Sumados, los dos partidos apenas llegan a 155 diputados, 21 menos que los 176 necesarios para alcanzar la mayoría. Con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de otras agrupaciones menores, Sánchez reunió 167 en la votación decisiva.
Para ser investido en el cargo necesitó que otros 18 diputados se abstuvieran. De esa manera, logró superar a los 165 legisladores que votaron en contra, encabezados por el Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox, las distintas corrientes opositoras de derecha.
Ningún mandatario había asumido por un margen tan estrecho. Los más ajustados fueron los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero —electo por 11 votos de diferencia en 2008— y Felipe González —que se impuso por 12 en 1989—.
“En un sistema parlamentario como el de España, la fortaleza de un gobierno descansa en su capacidad para lograr el máximo respaldo de los diputados en el Congreso, y la coalición PSOE—Unidas Podemos no logra por sí misma más que 155 diputados del total de 350. De lograrse, su fortaleza vendrá de la mano de la aplicación de políticas, de la capacidad para generar nuevos consensos sociales, probablemente sobre la base del sostenimiento del Estado del bienestar. La Constitución de 1978 dota a Sánchez de un amplio abanico de medidas, de prerrogativas presidenciales, y deja en sus manos la posibilidad, o no, de la convocatoria electoral. El presidente maneja los tiempos, y eso en política es algo muy importante”, explicó Juan Carlos Cuevas Lanchares, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid, consultado por Infobae.
Lo más incómodo para Sánchez es el precio que tuvo que pagar por las abstenciones, que fueron indispensables para su asunción. El Presidente negoció para conseguirlas con dos fuerzas independentistas: Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que aportó 13, y Euskal Herria Bildu, del País Vasco, que ofreció las cinco restantes.
La condición de los catalanes, que forman parte del gobierno autonómico con el que Madrid está enfrentado desde el referéndum ilegal de 2017, fue iniciar conversaciones para buscar una salida concertada al conflicto. La amenaza de impulsar una moción de censura para destituir a Sánchez en caso de que sea reticente a hacer concesiones puede ser un factor de desestabilización permanente.
Razones de la debilidad
“Es evidente que nace como un gobierno débil, no solo por el margen tan ajustado con el que ha salido investido el presidente y por la falta de cultura coalicional a nivel estatal, sino por la fuerte personalidad del líder de Podemos, que podría conducir a un choque de egos. De hecho, ya se ha producido algún atisbo a propósito de la divulgación por parte de Iglesias de los nombres de los futuros ministros de Podemos. A ello se suma lo muy heterogéneo de las ocho formaciones políticas con las que el PSOE alcanzó acuerdos que hicieron posible la investidura”, dijo a Infobae Miguel Jerez, catedrático de ciencia política de la Universidad de Granada.
En otros sistemas parlamentarios, las coaliciones son la regla. Alemania es un ejemplo extremo, por la gran cantidad de años que gobernaron conjuntamente las dos principales fuerzas políticas, la Socialdemocracia y la Democracia Cristiana. Pero los partidos españoles están poco entrenados en ese ejercicio. A nivel nacional, las elecciones tendieron a dejar siempre al PSOE o al PP al borde de la mayoría. Entonces, las alianzas no eran necesarias, porque bastaba con la abstención de alguna fuerza pequeña para quedarse con el gobierno en soledad. Ahora, cuando la formación más votada tiene apenas un tercio del Parlamento, los acuerdos se vuelven indispensables.
Este es el principal motivo de los ocho meses de bloqueo y de la necesidad de repetir las elecciones el año pasado. Un calco de lo que sucedió en 2015 y 2016, cuando el partido más votado era el PP, pero también estaba lejos de la mayoría y tampoco tenía intenciones de compartir el poder.
Tras los comicios de abril de 2018, que evidenciaron un debilitamiento de Podemos, Iglesias abandonó la idea de hegemonizar la izquierda española y se puso como objetivo entrar al gobierno como socio minoritario del PSOE. Pero Sánchez no quería incluir al controversial dirigente en su gabinete y creía que yendo nuevamente a las urnas iba a sumar más diputados.
Al ver que la respuesta de la ciudadanía fue castigarlo, ya que volvió a ser el más votado pero bajó de 123 a 120 bancas, Sánchez se resignó a formar una coalición. Tenía un incentivo adicional: Podemos se había debilitado aún más, cayendo de 42 a 35 bancas. Una relación de fuerzas que era de 2,9 a 1 pasó a ser de 3,4 a 1.
Dos días después de las elecciones, Sánchez e Iglesias anunciaron el acuerdo, que se terminó materializando esta semana tras la investidura, en la que el politólogo rompió en llanto. En estos días se confirmó que será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Junto a él estarán en el gabinete sus compañeros Irene Montero —que además es su pareja— en el Ministerio de Igualdad, Alberto Garzón en Consumo, Yolanda Díaz en Trabajo y Manuel Castells en Universidades.
No obstante, las tensiones empezaron incluso antes de que asuman los ministros. A Sánchez le preocupan las ansias de protagonismo de Iglesias y quiere diluir su figura a toda costa. Por eso, el jueves anunció que habrá cuatro vicepresidentes, no tres como se había dicho en un primer momento. Junto al líder de Podemos estarán Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera. Fue una sorpresa desagradable para el partido, que prefirió no expresar públicamente su malestar.
“Entre los desafíos a los que se enfrentará el nuevo gobierno —continuó Jerez— yo destacaría, en primer lugar, sacar adelante nuevos presupuestos generales. El acuerdo entre PSOE y Podemos recoge una serie de importantes medidas económicas y fiscales que necesitarán del respaldo de otros partidos con representación en el Congreso, incluido el PNV, reticente a derogar la reforma laboral del PP y a determinados cambios fiscales. En segundo lugar, está mantener una mayoría parlamentaria que haga posible la aprobación de las principales medidas del programa. Tercero, desbloquear las principales instituciones judiciales, actualmente de mayoría conservadora y pendientes de renovación”.
A estos retos se suma otro, probablemente el más peligroso: la relación con el independentismo catalán. El primer movimiento en línea con lo pactado antes de la investidura se produjo el jueves, cuando Sánchez habló por teléfono con Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña. No pusieron fecha ni lugar, pero resolvieron encontrarse personalmente en las próximas semanas. El objetivo de la cita, según el comunicado que difundieron ambas partes, será “encarrilar la mesa de negociación”.
Sánchez se comprometió a someter a votación en Cataluña los eventuales acuerdos que se alcancen, algo que enardece a la oposición, que considera que no hay nada que discutir con quienes violaron la Constitución española. De todos modos, los catalanes reclaman la independencia, algo que Madrid no está dispuesto a dar. Cuesta imaginar que puedan llegar a un punto intermedio aceptable para todos.
“El PSOE ha adoptado un papel muy intransigente en contra del independentismo catalán en los últimos años, y la opinión pública española está generalmente muy beligerante contra el tema. Cualquier concesión que se pueda hacer al independentismo, por pequeña que sea, será de manera inmediata y sistemática vilipendiada por la prensa de derechas y sus partidos como una ‘traición a España’”, dijo a Infobae Marc Guinjoan Cesena, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Hay otro inconveniente no menor. Sánchez negoció con ERC, pero Torra pertenece a Crida Nacional per la República, una agrupación que responde a Carles Puigdemont, el exiliado ex presidente catalán. Ambas fuerzas gobiernan juntas la región autónoma, pero tienen diferencias importantes entre sí.
“La cuestión catalana va ser un elemento a través del cual los partidos de derechas de ámbito nacional van a intentar desgastar al gobierno de Sánchez. Difícilmente pueda explicarse la fuerte eclosión de Vox sin considerar las tensiones territoriales que ha generado. Por otro lado, también ERC tendrá que hacer valer en Cataluña hipotéticas victorias y concesiones por parte del gobierno de Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta la pugna que mantiene con la plataforma política configurada en torno a Puigdemont por el liderazgo del sector independentista”, sostuvo Alberto Díaz Montiel, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, en diálogo con Infobae.
La continuidad de Torra está en duda porque la Junta Electoral le retiró sus credenciales de diputado regional luego de que una sentencia judicial lo inhabilitara por desobediencia. A ERC podría beneficiarlo su salida anticipada, ya que se quedaría con la presidencia. Pero su prioridad es que salga de la cárcel Oriol Junqueras, su líder, que era vicepresidente de Puigdemont.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le había abierto una puerta al reconocerlo como eurodiputado —fue elegido en las elecciones del año pasado—, a pesar de que nunca pudo asumir su banca por estar preso. La Abogacía del Estado le sugirió al Tribunal Supremo español la liberación de Junqueras, en lo que pareció una devolución por el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez. Pero la máxima instancia judicial del país rechazó esa posibilidad. La secuencia revela la fragilidad del pacto sellado con el PSOE.
“Mucho me temo que este será un elemento de desestabilización —dijo Jerez—. No ayudará que el líder de ERC continúe en la cárcel durante años, con la presión a la que se ve sometido por su socio en el gobierno, ante la perspectiva de unas elecciones en Cataluña en 2020. La única esperanza es que el extremo radicalismo de la oposición, más las expectativas de un nuevo ascenso electoral de Vox y la eventualidad de que pudiera sumar una mayoría absoluta alimentada por la tensión territorial, actué como antídoto”.
El riesgo de que se repita la historia
Los antecedentes inmediatos inquietan a Sánchez. Él llegó inesperadamente al gobierno el 2 de junio de 2018, luego de que una moción de censura destituyera a Mariano Rajoy, su antecesor. El ex jefe del PP había asumido su segundo gobierno en minoría, gracias a que el PSOE decidió abstenerse para terminar con más de un año de bloqueo.
La histórica sentencia judicial del caso Gürtel, que dio por probada la existencia de una trama corrupta por la cual un grupo de empresas sobornaba a altos dirigentes del PP, fue el disparador para que la oposición se uniera para removerlo. La Constitución española establece como requisito para interrumpir el mandato de un presidente que el Congreso apoye por mayoría a otro para ocupar su lugar, y Sánchez consiguió el acompañamiento de Podemos, los nacionalistas vascos y, como ahora, los independentistas catalanes.
También en esa ocasión la condición de los separatistas era entablar una negociación que permitiera avances concretos en la resolución del conflicto. Sánchez se reunió con Torra y se iniciaron conversaciones, pero rápidamente quedó claro que no estaba dispuesto a dar lo que le pedían.
A solo ocho meses de su formación, el gobierno entró en una crisis terminal. Sánchez se convirtió en el segundo presidente de la democracia española al que el Congreso le rechazó el presupuesto por falta de mayoría y no tuvo más alternativa que llamar a elecciones anticipadas. El primero, que fue Felipe González, perdió los comicios siguientes, celebrados en 1996, y se retiró de la política activa. Pero Sánchez ganó en abril y en noviembre de 2018. Tendrá una segunda oportunidad, aunque el riesgo de volver a tropezar con la misma piedra es muy alto.
“Si bien la caída de Sánchez no es descartable, lo cierto es que las circunstancias actuales son diferentes a las de su primer gobierno —dijo Guinjoan Cesena—. La izquierda ha entendido que si no quiere dar el poder a la derecha más extremista desde la restauración de la democracia tendrá que esforzarse mucho y tirar adelante, con políticas públicas decididas. No creo que sea la prioridad de ningún partido de izquierda o regionalista que el gobierno caiga y haya nuevas elecciones”.
Lo que Sánchez tiene a favor es que cuesta imaginar que, con la actual composición del Congreso, otro partido pueda reunir la mayoría necesaria para reemplazarlo. Los independentistas tendrían que aliarse con el PP y con Vox, que quieren verlos tras las rejas.
“A diferencia de la legislatura iniciada en 2016, ahora no hay una mayoría alternativa que pueda destituirlo. Dada la fragmentación y polarización parlamentaria, y el estrecho margen de apoyo que tendrá el gobierno de Sánchez, habrá enormes dificultades para sacar adelante la legislación, pero no hay posibilidad de destituir al gobierno mediante una moción de censura, como le ocurrió a Rajoy en la primavera de 2018”, dijo Díaz Montiel.
Sin embargo, aunque la oposición no consiga el número para removerlo, Sánchez va a tener serios problemas para aprobar su presupuesto. Y él sabe que no puede seguir gobernando sin uno propio. Por eso, el futuro del gobierno se jugará en los próximos meses, cuando se vote en el Parlamento.
“La tensión política hasta la aprobación de los nuevos presupuestos va a ser muy alta. Los 100 días de cortesía a la labor del gobierno son, hoy por hoy, una quimera. La oposición jugará todas las bazas en su haber para impedir que salgan adelante. Es plenamente conscientes de que la aprobación de unos presupuestos netamente de izquierdas daría la estabilidad necesaria al gobierno de Sánchez. Prorrogar los de Rajoy ya no puede ser una opción medianamente razonable, como sí lo fue tras la moción de censura. Ese será el verdadero Rubicón de la coalición progresista, donde la suerte quedará echada”, concluyó Cuevas Lanchares.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Pedro Sánchez logró ser investido como presidente de España: ganó la votación por dos votos
Pedro Sánchez pidió terminar con el bloqueo político en España y defendió el diálogo en Cataluña
