Por Diego Oré
CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) – Una amplia reforma del sistema judicial mexicano, propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busca permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, según borradores obtenidos por Reuters de las iniciativas que se presentarán el miércoles en el Senado.
Además, las modificaciones pretenden homologar la legislación encargada de perseguir los delitos en un Código Penal Nacional para que pueda ser aplicado fuera de México, cuando se cometan en el extranjero pero produzcan efectos en territorio nacional o contra mexicanos, como un tiroteo en El Paso, Texas, donde fallecieron ocho connacionales.
La Fiscalía General y la Consultoría Jurídica de la Presidencia prepararon las nueve iniciativas con el objeto de enfrentar la crisis de inseguridad e impunidad que vive el país. Ninguna de las instituciones, ni la Presidencia, estuvieron inmediatamente disponibles para comentar.
Las reformas incluyen cambios a varios artículos de la Constitución en materia de procuración de justicia, un nuevo Código Penal Nacional, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo, además de una modificación a la Ley de la Fiscalía General y su reglamento.
A fines de 2018, López Obrador asumió la presidencia de México con la promesa de combatir la corrupción y la inseguridad alimentada por el crimen organizado que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas.
La reforma se presentará un día antes de que llegue a México el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para tratar con autoridades del país latinoamericano temas de seguridad, luego de recientes tensiones entre ambas naciones sobre cómo lidiar con los cárteles mexicanos de la droga.
¿MENOS AMPAROS, MÁS EXTRADICIONES?
La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la «nulidad» de «cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales» como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez.
Sin embargo, una de las reformas propuestas a la Carta Magna permitiría su uso buscando que «ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley».
«Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa», dice uno de los nueve borradores obtenidos por Reuters.
Además, la reforma, que el Senado empezará a discutir a principios de febrero, busca restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, algo que ha sido usado por la defensa de varios narcotraficantes, como Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.
Entre otras cosas, se acorta el tiempo para interponer el recursos de amparo para una sentencia definitiva condenatoria de ocho a cinco años y se reduce a una sola vez el diferimiento de las audiencias para rendir pruebas.
«Con la finalidad de evitar que se abuse de la suspensión del acto reclamado, en caso de extradición, se establece que la suspensión no se conceda de oficio y de plano», dice el borrador de la iniciativa.
«La anterior propuesta cobra suma relevancia pues en estos casos la medida de referencia ha sido empleada de forma abusiva, con fines dilatorios y de mala fe, por ello debe replantearse la posibilidad de su reforma a los términos propuestos», agregó.
De otro lado, las modificaciones pretenden homologar los 32 códigos penales estatales -uno por entidad federativa- en un solo Código Penal Nacional para que pueda ser aplicado fuera de México cuando se cometan delitos en el extranjero pero produzcan efectos en territorio nacional o contra connacionales.
A principios de agosto, un tiroteo en El Paso, Texas, dejó 22 fallecidos, entre ellos, ocho mexicanos. Meses más tarde, en noviembre, una decena de mexicanos demandó a Walmart por «no protegerlos» del atacante.
«Se prevé (…) que el presente código podrá ser aplicado fuera del territorio mexicano cuando se actualicen ciertas condiciones, a saber: que el delito se prepare, inicie o cometa en el extranjero, pero produzca efectos o se pretenda que los produzca dentro del territorio nacional», explica el borrador.
Además, la norma pretende que el nuevo Código Penal se aplique a los delitos cometidos en el extranjero por mexicanos o aquellos cometidos por foráneos contra connacionales; siempre y cuando la persona no haya sido definitivamente juzgada en el país en que delinquió.
(Reporte de Diego Oré; Editado por Ana Isabel Martínez)
