Aunque el presidente Alberto Fernández salió a relativizar el aumento de tarifas a partir de junio, la fecha en que vence el plazo de seis meses de congelamiento que se dispuso en el marco de la Ley de Solidaridad y de la emergencia tarifaria, algunas áreas del Gobierno —Ministerio de Producción y secretaría de Energía— ya habían comenzado a avanzar en algunas mesas de trabajo con las empresas del sector sobre cómo se distribuyen los costos de la energía.
Se trató de encuentros muy preliminares, donde no hubo definiciones sobre qué aumentos podrían aplicarse a las tarifas, pero según algunos de los participantes, quedó bastante claro que la idea del Gobierno es que el congelamiento de tarifas no siga más allá de junio.
Los encuentros convocaron a representantes del sector de hidrocarburos y también a las empresas distribuidoras de electricidad
Los encuentros convocaron a representantes del sector de hidrocarburos y también a las empresas distribuidoras de electricidad —empezaron por las cooperativas eléctricas del interior del país y no por las firmas más grandes—. Sin confirmación oficial, trascendió que se está haciendo un estudio muy minucioso de los costos de la energía a lo largo de toda la cadena que va desde generación, transporte y distribución.
El ministro de Producción Matías Kulfas se reunió con empresas distribuidoras de gas y el secretario de Energía, Sergio Lanziani, convocó a la Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas, donde llamó a conformar mesas federales para definir propuestas. Estuvo acompañado por Esteban Kiper, gerente General de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista.
Según asistentes al encuentro, trascendió que las tarifas se irían descongelando “de a poco” y con algún “criterio creativo” a partir del día después de los seis meses que plantea la ley de emergencia. Una de las medidas sobre las que se comenzaría a avanzar es un mejor diseño y control de la “tarifa social”, que hoy pagan los usuarios de menores recursos. “Se habló de que debería controlarse bien, con la intervención de entes locales. Pero ya no se habla más de congelamiento, aunque tampoco se mencionaron porcentajes de aumento”, señaló otro participante de las primeras reuniones.
A pesar que Alberto Fernández minimizó que se esté hablando de aumentos, aun no hubo cancelaciones para otras reuniones pautadas para las próximas semanas. Para el 12 de marzo, por ejemplo, funcionarios de la Secretaría de Energía tienen previsto un encuentro con representantes de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera).
El secretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, fue uno de los quedó al frente de la tarea de monitorear las propuestas y planificar la mejor manera de salir del congelamiento. El funcionario ya había tenido una reunión previa con las empresas.
Otro de los temas que estuvo sobre la mesa en las charlas fue un fondo nacional destinado a las obras de infraestructura que tienen que llevar adelante las compañías distribuidoras. “Creo que hay una apertura porque están convocando a distintos sectores y tienen una mirada más realista”, agregó.
Qué aumento reclaman desde las empresas
Las empresas del sector energético estiman que el atraso de las tarifas puede estar en el orden del 30% al 50%, según el sector. Pero en cada caso, ese incremento no se traslada directamente al precio final que pagan los usuarios, que se ve reflejado en las facturas.
En el caso de las tarifas de gas, la clave será el precio del gas en boca de pozo (la materia prima) ya que ese componente representa cerca del 40% del valor de la factura. El resto se distribuye, en forma aproximada, entre los costos de distribución, transporte e los impuestos, con un peso de 20% cada uno en el valor final.
El precio del gas representa la mayor parte de la tarifa y tiene un precio fijado en dólares, aunque ahora se mantiene en pesos y congelado
El precio del gas representa la mayor parte de la tarifa y tiene un precio fijado en dólares, aunque ahora se mantiene en pesos y congelado. Según una fuente del sector, el aumento de la producción de gas por Vaca Muerta, con excedentes, podría hacer que no sea tan difícil mantener el valor actual para el consumo interno después de junio. Lo que garantizará que no se trasladen subas muy altas a los usuarios.
Desde agosto del año pasado, el valor del gas está fijado en USD 4,5 por millón de BTU. Pero ese precio se fijó con un dólar a $40, lo que equivale hoy a USD 2,85 el millón de BTU al dólar oficial.
Si a las distribuidoras, por ejemplo, se les autorizan aumentos de acuerdo a la inflación eso solo impacta en un 20% de la tarifa final. Hasta antes del congelamiento, las tarifas de transporte y distribución eran reguladas por Enargas y se actualizaban cada seis meses (en abril y octubre) en base al Indice de Precios Mayoristas (IPIM), previa audiencia pública.
Para las tarifas de electricidad, desde una de las empresas estimaron que les correspondería un aumento solo en distribución del 30%, ya que esas tarifas están congeladas desde marzo de 2019, casi un año.
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