Del otro lado de los muros de la cárcel de Devoto se escuchan tambores de batucada por las noches. No es algo nuevo, viene desde hace tiempo, los presos hacen sonar cualquier cosa que tengan a mano en protesta por diversas situaciones. Con la llegada de la era del coronavirus, los tambores comenzaron a sonar cada vez más fuerte. En la noche de ayer, el rataplán de los redoblantes se mezcló con gritos y antorchas que llameaban desde las rejas que dan a la calle y audios con proclamas urgentes desde celulares clandestinos que comenzaban a esparcirse.
“Para vos, ¡gorra puto!”, gritaba un detenido, con el fuego en la mano. Les había llegado un rumor: un preso del pabellón 1° del Módulo 5 había sido enviado al Hospital Vélez Sársfield, sin datos certeros. El riesgo de una sola infección en un penal argentino, con la mayor sobrepoblación histórica de todo el sistema, en condiciones deficientes de higiene, con presos hacinados, puede convertir un pabellón en un foco infeccioso. Días atrás, Martín Lanatta aseguraba desde la cárcel de Ezeiza: “Si entra el coronavirus va a ser una masacre”.
El preso volvió al rato a Devoto, no pasó la noche internado en observacióny tampoco se activó el protocolo sanitario por el virus: los médicos no lo consideraron necesario, aseguran fuentes penitenciarias. Tenía una simple tos. Sin fiebre. Solo tos.
De todas formas, en una quincena que terminó con motines y cinco muertos en las cárceles de Coronda y Las Flores en Santa Fe, la conmoción tiene su causa.
Los detenidos del Centro Universitario, el CUD, donde los presos estudian carreras como Derecho y que suspendió todas sus actividades educativas, circularon un petitorio que llegó hasta varios jueces porteños. Hay un punto fuerte en su agenda: la excarcelación para los grupos de riesgo, para presos de edad avanzada, enfermos. El Servicio Penitenciario Bonaerense ya mensuró su población vulnerable: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos tienen tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa que se hace sentir hace años en penales provinciales junto con la aparición del hantavirus producto de la proliferación de heces de roedores en cárceles como Magdalena. Otros 476 detenidos y detenidas padecen HIV. Algunas son madres con chicos. Otras están embarazadas.
El Servicio Penitenciario Federal, que controla Devoto, Ezeiza y Marcos Paz entre otros penales sobrepoblados, lanzó varias medidas de higiene y seguridad y elevó a diversos juzgados de ejecución penal y tribunales de juicio una lista de 1.200 nombres, su población de riesgo. Hay represores en esa lista: Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz.
Mientras tanto, en los tribunales orales federal y salas de Casación, los pedidos de las defensas de imputados para que sus clientes accedan a la prisión domiciliaria de cara al virus comienzan a resolverse. Miguel Angel Holotte, condenado hace un mes a seis años de cárcel por violación en un juicio abreviado y preso en Ezeiza, recibió el beneficio la semana pasada tras la firma del TOF N°5 de San Martín.
Hay otros nombres conocidos detrás de esos pedidos, algunas historias.
Omar Osvaldo Tarzia era un miembro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un oficial de rango destinado al Aeropuerto de Ezeiza. Lo detuvieron en septiembre de 2019 acusado de enriquecerse ilícitamente cuando encontraron valijas con 254 kilos de cocaína en la terminal que abordarían un vuelo de Air Europa rumbo a Madrid, una causa del juez Pablo Yadarola. Lo cierto es que a Tarzia, de 55 años, vecino de Monte Grande, la PSA lo investigaba hacía tiempo: había ciertos emprendimientos económicos que no se condecían con su sueldo, como la supuesta propiedad de un bar rockero.
Encerrado en un penal federal con prisión preventiva, la defensora de Tarzia le pidió al Tribunal en lo Penal Económico N°2 que le concedieran la prisión domiciliaria en base a “problemas de salud” que se agravarían si se infectara, según un documento reciente del Tribunal. Se la denegaron el 27 de este mes. “Peligro de fuga”, argumentó el Tribunal de la mano de los jueces Luis Losada y Leandro Zabala.
No es el único policía manchado por una imputación grave que pidió salir. Rubén Ernesto Ferreyra, preso en Marcos Paz, era el subcomisario de la delegación de la Federal en Corrientes. En marzo de 2017, el juez federal Sergio Torres lo mandó a allanar en el marco de la causa Itatí: le encontraron 17 panes de marihuana en el despacho. Su abogado pidió la domiciliaria. Justificó su pedido con un diagnóstico en la mano: diabetes, obesidad, hipertensión, antecedentes cardíacos. Aportó domicilios donde podría quedarse. El Tribunal Oral Federal N°3 dijo que no, que debía quedar preso, que los cuidados que le proveían el Servicio Penitenciario Federal eran suficientes, un razonamiento compartido por varios tribunales.
Hay nombres más célebres. La Sala de Feria de la Cámara de Casación Federal, con los jueces Hornos, Slokar y Barroetaveña, ratificó la negativa de que Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte preso por la tragedia de Once, salga de la cárcel gracias al virus. Un informe penitenciario dijo que solo tenía “un diagnóstico de hernia”. Schiavi integraba la nómina del SPF de los 1.200 presos en riesgo por cuestiones de edad, sin embargo, los jueces no vieron riesgo alguno. Otra vez los cuidados del SPF eran suficientes.
Hay otros que sí, que salen. El 20 de marzo, el Tribunal Oral N°30 firmó la libertad de Kevin Alan Carlevaris, detenido en Ezeiza, luego de negársela menos de un mes antes. No era la primera vez. Diversos tribunales le rechazaron la salida desde 2017, cuando le unificaron dos penas robo por entrar a una oficina por la fuerza para llevarse computadoras y cheques.
«Sin embargo, la novedosa circunstancia introducida por la defensa ante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional (decreto del PEN Nro.260/2020) y las medidas adoptadas por Estado Nacional en Prevención de la Propagación del COVID-19, necesariamente imponen una revisión de la situación del encartado, esta vez enderezada a determinar si el encierro preventivo que atraviesa, a la luz del estado de salud que presenta, lo coloca dentro del grupo de personas que han sido consideradas como vulnerables ante el riesgo de infectarse y padecer la enfermedad que provoca el COVID-19″, argumentó el TOC N°30. Carlevaris fue, como Schiavi, incluído en la lista del SPF.
Rosa Angela Colman, rionegrina, de 57 años, suma condenas por causas por supuesta venta de drogas en La Pampa. Sus diagnósticos son varios, tiene problemas respitarorios y diabetes, padecimientos que la colocan en un lugar de riesgo claro ante la llegada del virus a un penal federal. El 22 de marzo, el Tribunal Oral Federal de General Roca le negó la salida pedida por su defensa, que luego apeló tras la reserva del caso. La Sala de Feria revocó la decisión y le concedió el recurso.
El caso de L. F. -su nombre completo se mantiene en reserva por motivos de seguridad- es distinto. Fue enviado a Devoto luego de ser arrestado por un robo en banda particularmente violento junto a un cómplice en 2019. De 22 años, con domicilio en La Plata, le negaron la prisión domiciliaria al menos cuatro veces tras cuatro pedidos distintos, en decisiones tomadas por tribunales como la Sala II de la Cámara Criminal porteña: los jueces argumentaron una situación migratoria irregular, peligro de fuga. En los últimos días, con el coronavirus y la cuarentena, su defensa insistió otra vez. Recayó nuevamente en la Sala II, subrogada por el juez Julio Báez. Aseguró que tenía “síntomas compatibles”, de acuerdo a una resolución firmada por Báez, con el covid-19, broncoespasmos que lo obligaban a tomar medicación. La fiscalía se negó, al conocer los pedidos anteriores, lo mismo hizo el juez que pidió que el detenido sea revisado por un médico penitenciario de forma urgente.
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