La norma salió publicada hoy en el Boletín Oficial y encendió alarmas en algunas empresas. Luego de la reglamentación la semana pasada del polémico decreto presidencial de agosto –por medio del cual se autorizó un aumento de 5% para los servicios de televisión paga, telefonía e Internet y se determinó una serie de productos subsidiados para al menos 10 millones de argentinos–, el Gobierno ahora busca reorganizar la grilla del cable.
La medida, según especialistas y algunas empresas, podría fijar precios de contenidos y hasta favorecer algunas señales.
La resolución 1491 del Ente Nacional de Comunicaciones, oficial desde hoy, aprobó el “Reglamento general de servicios de televisión por suscripción por vínculo físico y/o radioeléctrico y satelital” que establece que esas empresas de cable “deberán adecuar, dentro de los treinta (30) días de publicada la presente, sus grillas de señales”. Como en años anteriores, la grilla de la tevé paga queda en el centro del debate.
El Gobierno busca ser árbitro y hasta podría fijar precios según afinidad ideológica o de otro tipo sobre los contenidos y las señales que prefiera (Giudici)
En el medio de la discusión está lo que se conoce como “must carry”, un concepto internacional que busca que los cableros incluyan programación variada en su oferta y que no se afecte la libre difusión ni la diversidad de voces. Es una idea que incluyó la cuestionada ley de Medios, ratificada luego por la Corte Suprema.
Así, los cableros deben garantizar sin codificar: las señales públicas del Estado (nacional y provincial); el canal de la Iglesia Católica Argentina y de las Universidades Nacionales; las señales de origen correspondientes a los servicios de licenciatarios de televisión abierta; “señales cuyo eje temático sea programación informativa eminentemente federal”. También se habla de ordenamiento temático de las grillas.
Pero ahora, destacaron fuentes privadas del sector, la norma va mucho más allá a partir de que la televisión paga es un servicio público. “Usan el servicio público para decretar la intervención hiperregulatoria del Estado sobre los contenidos”, detallaron. Aseguran que si bien el Gobierno prometió que declarar el cable como servicio público sólo tiene que ver con la provisión de internet, ahora se da un paso más en la posible regulación de contenidos, algo que hasta hoy está regido por contratos entre privados.
Hoy, el dueño del cable tiene la obligación de incluir en su grilla cualquier señal que sea gratis. Ahora el Estado podría intervenir también fijando precios en las que no lo son. Según el artículo 8 del Anexo de la resolución “en aquellos casos en los que no se pudiere arribar a un precio justo, equitativo y razonable para la inclusión en la grilla de una señal”, las partes “podrá solicitar la intervención” del Enacom.
Este tipo de medidas atentan contra la libertad de empresa, la libertad de comercio y serían una grave señal de alarma también para la libertad de expresión si los usuarios no tuvieran una enorme oferta de contenidos accesibles desde Internet (Crettaz)
“Lo que va a pasar, porque ya pasó antes, es que el Gobierno va a tratar incluir voces afines y señales de noticias oficialistas privilegiando e imponiendo mejores precios para algunos o peores para otros. En definitiva le imponen a más de 1.500 cableros grandes, medianos o pymes y a la televisión satelital, cuánto cobrarle a sus usuarios, que señales llevar en su grilla, cómo ordenarlas y cuánto pagar por cada señal”, le dijo a Infobae Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.
“Lo más grave es que va a fijar precios sobre contenidos que son parte de contratos en el ámbito de privado. El Gobierno busca ser árbitro y hasta podría fijar precios según afinidad ideológica o de otro tipo sobre los contenidos y las señales que prefiera. Incluyen una cláusula de subida de contenidos fuera de las zonas de cobertura (up link) con un criterio unitario, ‘ambacéntrico’ que pone en riesgo la programación de miles de cableros del interior obligándolos a subir contenidos que no son de interés local”, agregó.
Para José Crettaz, coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (Convercom), con esta medida el Gobierno se autoasigna el poder de decidir cuánto un cableoperador o empresa de TV satelital deberá pagar por el contenido que un canal abierto o señal de cable. “Además, pretende limitar una práctica comercial habitual en todos los sectores: la paquetización de señales (un programador de TV no podrá otorgar beneficios o descuentos, por ejemplo, cuando un distribuidor le adquiera paquetes de canales)”.
Eso limitará la capacidad de cada empresa porque el límite técnico del básico de los analógicos es de 64 canales para el cable básico (Carrier)
“Este tipo de medidas atentan contra la libertad de empresa, la libertad de comercio -afectan la innovación y el emprendedorismo- y serían una grave señal de alarma también para la libertad de expresión si los usuarios no tuvieran una enorme oferta de contenidos accesibles desde Internet. Ahí, lo más grave es el riesgo que corre la infraestructura por el desfinanciamiento y la desinversión a la que la están llevando las decisiones del gobierno nacional”, detalló.
El analista Enrique Carrier, titular de Carrier y Asociados, pone el foco en que no está claro aún cuántas señales serán obligatorias. “Eso limitará la capacidad de cada empresa porque el límite técnico del básico de los analógicos es de 64 canales para el cable básico. También es rara la obligación de tener un canal propio porque eso generas costos y suman contenidos a, por ejemplo, empresas solo de Internet. Esto puede ser regional si las localidades son muy chicas, pero igual suena raro”, afirmó.
Finalmente, Guidici cree que la medida podría tener también impacto en la tevé abierta y las productoras audiovisuales que dependen de esos canales. “Si los canales abiertos se ven sujetos a negociaciones impuestas y poco claras, podrían afectar la producción o hasta dar gratis sus contenidos a los carriers, desfinanciando a su vez a las productoras audiovisuales independientes para cumplir las nuevas exigencias. Es un golpe a este mercado en un momento muy malo. Hay arbitrariedad e intervencionismo”, cerró la funcionaria.
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