El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció este viernes que unos 13 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre trabajadores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ingresaron a dos sedes del medio de comunicación independiente Venezolanos Por la Información (VPItv) en Caracas y se llevaron equipos de transmisión, cámaras y computadoras.
Según informó el SNTP por redes sociales, los agentes entraron sin previo aviso a los estudios del canal de televisión ubicados en las urbanizaciones La Florida y Los Dos Caminos pidiendo “información sobre proveedores, mecanismos de publicación, operación y libros contables”.
“El llamado es a estar atentos frente a lo que puede ser un nuevo intento por silenciar a los medios”, advirtió el sindicato ante el operativo sorpresa de estas entidades estatales sobre VPItv, que también denunció la acción a través de su cuenta oficial en Twitter.
Un comunicado de prensa de VPItv brindó más detalles del procedimiento en desarrollo: “Sin presentar orden por escrito, están inspeccionando las instalaciones, interrogando al personal, solicitando documentos e información operativa y administrativa. Incluso solicitaron claves de los procesos de transmisión y además revisaron correos electrónicos relacionados a la operación de VPITV”.
“Los funcionarios están realizando un inventario para incautar equipos de transmisión, cámaras, computadoras entre otros implementos de trabajo, fundamentales para la realización de nuestros reportajes periodísticos. Esto representa un evidente hecho de censura que impide la continuidad de nuestras operaciones y el ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela”, añadió el texto.
Esta maniobra contra VPItv, que se mantiene activa, surge el mismo día en que la cadena de televisión chavista Globovisión publicó un extenso artículo señalando a otros medios independientes como Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo de ser “financiados para derrocar al gobierno de Maduro”.
Los métodos de censura del régimen
Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos -principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal- para dar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial.
Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas de Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar.
Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.
Además, en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es una mecanismo de defensa habitual. “Aquí existe la ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Resorte) que establece responsabilidades para los intermediarios. Eso significa que el periodista tiene que corregir al entrevistado, entonces las radios que relativamente informan tienen que hacerlo bajo una presión muy fuerte. Hay una censura progresiva, cuando te llaman para una entrevista te advierten las cosas que no puedes decir, incluso hay personas que directamente no se pueden mencionar en los medios”, contó a Infobae Carlos Correa, presidente de Espacio Público, la ONG que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios.
En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la ley contra el odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida para quitarle poder a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.
De acuerdo con Maduro, el propósito de la ley es “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos”. No obstante, la ONG Espacio Público asegura que es una herramienta jurídica que busca “silenciar y castigar opiniones que resulten incómodas para el Estado”.
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