Alejo Oroño era un joven de tan sólo 22 años, que fue apuñalado en el pecho por su ex mujer y madre de su pequeño hijo. Su caso puso a la luz un tema que es un tabú social: que los varones también sufren violencia, pero que no se animan a denunciar por vergüenza, como le pasó a Alejo. Cuando finalmente decidió hacerlo, en la comisaría no se la tomaron.
Por eso, el proyecto pretende extender la capacitación obligatoria para el personal del Estado prevista en la Ley Micaela, una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender y comprender las diferentes formas de violencia, desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual.
De los pocos datos relevados, según datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 23% de las personas denunciadas en 2019 fueron mujeres, y la violencia de pareja (incluye: cónyuges, convivientes, novias/os y ex parejas) resulta la principal causa de denuncia entre los mayores de 18 años. Por eso, estudios internacionales recomiendan reconocer también la violencia contra el varón como un fenómeno diferente al de las mujeres.
Pero, además, la Ley Alejo aborda dos temas polémicos: identifica como violencia psicológica las falsas denuncias y el impedimento de contacto contra los hijos. Temas sumamente sensibles que se perciben en los tribunales en conflictos de divorcio. No hay ninguna estadística pública ni oficial para determinar estos abusos del sistema.
Por eso, estudios jurídicos salieron rápidamente a apoyar la Ley Alejo: “Apoyamos el proyecto de Ley Alejo. Los abogados nos sentimos impotentes ante el impedimento de salvaguardar los derechos de familiares y/o del padre de familia; en especial cuando los hijos son utilizados, cosificados, para dañar al otro. Repudiamos la violencia como violencia en sí”, publicó en redes sociales el estudio Scimé.
Y lo más interesante es que muchas mujeres salieron a militar la Ley, ya que se crearon leyes para protegerlas a ellas, como la Ley de Violencia de Género, proclamada por toda la sociedad, pero que, lamentablemente, por algunas que lo están utilizando como instrumento de despecho contra sus ex parejas, ponen en riesgo la importancia de la protección de las verdaderas víctimas .
Valen recordar tres casos resonantes de falsas denuncias que terminaron en suicidio: Agustín Muñoz (en Bariloche), Thomas Pérez Ruiz (en Buenos Aires), ambos de 18 años, y Javier Messina (en Rosario), que también evidenciaron el peligro de otro fenómeno, altamente peligroso: el de los escraches sociales como método de “Justicia Social”, que atenta contra el debido proceso y el principio de inocencia.
Entiendo que el impulso y la necesidad de apoyo y de ser reconocidas como víctimas, hagan que se cometan este tipo de actos, pero aconsejo no acompañarlos. La denuncia no basta para declarar culpable a una persona y justificar una condena pública, condicionando incluso a la propia Justicia.
Es entendible que, para los jueces, sea más tolerable el riesgo de equivocarse y ordenar la detención o imponer medidas de restricción de un hombre que, a lo largo del proceso, podrá comprobar su inocencia, pero que laboralmente y psíquicamente terminará muy afectado.
Por eso, es importante que se trate rápidamente la ley Alejo, que busca la igualdad y la protección de las víctimas, para identificar y reconocer los patrones de relaciones tóxicas y evitar más violencia, cualquiera sea género.
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