La jueza federal María Servini citó a indagatoria a Fabián Rodríguez Simón, asesor de Mauricio Macri, para que declare como sospechoso de haber integrado una presunta asociación ilícita. Se trata de la denuncia que radicó el empresario Fabián De Sousa de haber conformado una banda para sacarle el Grupo Indalo, que operó en conjunto con la AFIP y la prensa.
La citación, fijada para el próximo 26 de mayo por Zoom, se dispuso apenas horas antes de que el ex jefe de Estado hiciera su reaparición pública con el lanzamiento de su libro “Primer Tiempo”.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la jueza federal María Servini tomó la decisión este mediodía, luego de recibir un informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que analizaron los llamados entrantes y salientes de un número telefónico de “Pepín” Rodríguez Simón. Allí aparecen 10.738 llamadas entre surgen llamados telefónicos durante tres años y medio: se trata de las comunicaciones que se concretaron entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019
No hay posibilidad de conocer el contenido de los diálogos pero se busca identificar “interlocutores comunes y frecuentes” entre esos abonados, saber si se contactaron con personas investigadas y realizar un entrecruzamiento de llamadas.
De ese análisis surge que hay llamadas de “Pepín” Rodríguez Simón con jueces. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, de ese informe surge las comunicaciones que mantuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. Allí aparecen 59 comunicaciones. Según dijeron las fuentes, fueron concretadas entre 2016 y 2018.
Rosenkrantz y “Pepín” tenían un vínculo previo a que el abogado se convirtiera en magistrado. Incluso, se conocieron fotos del hoy presidente del máximo tribunal en el casamiento de la hija del asesor presidencial. El propio Rosenkrantz habló de ese vínculo en una nota con el diario PERFIL.
En las comunicaciones registradas por la DAJUDECO aparecen además 17 comunicaciones con el hoy juez Horacio Rosatti. De acuerdo a las fuentes, habrían tenido lugar en la primera parte del 2016. El ex ministro de Justicia en épocas de Néstor Kirchner llegó a la Corte Suprema el 29 de junio de 2016.
Vale recordar que se le atribuye a Rodríguez Simón haberle dado la idea a Macri de que Rosenkrantz y Rosatti llegaran a la Corte Suprema en comisión en diciembre de 2015, una iniciativa que generó tantas críticas que finalmente no se concretó. Los postulantes pasaron las audiencias en el Senado y consiguieron allí el aval de la Cámara alta para convertirse en ministros de la Corte. Rosatti llegó primero, luego lo hizo Rosenkrantz. Justamente ayer se conoció que en el libro “Primer Tiempo” Macri aseguró que se arrepentía de haber nombrado a Rosatti en la Corte: ”Me arrepiento. Rosatti terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y modernización que impulsamos”.
La mayoría de los llamados (más de 700) que registró “Pepín” son con su esposa. Después figuran teléfonos asignados al Gobierno de la Ciudad, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Secretaria de Energía, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, el estudio Tonelli o el Procurador del Tesoro Carlos Balbín. Además se registran comunicaciones con estudios de abogados y empresas, entre otros.
Lo cierto es que para los investigadores el registro de esos llamados permitiría elaborar la plataforma de la hipótesis acusatoria: cómo la mesa judicial habría actuado en la AFIP y en los medios al mismo tiempo en un operativo de pinzas sobre el grupo Indalo.
La intervención de las comunicaciones telefónicas en esta causa desató una polémica. El planteo inicial sobre esas comunicaciones no abarcaba solo a Pepín Rodriguez Simon, sino también a Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. El informe inicial pedía saber desde dónde se activaron esos teléfonos.
La jueza Servini había dispuesto el análisis de los teléfonos durante tres años y medio. La Cámara Federal validó los cruces pero limitó ese período. “No se estaba en presencia de una banda de narcotraficantes, que debía reconstruirse lo que hicieron durante tres años, sino ante personas que iban desde el ex Presidente de la Nación hasta asesores del más alto prestigio”, afirman las defensas. “Buscar sobre las llamadas realizadas durante tres años y ocho meses por parte de personas que en su gran mayoría llevan adelante las riendas de la República era un desatino, máxime que no tenía vinculación alguna con el evento denunciado”, dijeron.
Hay pendiente en la Cámara Federal de Casación Penal las apelaciones de las defensas cuestionando esa decisión. La querella de De Sousa, a cargo de Carlos Beraldi, presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez Eduardo Riggi. Falta conocer el resultado de más comunicaciones que podrían sumarse a esta investigación, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.
La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba preso. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. En esa causa declaró como testigo Cristóbal López que el día de las elecciones generales de 2015 fue a una reunión con Macri en donde el hoy presidente le preguntó “qué vínculo tenía con Cristina Kirchner” y, según declaró, “me hizo saber que había que meterla presa”. También relató en detalle cómo fueron, según su versión, los mensajes para cambiar la línea editorial del canal C5N, las advertencias de que iría preso y las negociaciones para intentar vender el canal.
Según el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, en base a la denuncia de De Sousa, se investigan “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.
Esas acciones, se añadió en la denuncia, tuvieron como fin que “los medios de comunicación que integran el Grupo Indalo adquirieran una línea editorial afín al gobierno encabezado por Mauricio Macri, limitando de ese modo la libertad de prensa, como así también generar el derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.
“De tal manera, a partir del año 2015 las autoridades del Grupo Indalo habrían comenzado a recibir advertencias con exigencia para que los medios de comunicación del grupo fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el Ingeniero Mauricio Macri, pues en caso contrario el conglomerado económico iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias. En tal contexto se habrían mantenido reuniones con Macri sobre la línea editorial del canal de noticias C5N, con anterioridad y posterioridad a la asunción de aquel como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, con requerimientos de acompañamiento de la totalidad de las medidas del gobierno y restricción de la opinión de los periodistas que eran adversos y para que no se diera cobertura a cuestiones negativas para el presidente y sus funcionarios, como también relativas a Fabián Rodríguez Simón”, precisó.
La jueza repasó así cómo “ante la negativa de poner a disposición los medios del Grupo Indalo en consonancia con la línea editorial pretendida por el gobierno, se habría iniciado una campaña en el ámbito judicial, administrativo y en medios de comunicación, con el objeto de perjudicar a las empresas del grupo empresario”. Y mencionó las acusaciones de la AFIP sobre Oil Combustibles, caso por el cual hoy De Sousa, Cristóbal Lopez y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray enfrentan un juicio oral.
Dijo Servini: “Las presiones denunciadas se habrían sucedido en el tiempo, y recayeron también sobre distintas personas, algunas socias de Cristóbal López en las empresas de juego de azar, quienes fueron permanentemente cuestionados por funcionarios del gobierno acerca de la línea editorial de los medios periodísticos de Indalo”. Y añadió: “Debo recalcar que entre esas presiones se encuentran los seguimientos que habría sufrido la familia del querellante, que se habrían extendido hasta agosto de 2019″, algo que también está siendo investigado en la causa del espionaje en Lomas de Zamora.
“En base a lo desarrollado quedan suficientemente demostrados la gravedad de los sucesos que se investigan en este expediente, en el cual están bajo pesquisa diferentes actos de distintos funcionarios de alto rango del gobierno encabezado por Mauricio Macri, incluido el mismo ex Presidente, que se sucedieron desde antes de su elección formal como presidente – el día de las elecciones generales del mes de octubre de 2015 – hasta finales de agosto de 2019, destinados a afectar personal y patrimonialmente a un grupo económico; por ello el período de tiempo sobre el cual se requirieron los informes respectivos”, añadió Servini.
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