La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), anunciaron que extenderán las medidas cautelares sobre el cementerio de La Dolorosa, del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, para establecer la identidad más de 100 de los restos encontrados y que podrían ser víctimas de desaparición forzosa.
“En este cementerio se tiene información que indica que podrían encontrarse personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Estaremos durante dos semanas analizando cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas que serán seleccionados y llevados a Medicina Legal”, explicó al respecto la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes.
Dichas medidas cautelares se establecieron desde el pasado 17 de febrero, fecha en la que se confirmó que los 416 cuerpos encontrados en bolsas y baldes en dicho camposanto, son piezas clave en el desarrollo de las investigaciones para aclarar lo sucedido durante el conflicto armado colombiano. En ese sentido, ya se sabe que 104 tienen altas posibilidades de corresponder a personas desaparecidas en el mismo.
Según relató la unidad, los cuerpos fueron encontrados en Puerto Berrío, pues se trata de un municipio ribereño, que fue testigo del paso de cuerpos que eran arrojados por grupos armados al río Magdalena. “Muchos de estos cuerpos en condición de no identificados fueron recogidos por los sepultureros y la comunidad, e inhumados en el cementerio La Dolorosa como N.N.”, señalaron.
“Que sea esta la oportunidad para poder regresar los cuerpos a sus familias y así acabar con la angustia e incertidumbre que han sufrido durante años de no saber dónde están ni qué pasó con ellos. Seguramente saber que hubo una persona extraña que adoptó el cuerpo de su ser querido y lo cuidó como si fuera suyo para que hoy pudiéramos recuperarlo, podrá brindarle a esta familia un gran alivio a ese dolor tan grande que le ha dejado la desaparición. Esta es la construcción de paz que necesita el país”, aseguró Monzón.
Ese trabajo técnico forense es adelantado por equipo GATEF de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, UIA, en cumplimiento de órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que fue la que estableció las medidas cautelares mediante el auto AI 023 del 15 de octubre de 2020.
El mismo aprobó algunas acciones como el “abordaje urgente de unas celdas de custodia que son unos lugares a los cuales fueron arrojados un número indeterminado de cuerpos no identificados, de probables víctimas del conflicto, sin orden judicial y en un total desorden, lo que implicó considerar el sitio de un riesgo extremo. Se pensaba que podrían estar en el lugar a partir de lo informado por la Parroquia del lugar 42 CNI, pero al realizar las acciones de traslado de estos cuerpos de manera técnica, se encontraron 416 contenedores, de los cuales al menos 104 podrían ser de interés del sistema integral”.
En la actualidad, los encargados de la investigación se encuentran coordinando las acciones de recuperación a la par que adelantan los análisis técnico-científicos de cada contenedor, para determinar cuáles serán enviados a Medicina legal, con el fin de obtener la identidad y poder a futuro realizar la entrega digna de las víctimas a sus familiares.
Se espera que en los próximos días se imponga una medida cautelar en relación con el lugar al cual fueron traslados los 416 contenedores y prorrogará las medidas cautelares en el cementerio de La Dolorosa.
De igual forma, este jueves 18 de marzo, se realizó la suscripción de un Pacto Municipal por la Búsqueda en el municipio de Puerto Berrío. “Con la firma de este pacto queremos que las entidades municipales, así como las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general se sumen a un propósito común que es encontrar a los desaparecidos”, dijo la directora de la UBPD.
Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, Puerto Berrío es uno de los municipios con el mayor número de personas dadas por desaparecidas en el departamento de Antioquia. Se tiene un registro de 852 casos de desaparición forzada; 48 casos de reclutamiento y utilización de menores de edad; y 54 casos de secuestro, lo que arroja el total de 954 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas entre 1958 y 2016. De estos casos, el 62 % ocurrieron entre 1996 y 2005.
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