Por Will Fitzgibbon *
En mayo de 2016, semanas después de que cientos de periodistas publicaran las revelaciones de Panama Papers que expusieron de manera masiva los movimientos de dinero y negocios financieros ocultos de políticos, empresarios, figuras deportivas, estafadores y celebridades, un grupo de líderes mundiales -algunos avergonzados, otros indignados y otros que vieron una oportunidad mediática- se reunieron en Londres para denunciar el volumen del flujo mundial de dinero sucio.
El entonces primer ministro británico, David Cameron; el presidente nigeriano Muhammadu Buhari; y el viceministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, entre otros, firmaron la Declaración Global contra la Corrupción, un acuerdo para tomar medidas enérgicas contra las empresas pantalla, frenar a los abogados y contadores que ayudan a los funcionarios corruptos, y aumentar la transparencia para desalentar la evasión fiscal.
Cinco años después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido como ICIJ por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios publicaran la investigación de Panama Papers, la lucha contra el secreto financiero y las argucias en el extranjero continúa, con una combinación de victorias y fracasos, y más batallas por venir.
El ex premier británico Cameron se retiró de la política, pero solo después de resistir los pedidos de su renuncia y superar lo que The Guardian llamó “la peor semana de su vida profesional”. Fue luego de que las revelaciones de Panama Papers lo obligaron a admitir que se benefició de un fideicomiso en el extranjero creado por su padre. La Nigeria de Buhari todavía pierde miles de millones de dólares al año a causa de la corrupción y la evasión fiscal. El año pasado, los Emiratos Árabes Unidos recibieron una calificación muy crítica de expertos mundiales que consideraron al país un destino atractivo para los delincuentes.
Si bien los Panama Papers han enviado a criminales a la cárcel y han hecho que otros posibles delincuentes piensen dos veces dónde esconder las ganancias mal habidas, una maraña de leyes plagadas de lagunas legales, paraísos fiscales destinados a maximimizar las ganancias y hábiles intermediarios todavía permiten que prosperen los delitos financieros.
“En la medida que se tome en cuenta la gravedad del problema, estamos en el camino correcto”, dice Attiya Waris, profesora de derecho y política fiscal en la Universidad de Nairobi, Kenia. “El problema durante tanto tiempo fue que todo esto sucedía en espacios muy opacos, y la gente ni siquiera era consciente de ello”.
Pero, según advierte Waris, el sistema financiero mundial sigue desequilibrado. “Ha habido mejoras en la transparencia, pero en gran medida han beneficiado a los países más ricos”, señala.
El sistema offshore es tan grande y está tan arraigado, que desmantelarlo, o incluso reformarlo, no es algo que se pueda hacer en unos pocos años. “Hay que seguir presionando”, sostiene Lakshmi Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity. ”La formulación de políticas no es un proceso de la noche a la mañana”.
Antes de los Panama Papers – advierte – el debate sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el movimiento de dinero sucio tenía lugar entre funcionarios gubernamentales, banqueros y otros facilitadores corporativos del sistema extraterritorial. “Los grupos de la sociedad civil éramos actores marginales. Ni siquiera estábamos en la habitación”. Pero la investigación de ICIJ les dio nuevo ímpetu a los activistas anticorrupción y le proporcionó ejemplos del mundo real, utilizados para defender los estándares globales y las leyes nacionales más estrictas, opina Kumar.
A largo plazo, -analiza este experto- los escándalos financieros continuos no son una señal de fracaso en la lucha, sino que muestran el camino hacia una reforma real. “Nos dicen qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en términos de políticas y cómo se aplican”.
Investigaciones abiertas
A media década de las revelaciones de la investigación global de ICIJ, las autoridades continúan investigando e impulsando reformas. Según una búsqueda en la base de datos de noticias de Nexis, solo en el mes de marzo:
• En Malta, las autoridades acusaron a Keith Schembri, jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, de lavado de dinero y fraude como resultado de una investigación iniciada en parte por Panama Papers. Y un tribunal escuchó más testimonios sobre el asesinato con coche bomba de Daphne Caruana Galizia, una periodista maltesa que utilizó documentos de la investigación en sus exposiciones de funcionarios gubernamentales de alto rango.
• En Perú, el candidato presidencial Rafael López Aliaga fracasó en su intento de que un tribunal ordenara que se detuviera la investigación sobre su rol en un caso de lavado de dinero relacionado con Panama Papers.
• En Dinamarca, el ministro de Hacienda del país citó a invtigación para justificar la contratación de cientos de nuevos empleados a fin de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
• En los Estados Unidos, los fiscales hicieron pública la tercera declaración de culpabilidad en un caso de fraude fiscal que salió a la luz a través de los Panama Papers, y los legisladores citaron esta investigación periodística para respaldar el impulso para promulgar dos leyes históricas ahora ante el Congreso.
Se trata de la Stop Tax Haven Abuse Act, que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer restricciones a jurisdicciones extranjeras o instituciones financieras para contrarrestar el lavado de dinero y los esfuerzos para impedir la aplicación de impuestos en los EEUU, y For the People Act, un proyecto de ley para ampliar los derechos de voto, cambiar las leyes de financiamiento de campañas para reducir la influencia del dinero en la política, limitar la manipulación partidista y crear nuevas reglas éticas para los funcionarios federales, que es conocida como “la reforma democrática más audaz desde el Watergate”.
En busca de la transparencia
A pesar de la creciente cantidad de normas que prohibieron que los duelos de las empresas puedan mantener el anonimato, múltiples análisis muestran que ningún país logra el nivel de transparencia necesario para detener el crimen financiero en seco.
Transparencia Internacional (TI), una organización sin fines de lucro con sede en Berlín, descubrió que, si bien muchos países prometieron implementar registros públicos de propiedad de las empresas, la acción concreta “generalmente se ha retrasado”.
De los pocos registros públicos de beneficiarios finales que existen, la mayoría se limita a Europa. En África, informó Tax Justice Network, solo tres países tienen un registro digno de elogio. Otros países crean lagunas legales para los fideicomisos o no requieren que la información se haga pública, según descubrió esa organización.
En los años transcurridos desde la publicación de Panama Papers, las investigaciones del ICIJ han revelado limitaciones similares. La investigación de FinCEN Files publicada el año pasado, una asociación de ICIJ con BuzzFeed News y más de 100 otros socios de medios (entre ellos, Infobae), reveló cómo cientos de empresas creadas en el Reino Unido ayudaron a ocultar miles de millones de dólares en pagos sospechosos.
A pesar de una ley que exige que la mayoría de las empresas del Reino Unido revelen el nombre de los dueños que controlan más del 25% de sus acciones, algunas empresas no proporcionan la información o declaran que sus propietarios son empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales lejanos como las islas Seychelles.
Kumar sostiene que aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar que las divulgaciones de propiedad corporativa en el Reino Unido y en otros lugares sean precisas y útiles. Pero mientras el mundo intenta terminar con el secreto que encubrió el sistema durante décadas, considera que “incluso la mala información es mejor que la falta de información. Porque la mala información te da la oportunidad de hacer preguntas y responsabilizar a alguien”.
El lobby a favor de la evasion fiscal
A raíz de Panama Papers, los paraísos fiscales clave vieron colapsar su modelo de negocio. A fines de 2016, meses después de la investigación de las revelaciones de ICIJ, las Islas Vírgenes Británicas (BVI) reportaron una caída del 30% en el número de nuevas empresas creadas en comparación con el mismo período del año anterior.
Han surgido otras naciones, grandes y pequeñas, para llenar el vacío. Estados Unidos, con estados opacos como Delaware y Dakota del Sur, busca atraer agresivamente el dinero extranjero. Estados Unidos se niega a unirse al llamado Estándar Común de Reporte (conocido como CRS por su nombre en inglés, Common Reporting Standard), un acuerdo global creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014 por el cual más de 100 países y territorios se proporcionan automáticamente entre sí información financiera relacionada con los ciudadanos de otro país no residentes.
“Creo que el movimiento de las economías occidentales y avanzadas a favor de la transparencia financiera hará que sea más difícil (aunque no imposible) mover el dinero, incluso a otras jurisdicciones”, asevera Gary Kalman, director de Transparencia Internacional en Estados Unidos.
“Dicho esto, todavía hay muchas cosas que debemos hacer para cerrar las brechas en nuestras propias leyes”, agrega Kalman. Y señala las lagunas para los asesores de inversión, las criptomonedas y el mercado inmobiliario. “Mi sensación es que el ‘lobby de la evasión fiscal’ es más fuerte de lo que uno podría pensar”, advierte este directivo de TI.
Los Emiratos Árabes Unidos , cuyo tamaño es 118 veces más pequeño que Estados Unidos, es otro paraíso fiscal. El año pasado, el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), los criticó por su pobre historial en la lucha contra los delitos financieros. La breve lista de enjuiciamientos en los Emiratos, a pesar de los riesgos conocidos, fue “particularmente preocupante”, dijo el GAFI. Desde entonces, el país ha anunciado medidas enérgicas contra un puñado de bancos y bufetes de abogados.
ICIJ sigue investigando
Desde Panama Papers, ICIJ y sus socios han trabajado juntos en seis investigaciones más sobre dinero sucio y secreto financiero: Paradise Papers, West Africa Leaks, Bribery Division, Mauritius Leaks, Luanda Leaks y FinCEN Files.
Luanda Leaks, que investigó en 2020 el ascenso de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos y la complicidad de sus asesores y abogados, reveló que una empresa de Dubai controlada por un amigo cercano recibió USD 38 millones, horas después de que Dos Santos fuera despedida de su trabajo como jefe de la empresa petrolera estatal.
Mientras algunos estafadores y políticos eligen nuevas jurisdicciones para sus empresas fantasma, otros están mirando productos y servicios para el lavado de dinero, más difíciles de detectar para los investigadores.
Las empresas fantasma de bajo costo aún permiten que un dador de sobornos o un receptor de sobornos mueva rápidamente dinero en efectivo contaminado por todo el mundo. Pero esquemas más complicados han llamado la atención de las autoridades.
El año pasado, un informe filtrado del FBI destacó que casi USD 10 billones del sector privado de inversiones fue usado como una herramienta de lavado de dinero. Los delincuentes incorporan dinero sucio en las inversiones que ofrecen los fondos de cobertura y otros vehículos, según el informe.
Los lavadores de dinero también se están apropiando de la apariencia legítima del comercio internacional para mover dinero ilegal por todo el mundo, dicen los expertos.
Como parte de la investigación de FinCEN Files, ICIJ informó que los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos no procesaron al Kaloti Jewellery Group a pesar de que un grupo de trabajo liderado por Estados Unidos determinó que el comerciante y el refinador compraron oro a vendedores sospechosos de lavar dinero para narcotraficantes y otros criminales.
Tras reconocer que los esquemas cada vez más sofisticados no son una creación exclusiva de los delincuentes, los países y las organizaciones internacionales han centrado la atención en abogados, contadores, administradores de inversiones y otros asesores. En febrero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó su primer estudio sobre los llamados “facilitadores profesionales” de la actividad delictiva.
Estos facilitadores “socavan no solo el estado de derecho, sino su propia profesión”, dijo la OCDE, citando las investigaciones del ICIJ por llamar la atención del público sobre su papel, y pidiendo a los países que interrumpan las actividades de los facilitadores.
Tras la investigación de Luanda Leaks, el regulador de valores de Portugal recomendó enjuiciar penalmente a las empresas de auditoría que trabajaban para Dos Santos. El regulador descubrió auditores que no habían impedido el posible lavado de dinero y no señalaron transacciones sospechosas a las autoridades, cuando había “razones suficientes” para pensar que las transacciones “podrían estar relacionadas con fondos de actividades delictivas”. Más de un año después de esa investigación, no se han anunciado cargos.
* Miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Washington (EEUU) integrada por una red de 267 periodistas de todo el mundo de más de 100 países, cuyo objetivo es investigar historias globales que puedan un generar un cambio positivo en la sociedad.
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