Se aprobaron en lo general y lo particular, por 260 votos a favor, 165 en contra y dos abstenciones, la reforma secundaria al Poder Judicial, y a los artículos transitorios que permitirían el aumento de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El artículo decimotercero transitorio, fue impulsado en la reforma secundaria al Poder Judicial, con el objetivo de modificar los mandatos en la presidencia de la Corte y de los Consejeros de la Judicatura Federal.
Con esta modificación, Zaldívar, quien liderará la Corte entre 2019 y 2022, lo hará hasta 2024, es decir, hasta que culmine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Por otra parte, la reforma secundaria tiene como meta principal el combatir directamente la corrupción, el nepotismo y el acoso y abuso sexuales en el Poder Judicial.
El artículo que desató la polémica fue una reserva presentada por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, aliado de Morena. En éste, se argumentó “que la ampliación de los mandatos es “con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto”.
Por la tarde, la Cámara de Diputados mexicana aprobó este jueves en comisiones la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN, en un movimiento calificado como un “golpe de estado” al Poder Judicial y señalado como “inconstitucional” por expertos juristas.
La comisión de Justicia, con 17 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, aprobó el dictamen que completa las reformas secundarias al Poder Judicial.
En su turno, dio la espalda a la Cuarta Transformación y aseguró que la verdadera discusión gira en torno a la dignidad de las instituciones en México, así como de la honorabilidad del Congreso de la Unión.
En ese contexto, advirtió que se opondrá con todo su carácter político al transitorio, mismo que consideró como una “violación tan flagrante, innecesaria y reversible a la constitución”.
“Me opongo con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático, y no de una República autoritaria, a este insensato proyecto de violar la constitución política del país”, consideró.
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