Sinthya Campos Hernández, ex funcionaria de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, quedará presa. Aunque la acusada se amparó para obtener una nueva resolución, un juez de control la vinculó a proceso.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) la culpa de autorizar la suspensión del pago de cuotas de ciudadanos jubilados y pensionados por más de 266 millones de pesos.
Campos Hernández laboraba en la dependencia encargada de la administración interna de la Administración Pública de la capital del país.
Tras analizar los datos de prueba presentados por la FGJCDMX, una vez que un Tribunal Colegiado ordenó dictar una nueva resolución en el caso de la ex servidora pública, un juez de control determinó vincularla a proceso, “por su probable participación en un delito cometido por servidores públicos contenido en el Código Fiscal”, informó la Fiscalía en un comunicado.
El magistrado impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo, que se llevó a cabo en el Reclusorio Preventivo Norte. Synthia Campos Hernández enfrentará el proceso judicial en reclusión.
“De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, la mujer, junto con otras personas, probablemente autorizó, durante la pasada administración de la Ciudad de México, la suspensión del pago por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que posiblemente provocó un detrimento a la Hacienda Pública”, reveló la dependencia.
No obstante, especificó que a Campos Hernández “se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Una intrincada red en la Secretaría de Finanzas de CDMX habría desviado 1,000 millones de pesos del erario
A principios de este año, el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la cual se revela una red que presuntamente operó como estrategia para lavado de dinero durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.
El esquema funcionó a partir de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que a finales del 2017 e inicios del 2018, otorgó contratos a 4 empresas para que desempeñaran funciones que la Sefin antes hacía por su cuenta.
Estas cuatro empresas, según narran Íñigo Arredondo y Valeria Durán, periodistas de llevar a cabo la investigación, se encargaron a partir de su subcontratación de realizar la solicitud de devoluciones sobre el pago de impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la CDMX. El primero de los contratos que delegó dichas funciones a estas 4 empresas, se firmó mientras Miguel Ángel Mancera todavía era Jefe de Gobierno de la capital mexicana.
Estas cuatro empresas estaban relacionadas a su vez con contras ocho. En conjunto, las 12 hicieron movimientos de más de 1,500 millones de pesos mexicanos entre ellas. Incluso registraron transferencias en dólares y depósitos en cuentas bancarias, una de ellas en Ginebra, Suiza, conocido paraíso fiscal.
A través de su investigación, el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se hicieron de documentos federales donde la Unidad de Inteligencia Financiera explica que el comportamiento descrito es propio de “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos”.
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