Con el fin de evaluar los avances en las medidas de protección sobre excombatientes de las Farc y el plan de desmantelamiento de grupos armados ilegales, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, tendrá que rendir declaración ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Además, el alto funcionario responderá por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías —entidad a cargo del diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales—la cual, de acuerdo con distintas organizaciones sociales, ha sido “debilitada” en sus lineamientos por el gobierno.
De hecho, el óptimo funcionamiento de la Comisión es esencial para la garantía al derecho a la vida por parte del estado colombiano a los excombatientes, así como para los líderes sociales, que suscribieron el Acuerdo de Paz en 2016.
El funcionario tendrá que allegar y responder un cuestionario de seis preguntas sobre los alcances de la Comisión Nacional de Garantías en el marco de la defensa de derechos a estos dos grupos involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz.
En la decisión emitida por el alto tribunal se lee como justificación de la comparecencia de Restrepo:
El incremento de la violencia territorial y de la pérdida de vidas, a manos de las estructuras del crimen organizado, evidencian la necesidad y urgencia de mayores esfuerzos interinstitucionales alrededor de una política pública que contribuya a la desarticulación tanto de esas estructuras como de sus redes de apoyo
Cita el alto tribunal que la decisión de convocar al alto funcionario cuenta como antecedente el reciente fallo de la Corte Constitucional en el que declaró el estado de cosas inconstitucional en referencia al sistemático asesinato de excombatientes de las Farc que ordenó a la Sección de Ausencia rendir informes periódicos sobre los avances en ese punto.
En otras noticias de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sección de Apelación fijó un plazo de 30 días calendario para que los víctimas del conflicto, excombatientes de las Farc y el gobierno, se integren a la apertura de nuevos macrocasos ocurridos antes de la firma del Acuerdo de Paz.
“La Sección de Apelación recordó que debido a la forma de trabajo de las salas de justicia y de la jurisdicción misma, no se pueden abrir macrocasos para estudiar hechos particulares, sino que estos deben estar asociados a prácticas y delitos cometidos en el marco del conflicto armado con una afectación general a la población colombiana durante un periodo específico de tiempo”, informó el alto tribunal.
Además, reconoció que dicha priorización no está sujeta a términos concretos e indicó que la Sala de Reconocimiento tiene las facultades para definir el plan de trabajo; sin embargo, señaló que las decisiones de la JEP están sujetas a un plazo razonable, razón por la cual se dará la priorización en un término de 30 días, a partir de la última audiencia de las víctimas para decidir y anunciar los nuevos casos priorizados.
“La JEP realizará seis audiencias para recibir sus observaciones sobre los tres nuevos casos “sombrilla” que abrirá frente a los crímenes cometidos por las FARC, integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado y paramilitares, y los sufridos por los pueblos étnicos. Esas audiencias se realizarán entre el 21 de febrero y el 9 de marzo en seis ciudades del país”, concluyó el alto tribunal en información enviada a medios el pasao 10 de febrero.
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